El presente Informe describe las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, en los once informes publicados sucesivamente desde abril 2018 a diciembre 2019.  Señala los antecedentes a la crisis de abril: demolición del Estado de Derecho, y destrucción de la institucionalidad, con sucesivas reformas constitucionales pactadas entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán que mediante un fraude electoral lo instaló en gobierno desde el año 2007.

Una inconsulta reforma al seguro social que pretendía imponer daños gravísimos principalmente a los jubilados fue el detonante del descontento social.  Las protestas fueron reprimidas a niveles sin precedentes en la historia del país, el brutal ataque del régimen Ortega-Murillo, dejó más de 325 muertos, miles de heridos, cientos de detenidos y más de 80 mil exiliados.

El régimen criminalizó la protesta social con una violencia desmedida, ejecutó acciones de amenazas, persecución, detenciones arbitrarias, secuestros, tratos crueles y degradantes, tortura y recaptura de excarcelados políticos, a quienes se les imputan delitos comunes sin fundamento, procesos judiciales viciados y carentes de legalidad, además del constante hostigamiento a toda voz disidente.

A esto se suma, el acoso y agresiones a la prensa independiente, la confiscación de hecho de medios de comunicación, la agresiva destrucción de organizaciones de la sociedad civil y específicamente organismos defensores de derechos humanos. La campaña permanente de estigmatización, descalificación, difamación y amenazas en contra del CENIDH. La persecución y cacería desatada en todo el territorio nacional ha obligado a miles de ciudadanos a desplazarse forzosamente, huir de sus hogares, esconderse o salir al exilio para solicitar protección internacional, todo esto alcanzó a la iglesia católica.

El gobierno ha impuesto en la práctica un estado de excepción permanente, que ha desarrollado en diferentes etapas: 1) la represión generalizada a la protesta ciudadana; 2) la imposición de un estado de terror y la operación limpieza; 3) la criminalización de la protesta social, detenciones selectivas a expresos políticos; 4) la prohibición de la protesta social, y profanación de tumbas; 5) secuestros exprés, torturas y evidencias de cárceles clandestinas.

La represión instalada por el régimen ha llevado al país a altos niveles de inseguridad ciudadana: El régimen ha ignorado la violencia e invasión deliberada que padecen los pueblos indígenas de la Costa Caribe; los asesinatos en las zonas rurales y la violencia en contra de las mujeres, incluidos los femicidios, todos estos crímenes se han incrementado y están en total impunidad.

El gobierno nunca mostró verdadero interés en un diálogo inclusivo y transparente, que condujera una solución cívica como es el propósito fundamental del pueblo de Nicaragua; más bien boicoteó los esfuerzos de mediación de la Conferencia Episcopal, y de los representantes de la Santa Sede, y del Secretario General la OEA.

El accionar de los diferentes actores del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA y la Unión Europea, su posicionamiento constante a la crisis ha sido determinante para visibilizarla a nivel de la comunidad internacional, demandando con insistencia al Estado de Nicaragua una solución pacífica, a lo cual se han unido diferentes países que a nivel bilateral han secundado esas demandas y adoptado sanciones para coadyuvar en una pronta solución.

Después de dos años de represión y resistencia el panorama es incierto, pero se ha avanzado, ya nada será igual en Nicaragua después del 18 de abril, las y los nicaragüenses han demostrado su determinación de impulsar el cambio necesario para construir la democracia. Es la decisión de un pueblo, que el régimen en dos años no ha podido ni podrá desmontar, a pesar mantener una política represiva a todos los niveles. Ante esta situación, el CENIDH reitera su compromiso de seguir acompañando a la población en general en su lucha continua y persistente por la defensa de sus derechos humanos.