Managua, 27 de abril de 2017

Doctor
Edison Lanza
Relator Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Su despacho 

Estimado Dr. Lanza:

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, se dirige a Usted, a fin de informarle sobre la obstaculización y represión de la marcha No. 87 convocada por el Consejo en defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía para demandar la derogación de la Ley 840.

La marcha convocada para el pasado 22 de este mes, a las 10 de la mañana, no logró realizarse debido a que el Gobierno, una vez más impidió que los campesinos y demás participantes concurrieran al lugar de la convocatoria: la ciudad de Juigalpa, a 139 kilómetros de la capital nicaragüense.

El día 20 de abril[1],  a pocas horas de la fecha establecida para la marcha campesina, la Vice Presidenta Rosario Murillo anunció la realización de una contramarcha en Juigalpa, bajo el argumento de celebrar el Día de la Tierra, organizada para el mismo día y en la misma ruta donde dos meses atrás los miembros del Consejo por la Defensa de la Tierra habían convocado para hacer una marcha nacional exigiendo la derogación de la ley 840; retomando  el gobierno de esta forma un mecanismo de represión y obstaculización que de forma generalizada había aplicado previo a cualquier concentración sobre todo en Managua.

Desde el día anterior a la marcha, en horas del mediodía, pasaron por Juigalpa varios buses con antimotines, quienes siguieron su ruta hacia las entradas principales de las comunidades de Nueva Guinea, El Almendro y El tule, y se posicionaron en la principales vías de acceso para impedir que los campesinos salieran de sus comunidades a marchar el día 22. Ese día también se conoció de la retención de personas por parte de la Policía, en distintos puntos de la carretera de San Benito a Juigalpa, de  manera ilegal, y sin motivo alguno, siendo el caso más evidente la detención de las dirigentes Violeta Granera Padilla, Ana Margarita Vigil y Azahlea Solís, a quienes se les conminó a abandonar el lugar y regresar a Managua, a lo que ellas se opusieron, pasando toda la noche en la carretera.  El día 22 otras personas fueron retenidas  en el mismo lugar. Así mismo el día 21, el campesino Marcos Pineda, de la Comunidad de Camastro en el Tule, Río San Juan denunció que los Policías antimotines, le dispararon balas de escopeta, y pistolas de 9 milímetros, despojándolo también de su camión, el cual se llevaron a la sede policial de San Carlos, el cual después de muchas gestiones se lo regresaron hasta el día 23.  

En la mañana del 22 de abril, la Policía comenzó a amenazar a los dueños de camiones  con retenerles la documentación legal si intentaban trasladar a marchistas con destino a Juigalpa, llegando a intimidarlos incluso a sus casas de habitación.  Por ello, los campesinos tuvieron que caminar largas distancias hasta llegar a los numerosos retenes organizados masivamente por antimotines,  que no permitieron avanzar hacia la ciudad de Juigalpa.

Los participantes de Managua, Rivas y otros departamentos y comunidades rurales sobre la ruta que sería afectada por la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua también vieron frustrado su deseo de expresar su rechazo a la mega-obra por los obstáculos y represión impuestos por las autoridades, llegando incluso a atentar contra la vida de cualquier persona que circulara por vehículo por las vías mencionadas al esparcir gran cantidad de “miguelitos” o púas sobre los caminos y carreteras.

El día de la marcha, a las nueve de la mañana nadie había podido llegar aun al supermercado Maxi Palí, ubicado frente al puente La Tonga, en la entrada Sur donde se había anunciado daría inicio la marcha, y las 12 primeras personas que llegaron al sitio fueron detenidas por la Policía Nacional y trasladadas a la sede policial de Juigalpa: Los detenidos fueron Susana Marley, Lesbia Rosales, Alexander Pérez, Ricardo González, Claudia Montalván, Vili Estevin Martínez, Cristiana Rodríguez, Scarleth Obando, Ana María Alemán, Jessica Pavón, Moisés Ortega, y el promotor de derechos humanos del CENIDH Lamberto Chow.

Ante la ilegal detención, un equipo del CENIDH se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional para constatar la situación de los detenidos y demandar su liberación. Al inicio las autoridades negaron haber detenido a alguien pero luego de mostrarles las fotos que los detenidos se habían tomado en las instalaciones, la oficial que nos atedió  nos expresó que ya les habían puesto en libertad. Las personas detenidas nos comunicaron telefónicamente que fueron obligados a subirse al microbús y expulsados de Juigalpa, escoltados por una patrulla de antimotines rumbo  a Managua.  Los documentos del microbús se los entregarían hasta que fueran lejos de Juigalpa, lo que para el CENIDH no sólo constituye  una detención ilegal, sino la expulsión arbitraria de la ciudad, lo que constituye una violación más al derecho a la  libertad de circulación.

A estas horas de la mañana, Juigalpa era una ciudad totalmente militarizada por un centenares de policías antimotines que impedían movilizarse dentro de la ciudad, donde se desarrollaba la contra marcha en la que participaban estudiantes, empleados públicos obligados   a participar y algunas personas afines al gobierno, que con un gran despliegue de música, pólvora y símbolos folclóricos como gigantonas, etc., marchaban por las calles para impedir la movilización de cualquier otra persona ajena a la misma.

En una muestra de responsabilidad, y con el objeto de no dejase provocar y evitar una confrontación entre las dos marchas, el Consejo por la defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, en vista que no había posibilidades de hacer una marcha decidieron hacer plantones en los diferentes puntos donde habían sido impedidos de continuar.

En el puente la Tonga, donde habían logrado concentrarse más de 400 personas realizaron un plantón a un lado de la vía para no impedir el libre tránsito de los vehículos  que podían circular. Sin embargo, la Policía a cargo del Comisionado Mayor Bayardo Rosales no permitió el pase de los mismos, tratando de inculpar a los que realizaron el plantón de la obstaculización del tránsito y solicitó más refuerzos policiales que en aproximadamente 8 camionetas llenas de antimotines fueron rodeando a los que estaban en el plantón, lo que dejó en evidencia que preparaban la represión. Entonces, los organizadores como un gesto cívico decidieron concluir el plantón para evitar que los participantes resultaran agredidos y detenidos durante la represión policial que se avecinaba.

Inusualmente  la Policía emitió un comunicado desinformando respecto de lo sucedido, culpando a los campesinos de provocar alteraciones al orden público y estigmatizándoles como una amenaza para la seguridad de la población.  Con ello trataba de justificar ante la opinión pública nacional e internacional su injustificada represión y violación de derechos humanos.

“La denominada Marcha 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales, afectando el normal desarrollo de las actividades productivas, económicas y comerciales del país", según un comunicado de la Policía Nacional, leído por su portavoz Vilma González.

En el mismo se afirmaba falsamente  “que los manifestantes provocaron alteraciones al orden público, obstaculizaron el derecho constitucional a la libre circulación y pusieron "tranques" o barricadas”, atribuyendo a los campesinos lo que ellos estaban haciendo.

"En los tranques se concentraron grupos de personas en actitud hostil, armados con garrotes, machetes, piedras y armas de fuego, causando zozobra e inseguridad en la población", señaló la Policía.

La líder campesina Francisca Ramírez denunció, tras cancelar la marcha, que los agentes antidisturbios, le obstaculizaron el paso con armas de fuego como si fueran unos delincuentes. Y agregó:

"Somos unos tristes campesinos que estamos pidiendo justicia, que se nos escuche, y exigiendo que deroguen la Ley de concesión del canal y eso se mira en este país como un  delito".

A las 12 del mediodía, la líder de la lucha anti canal, Francisca Ramírez comunicó la decisión de suspender la marcha para evitar que se registraran más incidentes que pudieran exponer la integridad física y las vidas de los participantes.

Los campesinos habían informado a las autoridades su decisión de marchar en una carta que fue recibida y sellada por la autoridad policial de Juigalpa, Chontales, sin embargo en la práctica se les negó el ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido. Copia de carta firmada y sellada por la Policía se adjunta.

La obstaculización de esta marcha y la de iniciativas anteriores para protestar contra la construcción del canal evidencia el deterioro en que se encuentra el derecho a la libertad de expresión, de manifestación, y la libertad de circular libremente. Vemos con suma preocupación que acciones para la incidencia en decisiones que son importantes para la población son objeto de obstaculización, criminalización y represión por parte de un gobierno ilegítimo que no duda en establecer prácticamente un estado de sitio para impedir que el pueblo nicaragüense se exprese.

El CENIDH condena y le resulta inexplicable que a nivel de la jefatura de la institución policial se califique la marcha de ilegal y se exprese que no tenían los campesinos permiso de las autoridades ya que el ejercicio del derecho de manifestación no requiere permiso previo, sino informar a las autoridades para que garanticen la seguridad, la circulación vehicular y se tomen las medidas necesarias para posibilitar el ejercicio de este derecho.

Es en este contexto de hostigamiento y represión en contra del campesinado de la ruta del canal que al día siguiente, 23 de abril, se dio un hecho contra Maynor López Ramírez, hijo de la dirigente campesina Francisca Ramírez que tiene  todos los indicios de un hecho intencional por parte de personas no identificadas pero que en general se vinculan con los ya conocidos métodos de intimidación.  A continuación le copiamos textualmente la descripción que sobre estos hechos hace la asesora jurídica del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Mónica López.  

“POLICIA NIEGA COPIA DE DENUNCIA A DOÑA CHICA Y NO SE PRESENTAN AL LUGAR DEL ATENTADO, CONTRA SU HIJO, A INVESTIGAR

Policías no se presentaron a investigar el hecho, pese a que durante 24 horas esperó su llegada (desde el día domingo al lunes) pues el Comisionado Rocha verbalmente se comprometió a enviarlos.

Esta situación nos obligó a conseguir un notario que levantara una declaración notariada ante testigos sobre el estado de la moto y la descripción de los hechos, en el lugar en donde permaneció tirada la moto y el alambre de púas usado en el atentado, a la espera de la llegada de los policías que nunca aparecieron.

Hoy que se hace presente doña Chica a la Estación Policial de Nueva Guinea y le toman la denuncia, se niegan a darle la copia correspondiente que es la constancia legal de que fue presentada.

Ante esto, se preparó una carta en donde se solicita al Comisionado Rocha que le sea entregada la copia de su denuncia, a como en derecho corresponde. Regresa a la Estación en donde la esquivan diciendo que "no hay sello", "que no está el comisionado", y finalmente que se traslade a la Comisaría de la Mujer en donde finalmente le recibirían la carta. Llega al lugar y la puerta está trancada.

Y luego dice la Policía que la marcha campesina es ilegal y que los campesinos son los agresores. Vivimos en tiempos de un cinismo estatal estratosferico.

Un día más en la tierra de la impunidad. Y ella, doña Chica, siempre firme.

Mientras tanto su hijo, Maynor de 19 años, está golpeado, choyado e inflamado por los golpes que sufrió, luego de que atravesaran un alambre de púas a lo largo del camino donde viajaba con su moto hacia su casa. Y la moto, medio de transporte de su familia, destruida y con un costo económico que se suma a los daños que la Policía hizo a su camión y camioneta en diciembre 2016. Todo ha sido debidamente documentado, fotografiado y en video”.

Finalmente, queremos transmitirle de manera específica como defensores de derechos humanos ampliamente reconocidos por las autoridades el hostigamiento y obstaculización de que fuimos objeto desde el viernes 21 en horas de la tarde, cuando viajábamos hacia Juigalpa donde fuimos interceptados por la Policía pidiéndonos los documentos, rodeando el vehículo y tomando fotografías y buscando presuntamente nuestros nombres en una lista, lo cual deducimos de la retención de que fueron objeto posteriormente las dirigentes ya mencionadas.

Desde que el equipo del CENIDH, integrado por 8 personas llegó a Juigalpa para reunirnos en nuestra filial con el equipo local fuimos objeto de una vigilancia a distancia por diferentes medios policiales.  Al salir del local donde decidimos cenar fuimos insultados y amenazados verbalmente por personas al partido FSLN.  

El día 22 a las 8 de la mañana en los dos vehículos del CENIDH fuimos a ver como se concentraba la gente en el puente La Tonga, allí fuimos interceptados por el  Jefe de la Policía de Juigalpa  Julio César Urbina, quien después de indagar nuestro propósito preguntó quienes dirigían la “misión”,  y  nuestros nombres, con un gesto autoritario no nos dejó pasar diciéndonos que no podíamos pasar por ser  zona de “seguridad”.  No valieron nuestros argumentos y durante todo el día 22 fuimos objeto en Juigalpa hasta salir de la ciudad, de un seguimiento permanente a nuestros vehículos y movimientos por patrullas y por personas en motocicleta.  Durante la permanencia del equipo en el lugar junto con 23 promotores de derechos humanos del CENIDH en la región fuimos objeto de constante vigilancia, llegando al extremo de seguirnos hasta el lugar donde fuimos almorzar.

La notoria hostilidad y el maltrato que recibió el equipo del CENIDH de parte de las autoridades policiales, constituye una clara violación de la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos violándosenos además nuestro derecho a defender derechos.   

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicitamos:

Incluya este hecho en el próximo informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión.

Recuerde al Estado de Nicaragua que la libertad de expresión y el derecho de manifestación como una de sus aristas, son fundamentales para la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio de ciudadanía y por lo tanto, su obligación de respetar dichos derechos.

Nos suscribimos de Usted, expresándole nuestras muestras de consideración y estima.

 Atentamente,

Vilma Núñez de Escorcia                                                     Marlín Sierra Palma

               Presidenta                                                             Sub directora Ejecutiva

Cc: Dr. Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos – CIDH,
     Comisionado José Jesús Orozco, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
     Comisionada Esmeralda  Arosemena de Troitiño, Relatora para Nicaragua.

[1] https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:55254-juigalpa-sera-sede-de-la-feria-amor-a-la-naturaleza-corazon-verde