Rosa Esmeralda Barahona Martínez, Oscar Clemente Fuentes Muñoz, Sabas Vidal Zúñiga Jiménez y otros, expusieron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que desde  febrero del 2016 presentaron denuncia por estafa en contra de directivos de la Asociación Nueva Nicaragua, sin embargo a la fecha han transcurrido dos años sin que las autoridades policiales remitan debidamente el caso al Ministerio Público quien en al menos cuatro ocasiones ha orientado jurídicamente ampliar las investigaciones y realizar entrevistas a otras víctimas.

Según los denunciantes junto a más de tres mil personas fueron miembros de la Asociación Nueva Nicaragua cuya finalidad era la gestión de terrenos ante el gobierno para lo cual cada uno de los miembros entregó entre 4,000 a 15,000 mil córdobas. En mayo de 2015 el señor Juan Francisco Pérez, entonces Presidente de la Asociación, les informó que los terrenos estaban ubicados detrás del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino por lo que procedieron a ocuparlos, siendo inmediatamente desalojados por efectivos de la policía.

En virtud de gestiones ante el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) los denunciantes conocieron que las gestiones realizadas por los Directivos de dicha asociación fueron rechazadas, el INVUR no aprobó la ocupación de terreno alguno.

El 2 de febrero de 2016, los denunciantes denunciaron por estafa al Presidente de la Asociación, ante el Ministerio Público Central. Esta instancia orientó ese mismo mes a la Policía Nacional del Distrito IV iniciar la investigación pertinente, sin que a la fecha ésta haya logrado culminar este proceso. Debido a la retardación injustificada los denunciantes acudieron a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía donde tampoco obtuvieron respuesta, más bien las autoridades policiales han reaccionado de manera hostil expresando que de continuar insistiendo con los reclamos serian detenidos. 

El CENIDH considera que es responsabilidad de las autoridades policiales la debida diligencia investigativa a fin de garantizar a las víctimas el acceso  a la justicia de manera efectiva y  sin dilaciones. Este caso evidencia  cierto nivel de indolencia que se expresa en los 23 meses de espera para que el caso sea remitido debidamente al Ministerio Público, abriendo con ello la puerta a que sea la autoridad judicial quien determine  la comisión o no del delito señalado, así como las responsabilidades de los implicados.

Por lo expuesto, el CENIDH exhorta a los agentes policiales a actuar con la debida diligencia en la investigación de esta denuncia, misma que según estándares internacionales de protección de derechos humanos y el Art. 222 del Código Procesal Penal debe realizarse sin demora y con la participación activa de los denunciantes y víctimas, en aras de evitar impedimentos que deriven en la impunidad de lo denunciado y facilitarles a las víctimas el acceso a la justicia. Asimismo, exige se abra una investigación sobre el actuar de los oficiales involucrados en este caso en lo referido a la retardación  injustificada del proceso investigativo.

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - CENIDH

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