El 18 de febrero del presente año, la Filial del CENIDH en Chontales recibió denuncia de una Señora quien manifestó que su niña de seis años de edad fue violada por el hermano de catorce años del sacerdote Wilberto Antonio Pérez Díaz de 33 años, a cargo de la parroquia Guadalupe, en la ciudad de Juigalpa, mientras la madre había dejado a la niña al cuido de una hermana del referido sacerdote que también habitaban en la parroquia. El hecho habría ocurrido el 16 de febrero de 2017.

Así mismo, la madre denunció que este hecho, del cual tuvo conocimiento por la niña, generó su preocupación en cuanto al acercamiento del sacerdote hacia su otra hija, de 12 años, quien colaboraba como monaguilla en la misma parroquia. La niña expresó que el sacerdote le tocó sus partes, sus pechos, la besó en la boca, conducta que constituye el delito de abuso sexual tipificado en el Arto. 172 del Código Penal vigente.

La madre denunció que en la Comisaría de Juigalpa no querían recibirle la denuncia por tratarse de un sacerdote y su hermano, ante tal situación el CENIDH le dio acompañamiento a la denunciante y constató la actitud hostil de la oficial de policía, Consuelo López, quien en todo momento se mostró molesta con las víctimas. Incluso en una ocasión, después de haber sido entrevistada la niña de 6 años, llamó a la madre para que la llevara a firmar el testimonio, ante esta arbitrariedad el CENIDH hizo presencia en las oficinas de la Comisaria de Juigalpa y puso a la disposición  el vehículo institucional para que la oficial fuera hasta la casa de la niña para no re victimizarla, pero la autoridad se negó a proceder de esa forma, por lo que la madre tuvo que llevar a la niña a firmar su testimonio.

Ante estos obstáculos, el día 23 de febrero se presentó la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Juigalpa Chontales, a fin que interviniera en la investigación de las denuncias presentada en la Policía, sin embargo hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado.

El día 24 de febrero, el CENIDH solicitó audiencia con el  Obispo de la Diócesis de  Chontales y Río San Juan, Monseñor René Sándigo, quien tres días después concedió de manera cortés la audiencia solicitada, recibiendo la documentación y la solicitud para que  se inicie un proceso canónico como lo establece la Santa Sede, con la finalidad de que el sacerdote fuera investigado y sancionado, en caso proceda.  Después de esta entrevista, Monseñor Sándigo  nombró un equipo de investigación, el que a la fecha de la presente ni siquiera abordó a los familiares ni realizó alguna diligencia de la que se tenga conocimiento para esclarecer el hecho.  Más bien, el sacerdote en mención fue trasladado a la parroquia de Cuisalá /Comalapa y nombrado  párroco de esa localidad.  

Desde el inicio de las denuncias, el caso por violación de la niña de 6 años avanzó en contra del adolescente de 14 años, quien se declaró culpable, dictándole la judicial medidas socioeducativas, como en derecho corresponde. No obstante,  la denuncia en contra del sacerdote Wilberto Pérez Díaz por abusos sexuales en contra de la niña de 12 años, nunca pasó al Ministerio Público y fue archivada por la Policía de Juigalpa. El dictamen sicológico nunca fue puesto a disposición de la madre.

La actuación de las autoridades no sólo violentó el derecho de acceso a la justicia, sino que también el interés superior de las niñas, niños y adolescentes reconocido en los artos 9 y 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El CENIDH, después de haber agotado los mecanismos formales en las instancias pertinentes, ejerce su derecho a la denuncia pública a fin de que el caso sea investigado con la objetividad y exhaustividad que mandata la ley y el presunto responsable sea puesto a la orden de las autoridades competentes.

Juigalpa, 8 de julio de 2017

¡Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!