Nicaragua ignora de nuevo su compromiso con los derechos humanos
Washington D.C., 20 de marzo del 2017.- Como ya hiciera en los dos últimos periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Nicaragua volvió a mostrar su total desinterés por los derechos humanos no presentándose a la audiencia pública a la que había sido convocado, el pasado sábado 18. "Cuesta entender que un Gobierno que gana las elecciones con un 72%, se niegue a hablar de libertad de expresión", apuntó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), actuaron de peticionarios en la audiencia de esta mañana en la denunciaron las irregularidades que presenta el Estado de Nicaragua en materia de derecho de libertad de expresión.
Ante las sillas vacías del Estado, las organizaciones denunciaron que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses realizan su labor en un entorno de intimidación y restricciones generado por el Estado, para impedir que circule la información libremente. Así, por ejemplo, numerosos periodistas han sido objeto de actos de intimidación y agresiones físicas, incluyendo daños a los equipos audiovisuales, mientras realizaban coberturas de eventos de interés público.
Los peticionarios también se refirieron al problema que supone la concentración de medios en Nicaragua, que restringe las posibilidades de expresarse de los y las nicaragüenses y de recibir información, anulando el principio de pluralidad de las fuentes informativas y la posibilidad de propiciar el debate público. Esto implica que la información de lo que ocurre en Nicaragua no circula, dejando al país en un aislamiento informativo.
En esta opacidad mediática, se ejercen campañas de injurias y persecución hacia defensoras de derechos humanos, como Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH, y Lottie Cunningham, amenazada de muerte por su defensa de los derechos de propiedad comunal indígena en el Caribe Norte.
El modelo de concentración del poder instalado rechaza la crítica y no reconoce el derecho de fiscalización e incidencia. Por ello, ha promovido y mantiene un entorno hostil hacia la libre expresión de defensores y defensoras de derechos humanos.
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