Este 25 y 26 de abril, se celebró en Managua el Foro Regional sobre Minería organizado por el Instituto de Estudios y Políticas Públicas, IEEPP y el Centro Humboldt, con la participación organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En dicho foro se compartieron los impactos sociales, ambientales y económicos  de la industria extractiva en la región, así como  las diferentes experiencias de  lucha contra la minería. El CENIDH participó en el panel sobre Criminalización de Defensores de Derechos Humanos en América Central en el que también participaron William Castillo de CEICOM- El Salvador, quienes  recientemente lograron la aprobación de una ley anti minería metálica en su país; Rubén Herrera, ADH-Guatemala y  Ramiro Lara, ASONOG- Honduras.

Juan Carlos Arce, coordinador del CENIDH-Matagalpa, en su intervención recordó la represión estatal a pobladores de los municipios donde operan los proyectos mineros, específicamente a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes locales, mineros artesanales y sindicatos mineros ocurridos  desde 2012 a la fecha en el contexto de la movilización ciudadana en demanda por el accionar de dichas empresas, tales como: Santa Pancha en el departamento de  León (2012); Santo Domingo en el Departamento de Chontales  (2013);  Mina El Limón en Malpaisillo-León (2015)  y Proyecto Minero Cerro Pavón Rancho Grande en el Departamento de Matagalpa (2014-2016), lugares donde la Policía Nacional reprimió a los sectores que se oponen a la minería,  y en algunos casos  localidades donde de hecho se instauraron estados de sitio de hecho, como ocurrió en la mina El Limón donde la represión dejó como saldo decenas de heridos y detenidos.    

Represión, hostigamiento y criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos en favor de los intereses de las empresas mineras y en perjuicio de las poblaciones locales. Los hechos fueron debidamente documentados por el CENIDH a través de investigaciones in situ, donde ha confirmado que la criminalización se da mediante la instrumentalización del Poder Judicial, el uso de los mecanismos punitivos del Estado  y la utilización de medidas como: la detención ilegal, la presión arbitraria, las detenciones prolongadas, el traslado de los detenidos fuera de su jurisdicción, generalmente a  las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote y acciones dirigidas contra líderes de la protesta social con el objetivo de debilitarla, durante las cuales se ha dado acompañamiento a las víctimas.

El CENIDH también denunció acciones de tortura física y psicológica en perjuicio de los detenidos, algunos por más de 30 días  en las celdas de la DAJN y en estado de  estado de aislamiento y sin acceso a atención médica, lo que constituye tratos crueles inhumanos y degradantes prohibidos en la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales. Asimismo, denunció la judicialización ilegal de líderes  como fue el caso de mineros de Santo Domingo donde pese a que la acusación no cumplía con los requisitos de ley la misma fue admitida, violentando los derechos de más de una decena de procesados.

El Foro permitió conocer las diferentes experiencias y hacer un balance regional en cuanto a la vigencia de los derechos humanos de las  zonas donde operan estas empresas así como articular estrategias de  lucha frente a estos proyectos. En tal sentido,  saluda los esfuerzos del Centro Humboldt, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y de otras organizaciones involucradas en la tarea de promover el debate de ideas en este tema toral sobre el modelo de desarrollo que impulsamos que es un modelo de desarrollo con equidad, un modelo que propugne por el pleno respeto de los derechos humanos.