París, 16 de julio de 2018 - Ante la escalada de la violencia en Nicaragua, la FIDH solicita al Secretario General de las Naciones Unidas pronunciarse con firmeza frente a la represión de las manifestaciones por el gobierno nicaragüense, e insta a los Estados miembros de la OEA a adoptar una resolución que condene la represión estatal contra la población civil.
En Nicaragua, en el marco de los operativos conjuntos de la policía, antimotines, grupos parapoliciales y paramilitares, conocidos como « operación limpieza » para remover los tranques en las carreteras del país, desde el 8 de julio, al menos 40 personas han sido asesinadas. Entre los fallecidos se encuentran dos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), víctimas de disparos en la cabeza durante el asedio a la parroquia de la Divina Misericordia.
Los operativos conjuntos de los últimos días han marcado el recrudecimiento de la violencia, hundiendo cada vez más a Nicaragua en una grave crisis política, social y de derechos humanos. Entre el 18 de abril y el 13 de julio de 2018, en menos de tres meses, al menos 272 personas han sido asesinadas, y más de 2.000 han sido heridas. Continúan las detenciones arbitrarias, los secuestros de civiles por los grupos paramilitares y las desapariciones forzadas.
El 13 de julio, la OEA se reunió en Sesión Extraordinaria para examinar la situación en Nicaragua y siete países presentaron un proyecto de resolución, que aún no ha sido adoptado. Este proyecto, si bien apoya el reinicio del diálogo y condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas, no hace referencia expresa al papel del gobierno en la represión.
La FIDH insta al gobierno nicaragüense a tomar las medidas apropiadas para desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares y reitera su exigencia de que éste ponga fin inmediato a la represión. Tras las agresiones a los obispos en Diriamba, el atentado contra el obispo Abelardo Mata y el ataque contra el Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) Félix Maradiaga, la FIDH también exige al gobierno nicaragüense asegurar que los miembros de la Iglesia católica que fungen como mediadores en el Diálogo Nacional y las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor sin exponerse a represalias.
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