El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH recibió el 27 de febrero y el 1 de marzo del presente a unas cuarenta personas todas ellas procedentes de Chichigalpa y  miembros de la Asociación Pro Vida y Medio Ambiente (ASOPROVIMA)y de la Organización de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanza, el primero conformado por ex trabajadores/as del Ingenio Monte Rosa, ahora Pantaleón y el segundo por ex trabajadores/a  del Ingenio Santa San Antonio, hoy Nicaragua Sugar Estates Limited. Los denunciantes manifestaron encontrarse enfermos de insuficiencia renal crónica (IRC) y que pese a su grave condición no reciben atención médica adecuada por del Estado o por parte de la empresa donde trabajaron, tampoco reciben una pensión que les permita vivir dignamente.

Ambas organizaciones afirmaron estar integradas por centenares de hombres y mujeres  enfermos de ICR, así como mujeres que han perdido a sus esposos e hijos producto de esta enfermedad. Manifestaron que pese a las decenas de muertos en los últimos años y a su demanda sostenida contra el Estado y los ingenios azucareros Pantaleón como San Antonio, a la fecha no han obtenido una respuesta acorde a la magnitud de la problemática.

Asimismo, denunciaron la falta de beligerancia de los entes estatales en el abordaje de este grave problema, tales como: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS el cual se resiste a incluir esta enfermedad como riesgo profesional, dejándolos fuera de cobertura de la atención medica brindada por el INSS; al Ministerio de Salud MINSA  por brindar atención medica limitada donde solo los que tienen los recursos para viajar  a Managua pueden acceder a las hemodiálisis; al Ministerio de los Recursos Naturales MARENA  el cual se ha negado a  asumir su función  de supervisión y control del uso de  químicos por parte de las empresas y al Ministerio del Trabajo MITRAB por declararse incompetente frente a las demandas de los trabajadores, todo en ello en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores.

Al respecto, Luis Nicoya Presidente de la Asociación Nuevas Esperanzas señaló: “somos una bomba de tiempo,  en cualquier momento cualquiera de nosotros puede fallecer producto de esta terrible enfermedad, muchos ya han muerto, sin que hasta el momento haya una respuesta integral a este problema, a la mayoría no nos dan trabajo por nuestra enfermedad, tampoco contamos con una  pensión digna ni atención médica adecuada. Estamos condenados a la  miseria y a la muerte”.

Por su parte, el señor Eddy de Jesús Aguilar Zapata, miembro de ASOPROVIMA, denunció que la empresa Pantaleón esparce su químicos “maduradores” para la caña de azúcar de forma aérea, sin restricciones o medidas de seguridad para con las parcelas de ciudadanos colindantes, es su caso, manifestó, que ha perdido hasta una manzana de grano de maíz por el efecto de este químico, además de contaminar el subsuelo y por ende el manto acuífero, reduciendo significativamente el agua potable en las comunidades, lo que ha agravado la situaciones de los enfermos con  IRC.

Para el CENIDH la situación planteada por los ex trabajadores de los ingenios señalados es grave y merece acciones urgentes dirigidas a garantizarles atención médica adecuada  y en sus lugares de origen a fin de evitar el desgaste físico y económico que implica para ellos el viaje a Managua. Asimismo, exigimos a las autoridades adopten las medidas legales pertinentes que permitan a estas personas acceder a las instancias judiciales correspondientes de cara a  garantizar su derecho humano a acceder a la justicia. 

Ante esta falta de protección, el CENIDH recuerda que la Constitución Política en su Art. 105 establece la priorización de la salud a las personas en situación de especial vulnerabilidad, sin embargo esto no se ha cumplido, ya que los denunciantes refirieron no tener acceso a un sistema de salud eficaz. De la misma forma, estas afectaciones denunciadas no solo repercuten directamente la salud de los denunciantes, sino que además afectaría significativamente el ecosistema y medio ambiente, desconociéndose a la fecha las medidas de protección tomadas por las empresas y la fiscalización de entes estatales para garantizar la salud ambiental.

En este sentido, es esencial retomar la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente Opinión Consultiva, OC23/17 señala: La  degradación  del  medio  ambiente puede  causar  daños irreparables  en  los  seres humanos,  por  lo  cual  un  medio  ambiente  sano  es  un  derecho fundamental para la existencia de la humanidad…Con el propósito de cumplir la obligación de prevención los Estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un  daño  significativo  al  medio  ambiente; realizar estudios de  impacto  ambiental cuando exista riesgo  de  daño  significativo al  medio  ambiente; establecer  un  plan de  contingencia,  a  efecto  de  tener  medidas  de  seguridad  y  procedimientos  para minimizar  la  posibilidad  de  grandes  accidentes  ambientales,  y mitigar  el  daño ambiental significativo  que  se  hubiere  producido, aun  cuando  hubiera  ocurrido  a pesar de acciones preventivas del Estado.

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

¡Derecho que no se defiende… es derecho que se pierde!