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Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y su necesaria protección

14 de diciembre de 2016

 

 

Muy buenos días a todas y todos los  participantes  en este Foro. Conscientes de la grave situación que en materia de derechos humanos vivimos en Nicaragua, analizaremos los desafíos que como defensoras y defensores de  tales derechos  enfrentamos día a día.

Tendremos con el intercambio de sus valiosas experiencias,  la oportunidad de definir acciones, que  promuevan el derecho de los defensores a ser protegidos y reconocidos por los Estados y  respetados por la sociedad en su conjunto.

 

Hace mucho tiempo se pensaba que eran los estados, los únicos responsables de promover y defender los derechos humanos de los habitantes de un determinado país, no obstante, la historia y  el acontecer diario reconocen, que hay otros que de diferente forma se involucran en la lucha por la vigencia de tales derechos la cual es variada y muy significativa.

 

Pero, este reconocimiento camina al lado de una historia de hostigamientos y  persecuciones de diferente naturaleza que incluyen amenaza, coacción, difamación, asesinato, tortura, secuestro, violación sexual, calumnia y persecución penal injustificada lo que constituye una verdadera criminalización de los defensores.

 

Su experiencia está marcada por la realidad que han vivido, dedicados generalmente a enfrentar la represión y atender  los problemas cotidianos de la gente perseguida; ayudando concreta y eficazmente a las víctimas de las violaciones de derechos humanos como razón primera de su existencia; así, han contribuido a derrumbar Dictaduras y transformar realidades injustas, desarrollando una diversidad de modalidades de lucha y aportando para establecer un vínculo entre la política y la ética.

Hoy,  la gran diversidad existente de asociaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, van, desde las organizaciones que promueven y defienden derechos a nivel nacional así como en localidades  y espacios comunitarios en circunstancias muy diversas.

 

Las encontramos como defensoras comunitarias frente a la violencia contra la mujer, activistas por el derecho a la tierra, al ambiente, al agua y los recursos naturales, defensoras de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, de los derechos de las personas con discapacidad, y de los niños y las niñas, de las personas LGTBI, los y las trabajadoras migrantes y sus familias, acompañantes de víctimas que buscan verdad, justicia y reparación integral, defensores de derechos laborales y de la libertad de expresión, entre tantos otros campos de acción.  La riqueza de este movimiento de derechos humanos, sin ser orgánico, se debe a su gran diversidad y a las agendas tan distintas que asumen. 

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Aquí quiero referirme de manera especial a los defensores y defensoras del derecho a la tierra, que ante la ausencia de un reconocimiento normativo , la falta de una convención que lo reconozca como un derecho humano, el Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la OMCT y la FIDH en  su informe anual de 2014   , adoptó una definición del derecho a la tierra: “como el conjunto de derechos humanos protegidos por el derecho internacional cuyo ejercicio dependa parcial o totalmente de la tierra”, (fin de la cita). 

 

Así mismo, definió: “Los defensores del derecho a la tierra son esos grupos, personas  o instituciones que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especialmente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inversión”. (Fin de la cita).

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¿Quién pondría en duda que dentro de esta caracterización  caben los integrantes y líderes del Movimiento “Salvemos Santo Domingo” del municipio del mismo nombre en el Departamento de Chontales? O los Guardianes de Yaoska en Rancho Grande en Matagalpa, que con su lucha detuvieron la concesión minera a la B2 Gold?, y el Consejo de la tierra el Lago y Soberanía liderado por  un grupo de campesinos y campesinas  coordinados por Francisca Ramírez, que con autenticidad, y autonomía han sabido  encauzar el sentir y el reclamo de más de 120 mil campesinos  que se verían afectados por  el nuevo fenómeno mundial del “acaparamiento de tierras” como lo calificó el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (A/HRC/ 19/75 de la ONU del 24 de febrero de 2012. 

 

 Retomado en el reciente  informe de la FIDH y el CENIDH sobre la Concesión del Canal Interoceánico en Nicaragua, al concluir que por la  ilegal e inconsulta construcción de un Canal interoceánico y 10 megaproyectos se está “frente a un proceso de mega acaparamiento de tierras” y constituye la mayor amenaza a nuestra Soberanía, la mayor afrenta nacional y traición a la patria, que los campesinos y campesinas  a costa de  ser víctimas de  grandes atropellos violatorios de sus derechos humanos como la vivida la semana pasada, han sabido resistir con dignidad  en 83 marchas, trasmitiendo  a la totalidad de la población nicaragüense un ejemplo de firmeza y coraje, para ellos nuestro reconocimiento especial en este  Encuentro.

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Los defensores y defensoras de derechos humanos debemos  abocarnos a definir nuevas estrategias de trabajo porque cada día enfrentamos muchas dificultades: una de ellas la violación a la libertad de expresión y la centralización de medios de comunicación porque las alianzas con éstos y los periodistas independientes, son fundamentales por su enorme poder en la creación y sensibilización de opinión pública, divulgando  la represión, la corrupción y las diferentes formas de violación de derechos humanos.

 

No obstante, es ineludible hacer la necesaria diferenciación entre quienes cumplen con su derecho y deber de informar, de aquellos que desvirtúan la verdad y someten su responsabilidad profesional a otros intereses ajenos a la defensa de los derechos humanos.

 

Por eso, como en otras ocasiones les digo: que defender los derechos humanos, es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola.  Estos riesgos confirman lo valioso y cuestionador de este trabajo, por eso es obstaculizado y perseguido, en un esfuerzo inútil de algunas autoridades para desactivar la acción vigilante de los defensores de derechos humanos.  Creo también que hay que establecer las necesarias diferencias, no es lo mismo defender  los derechos humanos en la ciudad que en las zonas rurales como acabamos de ver con los campesinos de la ruta del canal.

Otra diferencia que es absolutamente necesaria señalar fue la resaltada por la  Relatora  Especial para Defensores,  ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en diciembre de 2010 donde por primera vez se centró explícitamente en la situación  particular de las defensoras de derechos humanos y de los activistas hombres dedicados a promover los derechos de la mujer o las cuestiones de género.

 

Debido a que éstas defensoras  plantean temas muy sensibles como la violencia basada en el género y los derechos sexuales y reproductivos como los y las integrantes  del Grupo Estratégico contra la penalización del aborto Terapéutico, temas que cuestionan la cultura y estructuras dominantes  son especial y específicamente vulnerables y las violaciones en contra de ellas tienen además, un componente de género y por eso son atacadas tanto por su activismo como por el hecho de ser mujeres y agregó: “el análisis de la dimensión de género de la labor de defensa de los derechos humanos resulta fundamental para abordar las necesidades de protección y las lagunas en materia de legitimidad  que pueden afectar a las defensoras de los derechos humanos” (ibid., pág. 22, párr..9)

Mecanismos de Protección

La situación de las defensoras y defensores de derechos humanos  ha sido motivo de especial preocupación por la Organización de los Estados Americanos – OEA.  La CIDH en el año 2006, en el 141 periodo ordinario  de sesiones, decidió crear la Relatoría sobre  defensores de derechos humanos,  ha otorgado centenares de Medidas Cautelares.  Además, esta preocupación ha quedado planteada en diferentes Resoluciones de la Asamblea General, así como en los informes de la Relatoría Especial y la valiosa Jurisprudencia de la Corte Interamericana, que han identificado patrones de conducta de los regímenes que persiguen a los defensores, y con ello han contribuido a destacar el riesgo evidente que éstos enfrentan.

 

Sin embargo, considero que el avance más importante a nivel de la normativa internacional es la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, de la Resolución A/RES/53/144, “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humamos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, conocida como Declaración sobre las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por consenso y por lo tanto representa el firme compromiso de los Estados para su implementación.

 

Ésta Declaración “reafirma los derechos que son fundamentales para la defensa de los derechos humanos, entre ellos: la libertad de asociación, de reunión pacifica, de opinión y de expresión y el derecho a tener acceso a información, a prestar asistencia legal y desarrollar y debatir nuevas ideas en materia de derechos humanos”. 

 

Por eso la señora Hina Jilani, Ex Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre el tema, valoró que la declaración sobre Defensoras y Defensores es el  “Primer instrumento de carácter internacional en definir oficialmente la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo”. Fin de la cita. 

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Sin embargo, existe una brecha muy  grande entre los avances normativos  a nivel internacional y la realidad de su aplicación en nuestro país, hace falta mucho por hacer.    

Como país, como ciudadanos y ciudadanas,  como defensores y defensoras de derechos humanos,  estamos viviendo uno de los momentos más complejos de nuestra historia, todos y todas, habitantes de la ciudad y del campo, defensores y defensoras  tenemos  grandes desafíos y para ello contamos con nuestra disposición, con nuestro compromiso y dedicación; pero debemos luchar por fortalecer los instrumentos y mecanismos indispensables para ejercer nuestro derecho a defender, nuestros derechos y los de Uds. y para ello debemos impulsar y desarrollar la creación y cumplimiento de normativas que nos ayuden en esa línea .

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Es increíble, Nicaragua no tiene un  Plan de Derechos Humanos y tampoco tiene una normativa que  establezca un procedimiento  o Protocolo que  garantice, a la par del respeto y ejercicio de nuestros derechos humanos la posibilidad de  que tales procedimientos jurídicos fortalezcan el deber de los estados de protección y nos faciliten  el acceso   a tales mecanismos.

Es por eso que debemos proponernos impulsar acciones a nivel nacional e  internacional. Por ejemplo:

1.   a nivel nacional

Debemos  proponer la necesaria y urgente formulación de una Política de derechos humanos que contenga  como mínimo cuatro líneas de acción:

a)  Promoción de una cultura de derechos humanos en Nicaragua.

b)  Diseño y fortalecimiento de una Política Pública de Promoción y Protección de todos los derechos humanos de manera integral.

c)  Diseño y ejecución de Políticas a favor de los grupos más vulnerables. 

d)  Transformación y fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno adecuándolo a las normas internacionales de derechos humanos entre otros.

 

2.  En la reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la defensora de los pueblos indígenas María Luisa Acosta vs. Nicaragua, la experta independiente Claudia Samayoa expuso: “es importante que el Estado de Nicaragua adopte un protocolo de investigación para casos de defensores y defensoras de derechos humanos, que oriente a la fiscalía y policía del país sobre los elementos a tomar en cuenta,  para que una investigación sea comprensiva y realmente destruya la impunidad en torno al hecho”.  Fin de la cita.

 

Wendy Flores, en representación del CENIDH en este caso está aportando y tenemos especial  empeño de que aparte  del reconocimiento al derecho a la verdad justicia y reparación a que tiene derecho Ma. Luisa y su familia, sirva para que la Corte   resuelva que el Estado de Nicaragua tiene que establecer mecanismos internos de protección efectiva para los defensores de derechos humanos.  Además, estamos proponiendo que se establezca una Unidad Especial de Investigación en el Ministerio Público con sus procedimientos específicos sobre la materia como existen para la investigación de casos de violencia contra la mujer y la niñez, crimen organizado y otros, Protocolos que ya existen en otros países de la región.

 

3.  A nivel Internacional, qué podemos hacer?

Hace dos años en un foro similar hicimos la propuesta de desarrollar una estrategia que nos llevara a demandar la creación de un grupo de trabajo abierto  para que la Declaración de Defensoras y Defensores de derechos humanos sea el punto de partida para la elaboración de una Convención que al aprobarse en Naciones Unidas tenga efectos vinculantes para todos los Estados, para que comprometa especialmente a los que se niegan a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos como Nicaragua.

Esta idea por muy irrealizable que parezca, no la dejemos únicamente en nuestras preocupaciones, de ideas como éstas han surgido muchas declaraciones y convenciones como las Declaraciones sobre Pueblos Indígenas, sobre Defensores y la Convención contra desapariciones forzadas de personas; iniciativas en las que tuve el privilegio de participar al lado de sus más connotados impulsores: Luís Pérez Aguirre, Rigoberta Menchú y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos –FEDEFAM,respectivamente. 

Solo la articulación de todas nuestras iniciativas, podrán contribuir  a mejorar sustancialmente la situación de los derechos humanos en nuestro país.   

Con   esta valoración y  apretada mención de hechos y vivencias, he querido contribuir  para que tomemos la decisión de asumir el reto, de ejercer el “derecho a defender derechos”, que te da la oportunidad de sentirte participe de una lucha por una causa justa y verdadera que no admite cuestionamientos válidos.

Nuestro reconocimiento por el apoyo en la realización de este Foro a Diakonia-Suecia en las personas de Francis y María Erlinda y de EIRENE a través de Berend aquí presentes.  Agradecemos a todos los integrantes del Consorcio: Centro Humboldt, CEDJUCAN y CPICH con quienes impulsamos esta actividad.  A todos los participantes y de manera especial a los promotores de derechos humanos de la Red “Padre César Jerez”.  Estamos seguros que con su participación y aportes se lograrán los objetivos que nos hemos propuesto. 

Managua, 09 de diciembre de 2016.  



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