El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, condena enérgicamente la deportación ilegal  de la que fue víctima el 26 de noviembre la activista nicaragüense y defensora de derechos humanos de las mujeres: Ana Quirós a quien negándole el derecho a un proceso administrativo conforme lo establecen las leyes del país, de manera arbitraria, le fue revocada la nacionalidad nicaragüense, siendo expulsada inmediatamente del país en el que ha vivido  por más de cuarenta años.    

Las autoridades migratorias nicaragüenses sin explicar las razones de la decisión y privando a la defensora de su derecho a la apelación procedieron a deportarla de manera inmediata. Esta nueva violación a los derechos humanos de Ana Quirós es parte de la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra  periodistas,  defensores y defensoras de derechos humanos  por su labor en la defensa de derechos humanos sistemáticamente violados en estos siete meses de represión.

Debido a la situación de riesgo de la defensora Quirós la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 17 de septiembre de 2018, adoptadas en la resolución 70/2018. Un equipo del CENIDH  encabezado por la Doctora Vilma Núñez de Escorcia acompañó a ésta a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) donde se impidió que la abogada Wendy Flores ingresará a las oficinas. Desde el momento que Quirós ingresó a las oficinas DGME autoridades migratorias negaron cualquier información, conociéndose hasta  en horas  de la noche sobre su deportación. 

Asimismo, el CENIDH acompañó a las activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres: Ana Ara, María Ara y Beatrice Huber, de nacionalidad española y suiza respectivamente, las cuales fueron citadas en la DGME para informarles que por su involucramiento en actividades políticas  les serian anulados los trámites anteriores, pese a que las mismas tienen más de treinta años de residir en Nicaragua y que en adelante se tendrían que presentar cada quince días en las oficinas de la DGME. También les obligaron a firmar una carta en la que se comprometían a no involucrarse en actividades  políticas. Este procedimiento abusivo e inusual se aleja de cualquier disposición establecida y tiene el propósito de dejarlas en un estado de  vulnerabilidad, un régimen de libertad condicionada no contemplado en las leyes  migratorias.  

Para el CENIDH, los hechos referidos revelan la complicidad de las entidades estatales en la represión estatal sin precedentes en la historia de Nicaragua. Exigimos al gobierno que cese la persecución, asedio, amenazas y represalias en contra de las defensoras de derechos humanos.  

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

¡Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde!