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Policía se niega a recibir denuncia sobre graves hechos de violencia en Waspam

6 de septiembre de 2016

Del 30 de agosto  al  1 de septiembre del presente año un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH se reunió con líderes locales de Waspam y de diferentes comunidades, incluyendo una comisión de la comunidad La Esperanza, ubicada Río Arriba,  donde han ocurrido diferentes hechos de violencia entre colonos e indígenas que cobraron la vida de dos comunitarios recientemente. Así mismo, en esta visita la delegación del CENIDH se reunió con miembros de organizaciones de la sociedad civil y la unidad policial a fin de brindar acompañamiento a  una  comisión de la Comunidad La Esperanza que denunció el asesinato por parte de los colonos, de Gerardo Chale Allen de 37 años y Nelin Pedro Parista de 29 años, ambos originarios de dicha comunidad.


El 31 de agosto el equipo del CENIDH  se reunió con líderes indígenas de Waspam, Bachilaya, Klark, Kuriria y Tuskrusirpe quienes denunciaron la violencia de la que son víctimas producto de la invasión de colonos en los territorios ancestral  y legalmente indígenas.  Esta problemática ha ocasionado en los dos últimos años más de treinta muertes, así como el desplazamiento forzoso de decenas de familias que han buscado refugio en territorio hondureño donde se hallan en una situación precaria producto de la falta de atención y protección por parte del Estado hondureño y del Estado nicaragüense.

Lamberto Chow Mclain, líder indígena y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos  apoyada por el CENIDH en ese municipio,  manifestó: “En Waspam hay hambre, hay violencia, las autoridades no nos escuchan, no atienden nuestros problemas. Nos tratan peor que animales, como que si no fuéramos hijos de Dios”. Y es que la falta de debida diligencia por parte del Estado en la atención a esta problemática fue una de las principales situaciones expuestas en esta reunión pese a que la comunidad La Esperanza y otras en las que han ocurrido hechos de violencia tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, las cuales no han sido implementadas por el gobierno nicaragüense.

Aracely Pérez Zamora de la comunidad de Clark denunció la indiferencia de las autoridades policiales quienes no reciben sus denuncias y cuando lo hacen no les brindan el debido tratamiento, dejándolos  en desprotección y en consecuencia en impunidad. En tal sentido, los participantes manifestaron su preocupación por la inseguridad que actualmente se vive no solo en las comunidades Río Arriba, sino también en el casco urbano donde los asaltos son recurrentes a cualquier hora del día. Dicha situación se agrava por los altos niveles de pobreza y la falta de acción de la policía.  

Los participantes rechazaron la versión de diferentes autoridades de gobierno quienes manifiestan que estos son hechos aislados producto de pasadas de cuenta entre familias y hechos de violencia común. Al respecto manifestaron: “les hemos presentado pruebas de lo que sucede aquí, pero se niegan a aceptar que los miskitos estamos siendo asesinados, no sabemos qué intereses hay para negar lo que está pasando”, dijo Víctor Ríos Chow. 

Asimismo, denunciaron el abandono estatal  manifestado en la falta de trabajo, la falta de alimentos, la ausencia de medicamentos en la unidad hospitalaria, las malas condiciones de interconexión con el resto del país.  Orlando Mcleen  refirió: “Aquí los únicos que trabajan son los profesores, los enfermeros y los pocos que trabajan en instituciones del gobierno, después de eso no hay nada, no hay más oportunidades”.

Finalmente, refirieron las difíciles condiciones en las que realizan su labor de promoción y defensa de derechos humanos siendo objeto de victimas de amenazas, descalificaciones y exclusiones sobre todo de  oportunidades  laborales.  Lamberto Chow Mcleen manifestó: “A mí me cuestionó  el jefe policial que hacía con el CENIDH, vos que sos un revolucionario, no vez que ellos son reaccionarios”, lo cual deja en evidencia la animadversión hacia el trabajo que realiza el CENIDH y el rechazo a la labor de las y los defensores.

Por otra parte, el 1 de septiembre el equipo se reunió con una comisión integrada por líderes de la Comunidad La Esperanza y  familiares de los asesinados quienes reafirmaron que los mismos buscaban alimentos en las cercanías del Cerro el Moko lugar donde fueron secuestrados por los colonos, encontrando sus restos  nueve días después, totalmente comidos por animales y sin cabeza. Dicha comisión entrego denunció al CENIDH de los hechos ocurridos y solicitó su acompañamiento a la policía. 

En su denuncia exponen: “…Nos están asesinando poco a poco y hasta el día de hoy nadie se pronuncia, el gobierno es muy difícil de entender porque para ellos parece que no existimos, somos nicaragüenses y necesitamos ser escuchados y protegidos…por favor ya no queremos sangre, luto y dolor porque nosotros como comunitarios indígenas tenemos derechos porque estamos en nuestras tierras y es nuestro deber y derecho defender lo que en derecho nos corresponde”.

El equipo del CENIDH  acompañó a la comisión a interponer la denuncia a la unidad policial donde fue atendido por un oficial a cargo quien de forma hostil expuso que no podía a recibir la denuncia. Ante la demanda de atender dicha denuncia, considerando la gravedad de los hechos, hizo pasar a los denunciantes y en miskito cuestionó qué andaban haciendo con esos papeles para finalmente decirles que no podía recibir la denuncia. Cabe destacar que el agente policial increpó cuestionando  por qué el equipo del CENIDH tomaba fotografías, evidenciando su rechazo a nuestra presencia en el lugar. Posteriormente fuimos informados que al día siguiente de nuestra visita la denuncia fue recibida por el jefe interino de la delegación policial, obligando la policia a que los comunitarios permanecieran mayor tiempo en el municipio e incurrieran en mayores gastos.

Vale destacar que la actuación del funcionario policial además de representar un incumplimiento grave de las obligaciones que corresponden a la Policía Nacional, establecidas en la ley, evidenció la indolencia de las autoridades hacia los comunitarios quienes viajaron desde su comunidad más de nueve horas en bote para  interponer su denuncia. Esta situación permitió verificar in situ la falta de beligerancia ante la situación que viven las poblaciones miskitas.

Para el CENIDH los hechos expuestos muestran la violencia en todos los niveles que enfrenta la población miskita sin que el Estado de Nicaragua haga esfuerzos para resolverlos, lo que contradice el discurso gubernamental de paz, que podría motivar la negativa del gobierno a reconocer la violencia extrema en esta zona del país, lo que se agrava al considerar que Waspam es uno de los municipios más extensos y pobres de Nicaragua.

Esta situación de violencia entre colonos y miskitos con saldo de decenas de fallecidos en los dos últimos años sin duda merece la implementación de medidas urgentes dirigidas a proteger la vida de estas poblaciones y a detener los enfrentamientos. Al respecto, el CENIDH  demanda la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH a 12 comunidades, incluyendo la comunidad La Esperanza a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de esta zona. Así como asumir la solicitud de la CIDH de investigar “con debida diligencia” los hechos de violencia ocurridos en los territorios indígenas del Caribe Norte, en el contexto de la invasión de los territorios indigenas, identificando y sancionando a los responsables y garantizando los derechos humanos de los habitantes de dichas comunidades.



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