Presentación

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presenta su Informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses ocurridas en el contexto de  las elecciones municipales celebradas el 5 de noviembre de 2017.  

El Cenidh monitoreó el proceso electoral y constató las graves irregularidades y la violencia previa, durante y después del día de la “votación”. Se realizó un monitoreo in situ en Managua, Matagalpa, Chontales y Estelí, estas últimas a través de las filiales del Cenidh en dichos departamentos con el apoyo de la red de promotores y promotoras “Padre César Jerez” y enlaces en los territorios en más de sesenta municipios del país. El informe incluye denuncias interpuestas en nuestras oficinas, visitas a los territorios y denuncias recibidas vía WhatsApp, llamadas telefónicas y por medio de Facebook[1]. 

El monitoreo incluye la visita en diferentes momentos de la jornada electoral, del colectivo  y promotores del Cenidh a Centros de Votación  con 600 Juntas Receptoras de Voto (JRV), a fin de verificar la afluencia de votantes, recibir denuncias y monitorear las principales incidencias. El monitoreo fue complementado con los reportes de los medios de comunicación independientes del gobierno y los oficialistas, entre ellos,  diarios impresos,  radios, canales de televisión, ciber medios y redes sociales.  

Este Informe incluye las denuncias recibidas en la sede y filiales del Cenidh después del 5 de noviembre, destacando hechos de violencia sin precedentes en otras elecciones.

1.    Contexto

El deterioro del sistema electoral, con graves implicaciones para la democracia y en consecuencia para la vigencia de los derechos civiles y políticos, no es un proceso reciente, sino que inició en la década de los noventa con las reformas a la Ley Electoral en 1995, las cuales sentaron las bases de un sistema electoral basado en estructuras partidistas: el Pacto Alemán-Ortega en el año 1999-2000;  la eliminación de la elección por la suscripción popular; y una nueva reforma a la Constitución Política  (2014) para garantizar la reelección de Daniel Ortega.

La falta de voluntad para implementar oportunamente los aspectos pendientes de la sentencia dictada desde el año 2005 en el caso Yátama vs. Nicaragua, la renuencia para reformar la Ley Electoral y garantizar el funcionamiento independiente del Consejo Supremo Electoral (CSE), la falta de atención a las reiteradas recomendaciones provenientes de la observación electoral nacional e internacional, el incumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas hechas al Estado durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2014[2] y la controvertida reforma constitucional que permitió la reelección indefinida en Nicaragua, son determinantes para valorar el “proceso electoral” que el gobierno de Daniel Ortega  ha impuesto a los y las nicaragüenses.

Estos antecedentes han conducido a elecciones cada vez menos auténticas[3], menos libres, menos competitivas, menos transparentes, más cuestionadas y por lo tanto, más proclives a generar entornos propicios para violaciones a los derechos humanos de los candidatos y candidatas y de los votantes que no lograron que su voluntad fuera respetada. Se expresa también en la pérdida de confianza  hacia el sistema electoral.

En un sistema democrático, las elecciones son competitivas, tienen gran importancia para el proceso político, la ciudadanía tiene la libertad de elegir y ser electa y la posibilidad real de cambiar el gobierno. Ninguna de estas condiciones reúne las recientes elecciones realizadas en Nicaragua.

Con la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, se acelera el desmantelamiento de  nuestra incipiente democracia, la demolición de la institucionalidad y la violación masiva de los derechos civiles y políticos, especialmente  el de participación ciudadana mediante el sufragio universal, igual, libre y secreto, así como el derecho a elegir y ser elegido. En los últimos diez años los procesos electorales no han perfeccionado el sistema democrático a través de la participación activa de la población y más bien constituyen una herramienta de un modelo de gobierno  basado en el control total de los poderes del Estado para la consolidación de una nueva dinastía.

En 2016, Daniel Ortega impuso como su fórmula a su esposa Rosario Murillo, prohibió la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales, eliminó la competencia al despojar del derecho a participar a la segunda fuerza política, lo que provocó un rechazo y una apatía  por parte de la población, no vista en otros procesos, con una abstención calculada en un 70 por ciento, siendo una reelección fallida carente ninguna de legitimidad.  

Estas votaciones generaron severos cuestionamientos de la comunidad internacional, así como presiones de diferentes gobiernos, que dieron lugar el 28 de febrero de 2017 a un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos (OEA),  el cual que establece el compromiso del de fortalecer la democracia y la observación electoral por parte de este organismo. Sin embargo, este acuerdo por un periodo de tres años, ha carecido de transparencia y es cuestionado por amplios sectores de la sociedad. 

Este memorándum de entendimiento dio cabida a que el gobierno, a través del CSE, en este año 2017 entregara personerías jurídicas a Ciudadanos por la Libertad (CxL) y al Partido de Restauración Democrática (PRD), a fin de brindar una imagen de pluralidad y legitimidad al proceso.

Apenas a 44 días de las elecciones municipales, se conoció que la OEA las observaría. Como jefe de la misión de observación electoral fue nombrado el Sr. Wilfredo Penco, quien avaló los fraudulentos comicios de 2008, 2011 y 2016, cuando formó parte del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA).

En agosto del presente año se conoció de la reforma con trámite de urgencia al artículo 196 de la Ley Electoral, en beneficio  de aquellos ciudadanos que fueron eliminados del padrón electoral por no votar en las dos elecciones anteriores, para que pudieran  hacerlo esta vez.    

A un mes de las votaciones se conoció la decisión del CSE de eliminar 1,513 Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional, equivalentes a 605 mil 200 votantes.  Además de generar dificultades en la población para ubicarse en su JRV (“ratón loco”), esta medida redujo el  universo de votantes y por ende aumentó el porcentaje de votos obtenidos, logrando con ello una aparente mayor participación. 

Otro hecho que evidenció la falta de transparencia, fue la inusual presentación en agosto de listas cerradas de las y los candidatos del FSLN, que incluía la reelección de varios de ellos cuestionados por su desempeño.  El criterio para su elaboración  fue la fidelidad a la pareja presidencial,  para naturalizar en el imaginario colectivo la reelección indefinida.

Esta falta total de democracia interna ha aniquilado la autonomía municipal. En este esquema son los secretarios políticos departamentales los encargados de la toma de decisiones. En esa lógica autoritaria, el  FSLN ha castigado a aquellos líderes  políticos que se han atrevido a denunciar estos abusos, a los cuales han destituido de sus cargos, lo que generó rechazo en las bases de este partido. 

Por otra parte, las Alcaldías donde no gobierna el Frente Sandinista han sido víctimas de reducciones en sus transferencias financieras en perjuicio de su población, tal y como lo han denunciado diferentes alcaldías como la de Santa María de Pantasma, en Jinotega, afectando  su gestión  e incidiendo negativamente en la opinión de la población sobre el trabajo que realizan. Contrario a esta situación a través de diferentes medios ha sido visible en las campañas el uso de los recursos públicos por parte de los candidatos a la reelección, a los cuales se ha visto inaugurando obras de progreso en nombre de la pareja presidencial y como parte de su programa de gobierno. 

El contexto adverso descrito y las acciones promovidas por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo,  fueron caldo de cultivo para hechos de violencia, sobre todo en aquellos territorios donde se disputó el poder local y no se dieron condiciones igualitarias para los partidos en contienda. Esta falta de garantías provocó  que en agosto de 2017 más de tres mil campesinos se movilizaran por la falta de cedulación en San José de Bocay, jurisdicción de Jinotega. 

El deterioro del sistema electoral ha conducido a una mayor polarización política y a situaciones que propician la violencia en los territorios. En este contexto, dos meses antes de las votaciones municipales, se registró en Ayapal, Jinotega, el homicidio de Zeneyda Patricia Salgado Matus, candidata a vicealcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ultimada de un balazo en el tórax cuando en una caravana regresaba a su casa tras una concentración política. Las autoridades policiales de la región indicaron que el presunto autor del crimen es un activista del partido CxL.

Esta violencia no se circunscribe solo al Pacifico, sino también en las regiones autónomas del Caribe Norte y sur (RAACN y RAACS) producto de las graves violaciones a la Ley de Autonomía y a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes,  que tiene su origen en la indolencia estatal ante la invasión de tierras comunales, incluso mediante la vía armada, con saldo de decenas de  miskitos y mayagnas asesinados. El artículo 11 de la Ley de Autonomía, sobre derechos y deberes, establece en sus numerales 4 y 7, su potestad para desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores y su derecho a elegir y ser elegidos autoridades propias de las regiones autónomas, derecho conculcado sistemáticamente.

Con el ingreso masivo de colonos o terceros, se ha generado un desbalance a favor del Frente Sandinista,  que ha despojado a Yátama de los gobiernos locales, lo que implica una grave violación a la autonomía de los pueblos de la Costa Caribe al inducir resultados electorales que dejan fuera de la administración pública a las diferentes comunidades indígenas y étnicas.

En su pronunciamiento del 24 de octubre de 2017, el Cenidh señala que los procesos electorales no cumplen su función de perfeccionar el sistema democrático con el debate y la participación activa de la población. Su carácter fraudulento los ha convertido en una herramienta para consolidar un modelo de gobierno basado en el control cada vez más férreo del aparato estatal y de la sociedad, es decir, en una dictadura institucional, anulando la Ley de Participación Ciudadana y socavado el régimen de autonomía municipal para lograr el sometimiento de los gobiernos locales. 

Categóricamente afirmamos que no existen condiciones que garanticen que la ciudadanía de todos los municipios elija libremente a sus alcaldes y concejales. Los hechos ocurridos antes, durante y posterior a los comicios de este 5 de noviembre, confirman lo advertido por el Cenidh pues en diversos municipios del país se irrespetó la voluntad popular mediante acciones del partido de gobierno, instancias electorales y de la Policía Nacional y el Ejército.

2.    Irregularidades del proceso electoral

2.1.       Región Norte

El 04 de noviembre, promotores-as de San Dionisio, San Ramón y Santa María de Pantasma, denunciaron la falta de acreditación de los miembros de JRV[4] y fiscales de cómputo. En este último municipio, Alcides Urrutia, concejal liberal, denunció que de las 85 juntas no se había acreditado a 20 miembros, incluyendo presidentes. Similar situación describieron promotores en San Ramón, Matagalpa.

La filial del Cenidh en Estelí, reportó que en La Trinidad, en la JRV ubicada en el Ministerio de  Educación (MINED), se dio un conflicto al momento de la acreditación de los suplentes del PLC.

Promotores de Mozonte informaron que en las JRV 01 y 04 ubicadas en el instituto de secundaria, las boletas llegaron incompletas; y que en el municipio, fiscales del PLC aparecían como suplentes del Frente Sandinista y no como propietarios de su partido.

Previo a las elecciones hubo actuaciones de instancias electorales con la clara intención de favorecer a una de las partes. En el Centro Electoral Municipal (CEM) de San Fernando, Nueva Segovia, se entregaron cedulas el propio día de las votaciones,  lo cual fue realizado con un claro sesgo partidario.  

Según denuncia de promotores de San Ramón, Rancho Grande y Santa María de Pantasma,  a los fiscales se les entregó copias indescifrables, totalmente borrosas o sin posibilidades de ver los datos, Además, al momento de la votación en las mesas, a algunos votantes del FSLN no se les aplicaba la tinta indeleble (San Ramón, JRV 00108), lo que pudo facilitar el doble voto. Así mismo, los fiscales fueron colocados al lado de la mesa, y no detrás de los miembros, dificultando así la observación del proceso electoral[5]. Situación similar se registró en Mozonte, Nueva Segovia, en relación al uso de tinta de menor durabilidad.  

El Presidente del PLC en San Juan de Limay denunció ante el Cenidh que en este  municipio y en Achuapa,  votaron personas de otras localidades. Jorge Alberto Castrillo, activista del partido CxL, reclamó por esto a los coordinadores de centro de votación en San Juan de Limay, por lo que fue detenido por oficiales de la Policía y trasladado a Estelí. Promotores de San Nicolás denunciaron que personas con tarjeta amarilla procedentes de Estelí, Santa Rosa del Peñón y El Sauce, municipios de León votaron en dicho municipio.

El Cenidh también recibió la denuncia del concejal del PLC, María de los Ángeles Toruño Úbeda, quien expuso que en Condega fueron eliminadas las siguientes JRV: 0302-0504-03, en la Comunidad Santa Lucia; 0302-0526-02, Escuela Guayucalí;  0302-0006-02 y 0302-0002-04, Escuela Julio César Castillo; 0302-0006-02, Instituto Marista; 0302-0518-02, Piedras Largas Abajo; y 0302-0522-02, San Diego. . Los ciudadanos que querían ejercer su derecho a votar en estas JRV se vieron impedidos de hacerlo y fueron enviados a centros de votación alejados de su comunidad.

En el municipio de Santa María de Pantasma, en las comunidades: Parcelas, Jiquelite  1 y Jiquelite 2, 40 personas no se encontraban registradas en el padrón, por lo que se les impidió votar, igual situación fue reportada en Rancho Grande por Carlos Siles Otero, candidato por el PLC a la Alcaldía. Siles denunció que más de 3000 personas de su partido fueron impedidas de votar bajo el argumento que no se encontraban en el padrón electoral.

2.1.1.  Denuncia de fraude en la Alcaldía de Rancho Grande

Días después de la votación, Carlos Siles Otero, candidato a alcalde  por el PLC en Rancho Grande y Jaky José Blandón Guido, presidente municipal de ese partido, denunciaron ante el Cenidh acciones fraudulentas del partido FSLN dirigidas a anular JRV que garantizaban su victoria.  

Los resultados finales que dan como ganador al Frente Sandinista excluyen información de cinco JRV, las que, según los denunciantes, revertirían los resultados de las votaciones en este municipio del departamento de Matagalpa. Según las cifras publicadas por el CSE, María Isabel González y Juan Zeledón, fueron designados por segundo período sucesivo en los cargos de alcalde y vicealcalde, respectivamente, con 4,210 votos.

En cambio, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es ubicado como segunda fuerza con 3,961 votos. Según copias de las 54 actas presentadas por los denunciantes, su partido obtuvo 4,993 votos y el FSLN 4,552. Proporcionaron copias de las actas para su resguardo en el Cenidh. Siles denunció severas irregularidades y vicios que impidieron que simpatizantes ejercieran su derecho a votar mediante su exclusión del padrón electoral, acciones de intimidación de la policía de ese municipio a  fiscales y sustracción de material electoral del centro de cómputos.

El candidato expresó a un equipo del Cenidh: “En ninguna elección se habían visto tantas irregularidades como en estos comicios. Haremos uso de los recursos que nos da la ley, pero la población se encuentra indignada, pues no se le respetó su  voto”. 

2.2.       Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur

El Cenidh monitoreó medios de comunicación y recibió información de parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan)  y de líderes indígenas de Yátama , en el sentido que la población quería ejercer su derecho al voto, pero una buena parte de ella no estaba en el padrón electoral, y fue remitida a centros de votación lejos de sus domicilios. Algunos pobladores aparecían en Corn Island, Bluefields, Boaco y otros lugares que no corresponden a su circunscripción.

Esta situación provocó una aglomeración de personas que exigían su derecho a votar conforme el arto. 196 de la Ley Electoral; comportamiento distinto de otros municipios del país, en los que se observó un alto grado de abstencionismo.

Otra de las irregularidades denunciadas es que la tinta indeleble se removía con facilidad al ser limpiada con cloro; así como el hecho de que cientos de personas identificadas como colonos, fueron llevadas en camiones para que votaran a pesar que no les correspondía hacerlo  en  dichos municipios.

Según información brindada por Elizabeth Henríquez, presidenta de Yatama, hubo  presencia de decenas de policías y militares votando en varias JRV en Bilwi, lo que fue puesto en conocimiento de miembros de la misión observadora de la OEA.  

Denuncias similares fueron recibidas desde algunos municipios del Caribe Sur, donde también amplios sectores de la población denunciaron irregularidades y rechazaron los resultados electorales.

Según denuncia de Henríquez ante el Cenidh, el  6 de noviembre este partido indígena fue despojado de la Alcaldía de Bilwi y otras que históricamente ha ganado, con el objetivo político de desaparecerlo del mapa político de la región. Esta acción  no sólo atenta contra Yátama  sino que está dirigida contra los indígenas de la región, lo que provocó la protesta, la cual fue reprimida por la Policía y simpatizantes del FSLN.  

Según los resultados divulgados por el CSE, el FSLN  ganó en la Región Autónoma del Caribe Norte en 7 de los 8 municipios. El partido de gobierno “recuperó” las alcaldías bajo control de Yátama  en los municipios de Bilwi y Waspam y retuvo los tres del Triángulo Minero, y ganó por primera vez en Prinzapolka, históricamente gobernado por Yátama, así como en  Waslala. 

2.2.1.  Denuncia de fraude  en El Rama (RAACS)

Róger Araica Canales, candidato a alcalde del PLC  en El Rama y otros miembros de su partido, este 9 de noviembre en el  Cenidh  denunciaron al CSE, a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, por facilitar y realizar acciones dirigidas a desvirtuar la voluntad popular en las elecciones desarrolladas en ese municipio.

El candidato a Alcalde denunció la falta de acreditación de sus fiscales, el uso del “ratón loco” contra de la población liberal y refirió que en el padrón electoral solo entre 25 y 50 personas de su partido estaban activas, el resto eran enviadas a votar a JRV de comunidades lejanas y a otros municipios. Denunció el voto múltiple de militantes del FSLN de otras localidades, mediante  una tarjeta color amarillo. Asimismo, cuestionó al CEM por trasladar los materiales electorales de las JRV a la ciudad de Juigalpa, sin realizar el conteo final de votos. 

Denunciaron el secuestro de tres JRV (51001; 53101 y 531002) en las comunidades  de Bella Vista y Boca de Pila, por miembros de la Policía Nacional y tres militares. Al respecto, el fiscal Freddy José Aragón Orozco manifestó que en la comunidad Poza Redonda, a eso de las once de la noche, él y los demás miembros de JRV de su partido y las otras  organizaciones políticas participantes, fueron bajados del camión que transportaba el material electoral so pretexto que Inteligencia Militar del Ejército informó que en las cercanías se movilizaba un grupo armado contra el  que entrarían en combate, lo cual fue un engaño. Aragón denunció además la perdida de objetos personales de los miembros de las mesas, pues  no se les permitió bajar sus pertenencias del vehículo.

2.3.       Pacífico  y centro del país

En Managua, el equipo visitó sin impedimentos 179 JRV,  excepto en dos centros de votación. En estas visitas se constató un alto nivel de abstencionismo, lo que evidencia la falta de credibilidad en el proceso electoral y rechazo a los partidos políticos.

Asimismo, se observó que el padrón electoral mostraba a los votantes activos en hojas blancas y a los inactivos --que no habían votado en más de dos elecciones-- en hojas verdes y estos últimos representaban entre el 30 y 40% con relación a los primeros.

En León, promotores informaron sobre la poca afluencia de la población a los centros de votación y que los fiscales y policías electorales pertenecían todos a la Juventud Sandinista, incluso los que representaban a los partidos supuestamente de oposición.

2.3.1. Denuncia de fraude en Alcaldía de San Pedro de Lóvago

El Cenidh recibió denuncia del Sr. Melvin Báez, candidato del PLC en San Pedro de Lóvago, de que el CSE cambió los resultados que le favorecían, beneficiando a CxL, lo que generó tensión en el municipio. Denunció que el acta de la JRV  507-02,  fue alterada para favorecer con 200 votos a CxL, con lo cual pretenden despojarlo de su legítima victoria. Báez mostró la documentación original extendida por el CEM de San Pedro de Lóvago en la que consta que ganó con 2,751 votos por sobre 2,572 de su oponente más cercano.

El acta alterada fue publicada en el sitio Web del CSE. Al final de la conferencia de prensa, Báez entregó al Cenidh una copia del expediente elaborado para la documentación de su denuncia.

2.3.2    Denuncia de fraude  en Villa El Carmen

Rosa García, primera concejal por el PLC, y el fiscal municipal por este partido en Villa El Carmen, jurisdicción del departamento de Managua, denunciaron el 8 de noviembre ante el Cenidh que funcionarios del CSE se negaron a acreditar a sus fiscales para la mayoría de las JRV del municipio. También señaló que numerosas personas fueron desarraigadas de sus centros de votación y enviadas a sitios lejanos, tales como Bluefields, en el Caribe Sur, otras fueron enviadas a la comunidad de Santa Martha y otros lugares costeros alejados de Villa El Carmen, incluso a Managua.

Denunció Rosa García que el FSLN presionó a  sus miembros, empleados públicos y  beneficiarios de programas sociales, para que pusieran su nombre en el reverso de la boleta en la que votarían y le tomaran foto para que pudieran presentarla como evidencia de que efectivamente fueron a votar. También señaló que algunas personas y hasta policías votaron varias veces utilizando una tarjeta amarilla y no su cédula de identidad.

También denunció la militarización de la ciudad por anti-motines y tropas del Ejército, así como la intimidación a varios pobladores a quienes decían que tenían que hacer los que se les ordenara, de lo contrario serian detenidos.

García consideró que en Villa El Carmen sucedieron tantas anomalías que se puede afirmar que las votaciones fueron un desastre, por lo que gran parte de la población está indignada. Asimismo, denunció que su padre, trabajador del MINSA, fue despedido por acompañarla en su gestión política.

Por su parte, el fiscal municipal del PLC, Javier Somarriba, denunció que fue amenazado por el comisionado de la Policía Nacional, Douglas Monroy, por lo que responsabiliza  a la Policía y al FSLN por cualquier atentado contra su vida o su familia.

2.4    Otras denuncias de fraude electoral

A través de diferentes medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, el Cenidh ha tenido conocimiento de denuncias de fraude en al menos una docena de municipios del país, siendo Jalapa, en Nueva Segovia y San José de Bocay, en Jinotega los que presentan los más altos niveles de tensión. En ambas localidades, que se encuentran militarizados,  los candidatos del PLC y de CxL reclaman el triunfo electoral.

Otros municipios con reclamos por fraude son: Río Blanco, Matiguás, El Coral, San Miguelito, El Jícaro, Paiwas, La Concepción, Ciudad Darío y El Jicaral en León.

2.5    Policía Nacional como instrumento en la comisión de delitos electorales y de represión

Carlos Siles Otero, candidato a alcalde por el PLC  en Rancho Grande,  denunció que en horas de la noche del cinco de noviembre, varias JRV fueron sustraídas del centro de cómputos por miembros del FSLN, pese a que había resguardo policial.

El 6 de noviembre, el Cenidh recibió las denuncias de las presidentas de mesa, Joseling del Carmen Soza González, de la escuela de San Antonio y Yelba Azucena Guillén, de la escuela de San José, ambas de la comunidad Kuskawás, Rancho Grande. Relataron que luego del conteo de los votos, bajo la excusa de llevarlas al centro de cómputos,  el capitán Eddy Blanco, jefe policial del municipio, junto a otros dos agentes, las trasladó desde sus comunidades al casco urbano de la ciudad.

En el trayecto, Joseling del Carmen Soza González y Yelba Azucena Guillén, fueron presionadas para que entregaran las actas, pues de lo contrario, les dijeron, serían detenidas y trasladadas a Matagalpa y luego al Chipote. La patrulla policial desvió la ruta hacia el empalme El Comején, donde se presentó el presidente del CEM, Ismark Daniel González, amenazando y exigiendo las actas.

Al negarse a entregarlas, las dos mujeres fueron llevadas a la comunidad Colonia Agrícola, con dirección a Matagalpa, y el capitán Blanco ordenó a los policías que les quitaran por la fuerza las actas. Pobladores acudieron a su auxilio, entre ellos Jaure Isaac Mendoza Zeledón, primer miembro del CEM por el PLC, a quien las denunciantes entregaron las actas. No obstante, la Policía continuó con su abuso de poder dejando a las dos jóvenes en la carretera en horas de la madrugada.

En San  Miguelito, promotores denunciaron que en horas de la madrugada del 6 de noviembre, simpatizantes del partido de gobierno esperaron que saliera del municipio una observadora de la OEA, y cuando aún faltaba por entregar la documentación de unas diez JRV, tomaron los materiales que tenían en cómputo y “los secuestraron” con respaldo de las autoridades policiales. Esta  situación generó hechos de violencia y represión de la Policía Nacional.

2.6    Prevaleció la  abstención

El Cenidh movilizado el día de las votaciones, observó una alta abstención manifestada en la ausencia de filas en los centros de votación, incluso aquellos con antecedentes de altos niveles de participación. Al final de la jornada se observó sobre las mesas de votación una importante cantidad de boletas sin usar.

Los promotores y promotoras en 14 municipios de Matagalpa y Jinotega, coincidieron en que hubo una baja participación ciudadana, especialmente en las cabeceras departamentales. Sin embargo, se reportó una mayor afluencia a los centros de votación en Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, El Cua, Bocay; Wiwilí, Río Blanco, Matiguás y Rancho Grande.

Debido a la abstención generalizada, activistas del FSLN realizaron lo que se conoce como "pastoreo de votantes” usando vehículos del Estado para el traslado a los centros de votación. 

En El Rosario, Carazo, promotores informaron que miembros de la Juventud Sandinista, desde tempranas horas trasladaban personas a comunidades lejanas para que fueran a votar, en algunos casos insistían en que era una obligación hacerlo.

También en Estelí, La Sabana, San Lucas, Somoto, Totogalpa, Ocotal, Mozonte, Telpaneca, Palacagüina, Pueblo Nuevo y San Juan de Limay, la red de promotores y promotoras reportó una alta abstención, así como el uso de recursos del Estado especialmente del SILAIS y de las alcaldías, para la movilización de simpatizantes del FSLN.

En las JRV visitadas en Managua se observó escasa participación de votantes y por lo general en las mesas había solo dos fiscales (1 del FSLN y 1 del PLC o de CxL). En una JRV, al preguntarle al fiscal a qué partido representaba, tuvo que fijarse en su credencial para poder responder que pertenecía al PLC.

Cifras oficiales revelan la abstención más alta de los comicios municipales en las últimas dos décadas. En el año 2000 fue del 42.3%; en el 2004, 46.28%; en el 2008, 46.97%;  en el 2012, 46.67% y en la actual (2017), 48.26%. A esta abstención se agrega el rechazo al sistema electoral por parte de quienes  decidieron anular su voto (3.8%), para un total de 52.16%, lo que revela, como un hallazgo relevante, que la mayor parte de la ciudadanía estuvo al margen del proceso electoral.

2.7    Información brindada por el Consejo Supremo Electoral (CSE)

El primer informe del CSE a las 11:30 p.m. del 5 de noviembre, luego de haber escrutado el 33.62% de las JRV, perfilaba al partido FSLN como ganador de 148 municipalidades, destacando el “ambiente de paz” con el que habían transcurrido las elecciones. Según este  reporte la participación era de alrededor del 63%. 

Tres horas después el CSE brindó un segundo informe  con el 75.88% de las JRV escrutadas a nivel nacional, sin dar detalle municipio por municipio, en el que las municipalidades de El Jicaral, San Sebastián de Yalí, Muy Muy, Wiwilí San José de Bocay, El Almendro y La Trinidad, entre otras, las encabezaba el FSLN, a pesar de las denuncias de secuestro de maletas electorales, y de que los resultados no eran acordes con el escrutinio acta por acta, por lo que se suscitaron protestas y graves hechos de violencia.

El  7 de noviembre, a las 3 de la tarde, se presentó el tercero y último informe del CSE, del 98.76% de JRV, faltando sólo 120 JRV por escrutar pertenecientes a zonas alejadas del norte. Por el alto porcentaje de votos escrutados se podía inferir que los mismos eran  definitivos. Pese a ese razonamiento de lógica simple, en los días posteriores en  el sitio  Web del CSE, hubo reversiones importantes. Por ejemplo, al FSLN le asignó El Jicaral,  con 51.34%  y San José de Bocay, con 37.98 %  

San Pedro de Lóvago fue otorgado a CxL, que según el Consejo, ganó con 39.39%. Sin embargo, no se reflejan los resultados de todos los centros de votación, como El Carrizal y Abra Vieja. Al cierre del presente informe, José Antonio Hernández, candidato a alcalde de El Jicaral, León, denunció en el Cenidh que el CSE cambió fraudulentamente los resultados que le favorecían con más de 200 votos, publicando como ganador al FSLN.

Los resultados finales de las votaciones municipales fueron publicados el 10 de noviembre en La Gaceta, Diario Oficial, manteniendo al partido gobernante FSLN con 135 alcaldías, el PLC con once alcaldías; CxL con seis y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con la alcaldía de San Francisco de Cuapa, en Chontales.

Según los datos oficiales del CSE al FSLN le asignan una alcaldía más que en 2012, con el 67.9% del total de votos a nivel nacional. El resto del total de 153 alcaldías se asignaron al PLI (13), al PLC (2), al partido indígena YATAMA (3) y una a APRE. En estas votaciones del 2017, el PLC vuelve a ser la segunda fuerza política y se elimina al partido indígena YATAMA del mapa electoral.

A continuación se muestran datos oficiales del CSE de municipios donde hubo mayor competencia electoral y fuertes tensiones por los constantes cambios porcentuales.

Estos cambios han sido causa de tensiones en varios municipios del país en los que los votantes de partidos de la oposición aducen que estos responden a vicios del sistema electoral y acciones encaminadas a anular, alterar o desaparecer JRV como se recogen en el presente informe en diversos casos. En San Miguelito hubo graves hechos de violencia debido a la asignación  de esa alcaldía al FSLN.

2.8    Informe de la Misión de Observación de la OEA

Seis semanas antes de las votaciones se conoció que serían observadas por una misión de la OEA, cuyo secretario general,  Sr. Luis Almagro,  nombró como jefe al Sr.  Wilfredo Penco, conocido por avalar los fraudes de las elecciones anteriores caracterizadas por serias Irregularidades documentadas por la misma OEA y la Unión Europea en 2008 y 2011. En 2016 no fue permitida la observación.

El informe preliminar de las  elecciones municipales 2017 de la OEA  se caracteriza por el uso de una terminología técnico-jurídica excesiva. Minimiza la falta de transparencia y  corrupción del sistema electoral, así como los hechos de violencia graves ocurridos en el contexto electoral, denominados por Penco como “hechos aislados” a pesar de las cinco personas asesinadas en diferentes municipios del país.

La misión de la OEA concluye en su informe: “La votación transcurrió de manera tranquila, fluida, pacífica y sin mayores incidentes. Sin embargo, al finalizar esta etapa se produjeron una serie de incidentes de violencia aislados que resultaron en la muerte de cinco personas y varios heridos. La Misión lamenta estos hechos y solicita a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes y que castiguen a los responsables de los crímenes”.  

Según su informe, la misión de la OEA recibió 36 denuncias el día de las votaciones, las cuales serían trasladadas al CSE, lo que resta importancia a los señalamientos efectuados  por diferentes partidos políticos en al menos una docena de municipios donde apuntan que fueron despojados de las alcaldías.

Según el jefe de la misión de la OEA, los miembros de la misma estuvieron en 787 JRV en 393 centros de votación y visitaron los 15 departamentos y dos regiones autónomas del Caribe. En cuanto a la representación de los fiscales, manifestó que solo el FSLN tuvo fiscales en el 100% de las JRV, el PLC lo hizo en el 67% y CxL en el 58%. Señaló casos “aislados” de personas que votaron y no estaban en el padrón. De igual manera indicó irregularidades en la entrega de las actas, las cuales no eran legibles a partir de la tercera hoja. Sin embargo, el Sr. Penco expresó ante los medios de comunicación  que los problemas que se dieron no alteran la voluntad popular.

Este informe expone de forma diplomática una serie de consideraciones al sistema electoral, así como recomendaciones para avanzar en su perfeccionamiento, centrándose principalmente en la depuración del padrón. La misión de la OEA  sugiere una reforma electoral que brinde mayor consenso y seguridad a los partidos políticos y a la ciudadanía. No obstante, el informe  omite aspectos  básicos referidos al uso de recursos del Estado para favorecer al FSLN y minimiza la violación a los derechos fundamentales como lo es el derecho a la vida. 

La versión final del informe será presentada en Washington, obviando la práctica de darlo a conocer primeramente al CSE y partidos políticos en contienda.

3          Violencia  en el contexto del proceso  electoral

3.1   Región Norte

3.1.1 Detenciones arbitrarias previo a las votaciones

El Cenidh, a través de denuncias recibidas, presencia directa en los municipios  de San Dionisio, Matagalpa, el 1 de noviembre; y San Sebastián de Yalí, en Jinotega, el 7 de noviembre, conoció de hechos de violencia ocurridos en el contexto de este proceso electoral.

La presencia del Cenidh en el lugar de los hechos, permitió documentar la persecución policial a participantes en  el cierre de campaña del PLC así como la toma del CEM de San Dionisio, Matagalpa,[6] el 31 de octubre. Así como los hechos de violencia en San Sebastián de Yalí, Jinotega,  con saldo trágico de dos personas asesinadas.

En San Dionisio se recibieron al menos una decena de testimonios que daban cuenta de los allanamientos ilegales ocurridos contra líderes y simpatizantes del PLC, mediante los cuales la Policía Nacional detuvo a Elmer Daniel Pérez Ocampo, Ramón Eduardo Espinoza Castro, de 27 años; Winston Samir Rayo Méndez, de 22; Andrés Orozco Jirón, de 60; Richard Alberto Espinoza, de 25; Modesto Chavarría Sevilla, de 43; Juan Pastor Orellana Flores, de 58, y el hijo adolescente de este último, Bismark Antonio Orellana Sánchez, de 17 años.

Los testimonios coinciden en que los allanamientos se realizaron en horas de la madrugada, sin orden judicial, por fuerzas especiales de la Policía y de manera violenta, en perjuicio de los detenidos y sus familiares. Los denunciantes  denunciaron además, una alta presencia policial en el municipio y patrullas que recorrían las calles durante todo el día, especialmente frente a las casas de opositores al gobierno, siendo interpretado esto como intimidación.    

Los detenidos, en contravención a la  Constitución Política, fueron remitidos a Managua a las celdas de El Chipote al día siguiente de su detención y hasta el 7 de noviembre pasaron a la orden del Juez de Audiencia de Matagalpa, es decir, ocho días más tarde a su detención y sin previa comunicación a sus familiares. Fueron  acusados por los delitos de lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, obstrucción de funciones, daño agravado, amenazas y portación ilegal de armas.

La mayoría de los acusados son miembros del PLC, incluyendo el presidente de ese partido en San Dionisio, Francisco Leiva Orozco, el cual tiene una discapacidad visual total. Él proporcionó una lista de 30 personas que están siendo perseguidas por la Policía Nacional, la que los vincula a los hechos ocurridos el 31 de octubre. Desde que ocurrieron estas detenciones, el Cenidh ha brindado acompañamiento a sus familiares, realizando gestiones ante la Policía departamental y la Dirección Nacional de Auxilio Judicial.

3.1.2    Acciones intimidatorias  previas a las votaciones  

El 20 de octubre, el Cenidh filial Estelí recibió a Yasser Jonny Padilla Hernández, miembro del PLC en Palacagüina, quien denunció que previo a las votaciones fue amenazado con armas de fuego por dos simpatizantes  del FSLN, por lo que acudió a la Policía. La filial realizó gestiones para conocer el estado actual del caso denunciado. Un investigador del Área de Auxilio Judicial, quien se negó a dar su nombre, dijo que esta situación fue remitida a los juzgados.

Previo al proceso electoral, y durante el mismo, el Cenidh recibió   denuncias sobre intimidación contra líderes opositores perpetrada por la Policía Nacional y activistas del FSLN.  Una de ellas es la   expuesta por José Elías Castillo, del municipio de La Concordia, Jinotega, el cual explicó que el 4 de noviembre fue detenido por agentes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía, al mando del subcomisionado Bladimir Hurtado, jefe de la unidad policial de ese municipio, los cuales lo trasladaron ilegalmente a la unidad policial, donde fue conminado a abandonar la localidad, siendo posteriormente puesto en libertad.   

También en La Concordia, Jinotega, Mariano Herrera, ex combatiente de la Resistencia Nicaragüense, denunció que el 4 de noviembre, cuando venía de una capacitación del PLC, oficiales de la Policía lo interceptaron con la finalidad de intimidarlo, aduciendo que buscaban armas de fuego, además procedieron a ocuparle una motocicleta de su propiedad.   

Por otra parte, en San Rafael del Norte, Jinotega, se recibió denuncia de Josefa Rivera, promotora del Cenidh y candidata a Concejal por el PLC, quien  expuso que desde el 4 de noviembre activistas del FSLN “visitaron” las casas de jóvenes que actuarían como miembros de mesa del PLC, con el fin de intimidarlos. 

En Ciudad Darío, Matagalpa, el 4 de noviembre antimotines se presentaron en búsqueda de armas de fuego y artesanales a las casas de habitación de los ciudadanos Carlos y William, ambos de apellido Salguera. Ese día, la Policía detuvo a Donald Suárez, hijo del  candidato a la alcaldía por el PLC de Ciudad Darío, y lo señaló de almacenar armas, lo que no pudo comprobar, siendo liberado el mismo día de la detención.

El 2 de noviembre, en Matagalpa el Cenidh recibió a la señora Eufemia Gregoria Zamora, de 65 años, residente en la comunidad El Zapote, jurisdicción de San Dionisio, quien denunció a trabajadores de la Alcaldía de esta localidad quienes se presentaron en su casa amenazándola con quemarla por ser hermana de Rafaela Zamora Matuz, candidata a vicealcalde por el PLC. La policía no ha esclarecido los hechos.

3.1.3    Asesinato de miembros y simpatizantes del PLC y CxL en Wiwilí y San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega

El Cenidh, a través de su Red de Promotores-as y medios de comunicación, tuvo conocimiento del asesinato en horas de la noche del 5 de noviembre del fiscal del PLC en Wiwilí, Elías Pineda  Blandón,  privado de la vida producto de un disparo en la cabeza en el contexto de la celebración del triunfo de su partido.   

El 6 de noviembre, el Cenidh, a través de promotores en San Sebastián de Yalí,  departamento de Jinotega, conoció del asesinato con armas de fuego de Wilder Eliuth Moreno Rivera, de 26 años, y de Alejandro Aguilar, de 38 años. El primero es sobrino de Noel Moreno Talavera, candidato a alcalde por  CxL.

Un equipo del Cenidh visitó la comunidad Bijagual, de donde era originario Moreno, recibiendo  testimonios de familiares y personas que se encontraban con la víctima al momento de los hechos, quien recibió un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda, que le provocó la muerte.

Los familiares y otros entrevistados en el lugar de los hechos, coincidieron en afirmar que el ataque de simpatizantes del FSLN a los jóvenes que se encontraban celebrando la victoria de su candidato, inició a las 11 de la noche y que se mantuvo hasta la siete de la mañana del 6 de noviembre, momento en que se intensificó la agresión, resultando  los dos ciudadanos fallecidos y otras trece personas heridas  con piedras y palos.

Revelaron que en  ningún momento la Policía realizó esfuerzos para prevenir o resguardar a los ciudadanos que se encontraban celebrando en la casa del CxL, contiguo a la unidad policial. Contrariamente a su deber de proteger, los efectivos policiales expulsaron de sus instalaciones a ciudadanos que se encontraban pidiendo resguardo.

3.2    Región Autónoma del Caribe Norte y Región Autónoma del Caribe Sur

Según  reportes medios de comunicación, tras los conocerse resultados del CSE que otorgan una victoria a favor del FSLN en 7 municipios de la Región Autónoma del Caribe Norte(Bilwi, Waspán, Rosita, Prinzapolka, Bonanza, Siuna y Waslala), simpatizantes de Yátama salieron a las calles a protestar, desconociendo los resultados. Ellos gobernaban los municipios de Bilwi, Waspán, Prinzapolka, Desembocadura de Río Grande y Corn Island. Otra localidad, Mulukukú, fue asignada al PLC.

Elizabeth Henríquez denunció ante el Cenidh que el 6 de noviembre a las 2:30 de la tarde, los simpatizantes de Yátama salieron a protestar contra los resultados electorales oficiales, pero fueron reprimidos por la Policía,  la que rodeó a los manifestantes, les disparó y lanzó gases lacrimógenos.

Agregó que a las 6:30 de la tarde simpatizantes del FSLN reaccionaron destruyendo el monumento de la Resistencia Indígena del pueblo miskito, considerado ese hecho como un mensaje de odio a los pueblos originarios.

Agravando la situación, a las 8 de la noche la Policía lanzó gases lacrimógenos en contra de la Casa Verde de Yátama, donde se encontraban Brooklyn Rivera, Elizabeth Henríquez y líderes juveniles, quienes lograron salir con dificultad, pues en ese momento, simpatizantes del FSLN lanzaron fuego quemando las instalaciones con los documentos y las actas de los resultados electorales, que según Enríquez demostraba que ganaban en los municipios reclamados. Agregó que también les quemaron Radio Yapti Tasba, la más escuchada por los indígenas, que funcionaba en la Casa Verde.

Uno de los hechos más graves, es la muerte de Gary Steven, originario de Bilwi, quien se encontraba en las afueras de su casa cuando un disparo se alojó en su cabeza. Esto ocurrió en el momento en que la Policía reprimía a la población el 6 de noviembre. Según Henríquez, el joven fue llevado al Hospital Nuevo Amanecer, donde la atención médica fue demorada debido a que dicho hospital cerró sus portones, pese a la emergencia. Todos los heridos esperaban afuera que los atendieran, la que les fue brindada después, luego de fuertes presiones.

Por su gravedad, el joven Steven debió ser trasladado de urgencia a Managua, pero la empresa La Costeña lo hizo dos días después (miércoles 8 de noviembre), porque priorizó el transporte  de los contingentes de policías antimotines. Steven falleció en el Hospital Lenín Fonseca.

A la fecha hay más de 27 heridos, decenas de personas detenidas y cuantiosos daños materiales. No se conoce información oficial sobre personas detenidas en relación al  asesinato de Gary Steven.

La acción represiva con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos causó afectaciones a mujeres embarazadas que se encontraban albergadas en una  casa materna.

En el Caribe Sur, el 6 de noviembre en horas de la mañana, en Sandy Bay Sirpi, municipio de la desembocadura de Río Grande, resultó muerto por impacto de arma de fuego el señor Chando Smith Gadea, del partido Yátama, lo que provocó la reacción de pobladores que procedieron a quemar seis casas cuyos propietarios  son miembros del FSLN.

Asimismo, en Karawala, Pedro Galagarza, Riyinal Nati y Kent Dixon, resultaron heridos por armas de fuego disparadas supuestamente por miembros de la Fuerza Naval, cuando reclamaban por los resultados de las votaciones en el centro de cómputos..

El Cenidh también recibió información sobre hechos de violencia en Corn Island, donde fueron quemadas 15 casas. Actualmente hay tres personas detenidas y procesadas en Bluefields, entre ellas Hallida del Socorro Ríos Britton, en estado de embarazo, fiscal de ruta del partido Yátama y compañera de vida del candidato a Alcalde del partido indígena en ese municipio. También se encuentran detenidos Daniel Rivas, concejal regional de la RACS y Geovany Lau Zepeda.

Según las autoridades policiales: “Hubo saqueo, daños, incendios y obstrucción de funciones más alteraciones de orden público…”, y responsabilizó de estos hechos y otros realizados en 13 municipios de Nicaragua, a activistas del PLC, Yátama y CxL. La Policía también informó que en la desembocadura de Río Grande hubo hechos de violencia. En ninguno de los casos se relaciona a activistas del partido FSLN, lo que evidencia la falta de neutralidad y abuso de poder por parte de la Policía Nacional que, por el contrario, hizo uso de la fuerza y de las armas de fuego.

3.3    Pacífico y Centro del país

Se conoció públicamente de tensiones en Boaco, El Ayote, Camoapa y El Rama, relacionadas a los obstáculos para que los fiscales realizaran su labor en los centros de cómputos y por la asignación de los ganadores.

En La Concepción, Masaya, se registró una serie de incidentes originados cuando el CSE otorgó la victoria al FSLN, generando reacción entre los simpatizantes liberales que rechazaron los resultados. Según el informe de la Policía: “Ochenta y nueve simpatizantes del PLC provocaron graves alteraciones al orden público, agredieron a oficiales, lesionando al teniente Freddy Pavón.

Pobladores de La Concepción informaron al Cenidh la detención de 21 personas que no fueron presentadas ante las autoridades judiciales competentes. Las pusieron en libertad el 9 de noviembre. Familiares denunciaron que los detenidos fueron víctimas de malos tratos y amenazas para que no participaran en actividades opositoras al gobierno.

3.4    Actuación de la Policía  Nacional y el Ejército

Este proceso electoral se caracterizó por la alta presencia en los municipios de policías, antimotines y militares, especialmente en los municipios donde se disputo el poder local como: Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, San Dionisio, Rancho Grande, Ciudad Darío y Sébaco. También, se reportó una alta presencia policial y militar en los municipios de Totogalpa, Ciudad Antigua, El Jícaro, Jalapa y Wiwilí (de Nueva Segovia) y El Jicaral en  occidente se reportó la represión de fuerzas antimotines contra simpatizantes del PLC con saldo de varias personas lesionadas.  

Según reportes de la Red de Promotores-as del Cenidh y sus enlaces en los municipios, la actuación de las fuerzas policiales fue dual, ya que en algunos  lugares reprimió con exceso de uso de la fuerza  y en otros, donde hubo muertos, no cumplió con su deber de proteger la vida de las personas.

En San Sebastián de Yalí la Policía asumió un rol pasivo frente acciones como la destrucción y quema de la casa de campaña de  CxL, ubicada contiguo  a la unidad policial. Tampoco brindó protección a ciudadanos que huían de los ataques de simpatizantes del FSLN, entre ellos uno de los promotores del Cenidh en ese municipio, quien solicitó resguardo al momento de las agresiones que culminaron con  dos personas asesinadas.

El promotor del Cenidh manifestó que contradictoriamente a su función constitucional, la protección les fue negada por la Policía y más bien fue sacados de la unidad policial, junto a otras personas indefensas, quedando expuesto a las agresiones de decenas de simpatizantes del FSLN armados con fusiles  AK y escopetas.

La omisión criminal de la Policía hizo que el candidato ganador, Noel Moreno, solicitara a Antonio Leyva, jefe de la unidad  policial,  comunicarse con la  jefatura departamental para pedir apoyo. Sin embargo, este le manifestó que desconocía los números telefónicos, en una muestra de indolencia y de extrema irresponsabilidad frente a la gravedad de los hechos.  

La mayor expresión del doble estándar de la Policía es que hasta la fecha no existe persona alguna  capturada  frente a los hechos de extrema violencia en San Sebastián de Yalí, inacción que se repite en Wiwilí con el asesinato del fiscal del PLC y los asesinatos en el Caribe Norte y Sur. El comportamiento policial fue diametralmente diferente en San Dionisio, donde actuó con diligencia y hasta ilegalmente, capturando  a ciudadanos acusados por los hechos de violencia del 31 de octubre, la mayoría de ellas miembros de las estructuras del PLC. De manera similar la Policía actuó en  otros municipios del norte y caribe del país.  

El Cenidh también recibió al candidato a alcalde por el PLC en Rancho Grande, Matagalpa,  y a fiscales, los cuales denunciaron acciones de intimidación de la Policía de ese municipio a miembros de las JRV, así como protección de la policía a miembros del FSLN en el secuestro y desaparición de urnas electorales.

El Cenidh filial Estelí recibió a Jorge Ismael Grádiz, candidato por el CxL en Jalapa, quien denunció la detención de once personas el 5 de noviembre, debido a su protesta porque miembros del FSLN de una JRV en la comunidad “Los Limones”,  sustrajeron una maleta electoral. Esto se produjo  en medio de un apagón de más de cinco horas. Esta situación generó protestas y daños materiales a la Escuela Salomón de la Selva.

Los detenidos son: Juan Rodríguez, Claudio Arsenio Rodríguez, José Alejandro Beltrán, José Manuel Beltrán, Edwin Osorio Amador, Rolando Cruz Guillén, José Flores Rodríguez, Harris Rodríguez Cruz, Larry Vargas Mejía, Irma Esperanza Beltrán Rodríguez e Hilda Apolinaria Juárez Espinoza. Fueron trasladados a Ocotal donde el 9 de noviembre se les realizó audiencia en la que se les acusó de daño agravado y delito electoral y a José Dolores Flores Rodríguez se le imputan además lesiones leves. En esta audiencia no se permitió el ingreso del promotor del Cenidh.  Uno de los  imputados, según la acusación, es Róger Ismael Grádiz Sánchez, candidato a alcalde por CxL.

Asimismo, el 8 de noviembre, Carlos Siles, candidato a alcalde por el PLC en Rancho Grande,  denunció  en el Cenidh  la detención de ocho simpatizantes del PLC en ese municipio, los cuales fueron detenidos el 7 de noviembre en la noche, cuando se encontraban en una calle del casco urbano. No hubo orden judicial ni explicación de las detenciones.

Los prisioneros fueron conducidos a las celdas de la Policía, donde, según denunciaron, en horas de la madrugada antimotines lanzaron una bomba lacrimógena dentro de la celda, exponiendo la vida de estos. Esto lo  filtraron los propios detenidos a través de  una carta, escondida en una pana de comidaentregada a sus familiares. Esta denuncia constituye un hecho gravísimo que revela actos de tortura contra los reos.

Entre la noche del domingo 5 y el 8 de noviembre, más de veinte ciudadanos de San Juan de la Concepción (La Concha), fueron detenidos por fuerzas policiales que militarizaron el poblado. Los dirigentes locales de siete partidos políticos se han unido desde la noche del domingo, cuando sus fiscales fueron expulsados por protestar irregularidades en la entrega de actas en el Centro de Cómputos Municipal (CCM) que funcionó en la Escuela Guillermo Ampié.

Norman Quintero Velásquez, del equipo de apoyo de la candidata a alcalde por el PLC, Dra. Magdali Hernández Flores, reveló que los siete partidos que se unieron (PLC, CxL, PLI, PC, PRD, APRE y ALN) decidieron desconocer los resultados de los comicios en San Juan de la Concepción.

En Chontales promotores de El Tule documentaron  la represión de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, que lesionó a varios ciudadanos. Una promotora, en entrevista a medios de comunicación, informó[7]: “…unos 15 activistas y simpatizantes de CxL resultaron heridos, al menos tres de gravedad, en el centro de cómputos de San Miguelito, Río San Juan, la madrugada de este lunes por miembros de la Policía Nacional y del Ejército”. Los materiales electorales fueron secuestrados con el apoyo de la  Policía y el Ejército, en cuanto abandonó el lugar una observadora de la OEA.

Denunció que las fuerzas antimotines golpearon a la gente que permanecía en el centro de cómputos e hirieron a algunos en la cabeza con balas de goma, y luego entró el Ejército. La agresión continuó contra los activistas de CxL que permanecían en su casa de campaña en San Miguelito, donde estaba, golpeado, el candidato a alcalde José Sequeira Ramírez, quien no pudo salir porque “está militarizado totalmente San Miguelito”..

Los heridos mencionados son Fenner Lazo, fiscal de CxL con herida en el cráneo y una perforación en la espalda a causa de impactos recibidos por balas de goma disparadas por antimotines; José Alfredo Mairena Sequeira; Cruz Missael Mejía Mejía; Jeriley  Dayana Pineda; Emiliano Hernández; Raquel de Dios Bravo Carmona; y Héctor Manuel González González.

3.5    Posición oficial de la Policía Nacional

El subdirector de la Policía Nacional, comisionado mayor Francisco Díaz, en conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre, afirmó que el proceso electoral “transcurrió de forma pacífica, fluida y tranquila, sin embargo, después de que el Consejo Supremo Electoral, facultado por nuestra Constitución Política para la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, diese a conocer los resultados electorales, lamentablemente, en 13 municipios del país, se produjeron incidentes aislados de violencia”.

En su informe atribuyó los diferentes incidentes de violencia a activistas y simpatizantes de las organizaciones políticas, Yátama, PLC y CxL, las cuales dejaron como resultado la cantidad de cinco personas fallecidas, 67 personas lesionadas, 9 viviendas y 2 oficinas de gobierno quemadas,  así como saqueos en establecimientos comerciales y daños a la propiedad privada y estatal.

En su informe Díaz omitió que todos los fallecidos son miembros y simpatizantes de los partidos a los cuales atribuye la responsabilidad de los hechos referidos. Hizo caso omiso de los señalamientos de familiares de las víctimas y de testigos que atribuyen la responsabilidad de los disparos a simpatizantes del FSLN  y  a miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Según estas denuncias, fueron simpatizantes del FSLN quienes quemaron la Casa Verde de Yátama, la Radio YaptiI Tasba  y destruyeron el monumento a la Resistencia Indígena.

Pese a esta violencia, actos de destrucción y muertes, al cierre de este informe no existen detenidos por parte del FSLN. No obstante, la Policía informó de decenas de prisioneros del resto de partidos políticos.

La Policía evade su responsabilidad de prevención, persecución e investigación del delito y se constituye en juez, atribuyendo responsabilidades, evidenciando un sesgo partidario, con lo cual se explica la aplicación de la ley y la represión para ciudadanos de San Dionisio, Bilwi, El Jicaral, Jalapa, La Concha, San Miguelito. Actúa con un doble rasero, hasta  el extremo de que no se conoce que haya detenido a alguien por los asesinatos cometidos.  El informe policial tampoco expresa compromiso alguno de realizar una investigación objetiva que garantice el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas.  

Conclusiones

1.    El Cenidh condena todos los hechos de violencia y en particular la privación de la vida de: Elías Pineda Blandón (Wiwilí), Wilder Moreno Talavera y Alejandro Aguilar (San Sebastián de Yalí), Chando Smith Gadea (Sandy Bay) y Gary Steven (Bilwi), todos en el contexto del proceso electoral; y demandamos una investigación exhaustiva e imparcial que determine las responsabilidades individuales y penales de los autores de estos hechos.

2.    La falta de transparencia y los vicios del sistema electoral propiciaron la polarización política y violencia en diferentes regiones del país, que no sólo se limitó a las votaciones sino a la campaña electoral, siendo este el proceso electoral más sangriento de las últimas décadas en el país con cinco personas asesinadas, decenas de heridos y detenidos.

3.    Nuevamente se privó a la población de su derecho a elegir, lo que generó una alta abstención, similar a la de 2016, como rechazo al actual sistema electoral.

4.    El Cenidh documentó denuncias sobre hechos en diferentes niveles de la estructura electoral, por parte de miembros de mesa, autoridades electorales municipales y departamentales así como funcionarios de las fuerzas de seguridad. Estas acciones contribuyeron a: impedir el voto a simpatizantes de los partidos de oposición en contienda; facilitar el voto múltiple de miembros del FSLN; anular o desaparecer JRV y material electoral; alterar los resultados de las actas y destruir material electoral. Todo esto desvirtuó la voluntad popular y constituyó una grave violación a los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense.

5.    En los municipios donde hubo disputa del poder local, se manifestó el uso del Ejército y la Policía Nacional como instrumentos de represión, persecución, captura y uso desproporcionado de la fuerza y técnicas policiales en perjuicio de ciudadanos y ciudadanas, con saldo de detenidos y heridos. La Policía aplicó un doble estándar: por un lado, responsabilizó de hechos de violencia  a miembros de partidos de oposición; y por otro lado, no ha presentado detenidos ni informe alguno que esclarezca los asesinatos ocurridos, todos de opositores al régimen.

6.    La represión policial, la captura y traslado de los detenidos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ubicada en El Chipote--, demuestra los señalamientos del Cenidh sobre la inconstitucional e ilegítima aplicación de la reciente Ley 952 (reforma a la Ley 641 y 779 y Código Procesal Penal), la cual constituye un instrumento jurídico para procesar y juzgar en Managua y otras regiones, desarraigando a los prisioneros de su lugar de origen y de su juez competente.

7.    En relación a la Misión de Observación de la OEA, el Cenidh considera que el informe preliminar es una reiteración de recomendaciones anteriores emitidas por otros organismos de observación.

8.    La Misión de la OEA no hace una valoración profunda de los problemas del sistema electoral, y  minimiza las fallas del mismo, separando el proceso electoral de los graves hechos de violencia que consideró como situaciones aisladas en unas votaciones que avaló como tranquilas. 

9.    En estas votaciones municipales se ha reiterado que el sistema electoral está basado en el fraude, y que no respeta la voluntad popular.

10.La pretensión de desaparecer del escenario político electoral al Partido Indígena Yátama, revela una política de Estado que de manera sistemática ha venido violentando durante la última década, los derechos humanos de los pueblos indígenas del Caribe Norte y Sur y  que en estas votaciones alcanzó su máxima hostilidad  y represión.

11.Estas votaciones confirman lo expuesto por el Cenidh en su pronunciamiento del 26 de octubre del 2017,  en el sentido de que este sistema electoral no garantizaba las condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Más bien se ha anulado la participación ciudadana y se ha  socavado la autonomía municipal para someter a los gobiernos locales y tener un control cada vez más férreo del aparato estatal y de la sociedad, es decir, una dictadura institucional.

12.El CENIDH exige como organismo derechos humanos al gobierno de Nicaragua garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos civiles y políticos superando los obstáculos que impiden la participación de todos y todas en  la gestión estatal, regional y municipal a través de diferentes instancias y mecanismos de participación ciudadana. 

13.Hacemos un llamado a todos los y las nicaragüenses a  exigir al gobierno y a las autoridades electorales la construcción de un sistema electoral y de partidos, independiente, imparcial, creíble y respetuoso de los derechos humanos que garantice el respeto de la voluntad popular, el pluralismo político y la plena libertad de elegir y ser elegido.

¡Derecho que no se defiende… es derecho que se pierde!

Managua, 14 de noviembre del 2017

[1] Los hechos descritos incluyen a buena parte del territorio nacional. Las plataformas virtuales fueron de gran valía para el envío de información, fotografías, videos y centenares de denuncias por parte de la Red de promotores, constituyéndose como una herramienta útil para la denuncia ciudadana.

[2] Crear un entorno que propicie la celebración de elecciones libres, imparciales e incluyentes, velando por la neutralidad, independencia y profesionalismo del CSE. Procurar garantizar una separación permanente entre partido y Estado, que brinde transparencia y espacios adecuados para un mayor desarrollo democrático, mediante, entre otras cosas, la actuación imparcial del CSE en consonancia con las recomendaciones formuladas por las instituciones regionales e internacionales.

[3] Elecciones auténticas son aquellas en las que existe oportunidad y libertad para elegir. La ciudadanía ejerce el sufragio libremente y entre opciones reales. Son comicios en los que se da una lucha abierta y libre por el poder y por ello son fuente de legitimación de un sistema político y de sus dirigentes. Además son el medio a través del cual se verifica la participación política de las mayorías.

[4] Está conformada por el presidente, primer miembro y cuantos fiscales  electorales sean acreditados por los partidos en contienda. 

[5] Denuncia de la promotora  del municipio de San Ramón, Matagalpa.

[6] El 31 de octubre, en el contexto del cierre de campaña del PLC, centenares de participantes en dicha actividad política se presentaron en las instalaciones del CEM con la finalidad de protestar contra irregularidades en el proceso electoral y específicamente la negativa del Consejo de acreditar a trece miembros de centros de votación los cuales serían sustituidos por suplentes de manera oficiosa.

[7] Reporte periodístico de La Prensa titulado: “Violencia Electoral”.