El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, condena la brutal represión ocurrida el pasado 29 de octubre en contra de 16 presas políticas en el Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza, que según sus familiares se encuentran golpeadas, lo que constituye un hecho sin precedentes en lo que respecta al tratamiento de las privadas de libertad en dicho centro penitenciario.

En la denuncia los familiares relatan que el hecho se origina cuando cuatro funcionarias intentaron llevarse a Irlanda Jerez a una “entrevista”, a la cual ella se rehusó por estar condenada y no tener ningún proceso judicial donde tuviera que declarar.

Señalaron que quince minutos después llegaron otras 10 funcionarias con el mismo objetivo y que posteriormente dijeron que la iban a sancionar trasladándola a una celda de máxima seguridad en el Centro Penitenciario de Tipitapa, por lo que las compañeras de celda de Irlanda se opusieron a este traslado ya que dicho penal es exclusivo para hombres.

Según los familiares, las mujeres realizaron una cadena humana, para proteger a Irlanda; pero transcurrido media hora del anterior intento, les cortaron la energía eléctrica y más de 25 hombres encapuchados ingresaron a la celda, golpeando a todas las mujeres con sus bastones o varas policiales, causando fuertes lesiones en las detenidas, sin considerar que entre el grupo de mujeres se encontraban personas con enfermedades terminales, como en el caso de la detenida Brenda Muñoz, quien padece de cáncer y fue severamente golpeada, al extremo de desmayarse. Denunciaron que estos actos de violencia duraron aproximadamente tres horas, hasta que finalmente Irlanda salió de la celda para que no siguieran golpeándola a ella y sus compañeras.

Los familiares que tuvieron conocimiento del hecho, solicitaron verlas y verificar sus condiciones físicas, pero les fue negada dicha solicitud y les dijeron que las mujeres se habían golpeado entre sí y que pagarían por los daños provocados; lo que incrementa el dolor y la angustia de sus familiares por los sufrimientos que padecen las privadas de libertad dentro del penal.

Asimismo, denunciaron, que las autoridades penitenciarias, someten a las presas políticas a malos tratos de manera permanente y a restricciones como salidas al aire libre, impedimento de ingreso de libros, visitas cada 21 días, todo por considerar que quebrantan las normas internas porque ellas cantan el himno nacional a las seis de la mañana y a las seis de la tarde; envían cartas y notas de ánimo al pueblo de Nicaragua para continuar en la lucha por la defensa de nuestros derechos, como también de denuncias por los abusos cometidos en el interior del penal; realizan cintillos, pulseras, collares y aretes en color azul y blanco, les impiden que porten estos accesorios en las audiencias y se pintan los labios en rojo, acto último que mereció que les despojaran de todos sus cosméticos, para aplacar su “rebeldía”.

El CENIDH se sumó a la visita que intentó realizar el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua MESENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH; pero las autoridades penitenciarias negaron el acceso al penal y a información, impidiendo la labor de los defensores de derechos humanos.

Rechazamos de manera categórica la arbitrariedad, la violencia y el sigilo de las autoridades del Centro Penitenciario La Esperanza, en relación a la gravedad de la denuncia de permitir que hombres ingresen a un penal de mujeres a perpetrar actos de violencia física en perjuicio de mujeres privadas de libertad, reproduciendo la violencia machista en contra de las mujeres por lo que demandamos:

1.         El ingreso del MESENI, como del CENIDH a las instalaciones del referido Centro Penitenciario, a fin de que se documenten las denuncias realizadas por los familiares de privadas de libertad; así como el otorgamiento inmediato de visitas especiales a sus familiares.

2.         La realización de dictámenes médico forenses realizados tanto de carácter público como privados que determinen las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran las privadas de libertad que fueron víctimas de agresión por parte de las autoridades.

3.         La apertura de una investigación objetiva, así como el establecimiento de sanciones administrativas y penales dirigidas a los responsables materiales e intelectuales para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

4.         La publicación de un informe de las autoridades que dé cuenta de la actuación de los funcionarios y funcionarias que participaron en los actos de agresión.

Como organismo de derechos humanos, estaremos informando de estos hechos a la Relatoría de Privados de Libertad del Sistema Interamericano de Derechos humanos como de la Organización de Naciones Unidas, ONU; a fin de que exhorten a las autoridades penitenciarias a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en diferentes instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Managua 01 de noviembre del 2018

Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde