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Dueños de propiedades denuncian amenaza de expropiación en León

21 de septiembre de 2016

La Sra. Nubia Carrión y el Sr. Alberto Porras, de la comunidad La Ceiba, se presentaron al CENIDH para denunciar al Delegado Departamental de León de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Sr. Pablo Ventura de pretender desalojarlos de la propiedad que adquirieron mediante una compra realizada en el año 2005 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

Porras, dijo que el 3 de septiembre, se presentó a su propiedad el Delegado de la PGR en León, resguardado por efectivos de la Policía con el fin de posesionar a ex miembros del Ejército, ex Cachorros de Sandino y trabajadores de UNAN León. Según el denunciante Ventura aduce que la propiedad pertenece al Estado de Nicaragua, quien dijo no exhibió documento que sustente su actuación.

Según el Sr. Porras, la propiedad es de dos manzanas, allí mismo construyeron  viviendas sus hijos e hijas, las cuales fueron destruidas por los toma tierra. “Yo me siento amenazado, no puedo sembrar porque allí en la propiedad permanece la gente que dejó instalados Ventura”.

La Sra. Nubia Carrión, dijo “me están quitando mis tierras que fue comprada por mi trabajo, nadie me regalo nada, Pablo Ventura es un atrevido que anda regalando lo que no es de él, y todavía lleva a la policía. Mi hija y yo somos las únicas que hemos defendido. Soy familiar de un héroe y mártir de la revolución pero no me dieron nada, ahora más bien me quieren robar mi propiedad” dijeron los afectados.

Los denunciantes fueron acompañados por Alfonso Gallo, representante de una asociación de retirados militares quien dijo que estaba acompañando a Porras y a Carrión porque no le parece la actuación de sus compañeros, muchos de los cuales ya han sido beneficiados con propiedades.

El abogado del CENIDH, Carlos Alberto Guadamuz, dijo que verificaron la legalidad de las propiedades de Porras y la Sra. Carrión, las que fueron adquiridas de acuerdo a la ley civil, o sea que son propiedad privada, en la cual el Estado no tiene intervención. El CENIDH también verifico el amparo en la posesión que los afectados presentaron en los Juzgados así como peticiones escritas ante la sede central de la PGR.

“Este caso se trata de una violación al debido proceso porque de igual forma los afectados no fueron notificados que son sujetos de expropiación o algún proceso administrativo en la cual su propiedad pudiera estar siendo amenazada por alguna otra razón; esto limita las posibilidades reales de defenderse y no hay garantía del debido proceso” dijo Gaudamuz.  



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