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Gobierno de Nicaragua debe garantizar el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos

9 de noviembre de 2018

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos publicó la denuncia que recibió del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) sobre los actos de intimidación por parte de la unidad antimotines de la Policía en contra de las y los participantes en una protesta organizada por familiares de presos y presas políticas que acompañó el CENIDH.

El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2018 en horas de la mañana cuando las personas que participaban en la protesta frente al Complejo Judicial de Managua fueron rodeadas durante aproximadamente dos horas por más de 100 elementos de la policía antimotines y, al menos 10 patrullas policiales. Al menos cuatro oficiales antimotines arrebataron violentamente la pancarta del CENIDH y realizaron actos de intimidación y amenazas.

El plantón reivindicaba la libertad de varios presos políticos ante la celebración de audiencias en al menos seis casos ese día. Junto a los familiares también participaban varias personalidades nicaragüenses e integrantes del CENIDH: Vilma Núñez de Escorcia, fundadora y presidenta del CENIDH, Marlin Sierra, Directora Ejecutiva del CENIDH, Wendy Quintero, comunicadora, así como los abogados Salvador Lulio Marenco, Gonzalo Carrión, Juan Carlos Arce y Braulio Abarca.

En la publicación el observatorio señala que sistemáticamente a las y los periodistas se les impide el acceso a las dependencias judiciales para dar cobertura de los juicios, situación que se reprodujo el día de la agresión.

También destaca que estos ataques ocurren en un contexto de grave crisis de los derechos humanos en Nicaragua, en el que la protesta social está fuertemente reprimida por las autoridades, como refleja, el asesinato de al menos 322 personas y las más de 2.000 personas heridas, en su mayoría a manos de agentes estatales, desde el 18 de abril hasta el 18 de septiembre según las cifras del CENIDH.

En este sentido el Observatorio manifiesta su preocupación de que los actos de intimidación señalados puedan configurarse como un indicio de represión dirigido directamente contra el CENIDH como represalia por su activa denuncia de las violaciones a los derechos humanos.

Más acciones

El Observatorio se solidarizó con las y los integrantes del CENIDH, condenó los actos de intimidación en su contra, así como en contra del resto de las personas que participaban en la protesta, y exigió el establecimiento de garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Nicaragua.

Dentro de las acciones que propone están abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación o ataque contra el CENIDH y sus miembros y garantizar su integridad física y el ejercicio de su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Implementar de forma decidida y urgentemente las 15 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en lo referido a la protección de las personas defensoras, al desmantelamiento de los grupos parapoliciales, así como a la colaboración plena con las actuaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua de la CIDH.

También exhorta a implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua.

El Observatorio llama a asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. Y  de manera general pide garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Nicaragua.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Nota original aquí

 



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