Teléfono: (505) 2266-8940 | | Síguenos:

CARTA ABIERTA CONJUNTA PARA ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES DELCONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

15 de marzo de 2019

CARTA ABIERTA CONJUNTA PARA ESTADOS MIEMBROS Y OBSERVADORES DELCONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

 

12de marzo de 2019

 

Re: Carta Abierta para Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para establecer un mecanismo de monitoreo y reporte sobre la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua.

 

Sus excelencias,

 

Nos dirigimos a ustedes para solicitarles a sus delegaciones que apoyen activamente la adopción de una resolución sobre la actual crisis de los derechos humanos en Nicaragua. Ello, durante el actual 40º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ("el Consejo"), a fin de establecer un mecanismo de observación y presentación de informes. Lo anterior es de fundamental importancia a la luz de la falta de acceso a la justicia a nivel nacional, la negativa del Gobierno a colaborar con los mecanismos de derechos humanos existentes a nivel regional e internacional y la falta de una supervisión independiente de los derechos humanos en el país, tras la expulsión de laOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)y de la imposibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)de trabajar en el terreno, debido también a la negativa del gobierno nicaragüense.

 

El 18 de abril de 2018, una serie de reformas al sistema de seguridad social, desencadenó una generalizada protesta social en Nicaragua. En respuesta a las protestas sociales, el gobierno nicaragüense adoptó una estrategia de represión violenta. Al menos 325 personas han muerto, principalmente a manos delas fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados progubernamentales; más de 2.000 han resultado heridas y decenas de miles se han visto obligadas a huir a Costa Rica. La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente día a día. Las denuncias de detenciones arbitrarias y de tortura a personas privadas de libertad que reciben nuestras organizaciones son constantes. Es de señalar que las organizaciones de la sociedad civil cuya personalidad jurídica fue cancelada por el gobierno (incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos-CENIDH) siguen sin poder trabajar libremente en el país y el hostigamiento a periodistas y personas defensoras de derechos humanos no ha cesado.

 

Los crímenes de derecho internacional y otras serias violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país desde el inicio de la crisis de los derechos humanos, en abril de 2018, han sido documentados no sólo por nuestras organizaciones, sino también por entidades regionales de derechos humanos, incluyendo el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua (GIEI). Este último, creado por un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y el gobierno nicaragüense en mayo de 2018, concluyó que agentes del Estado de Nicaragua perpetraron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional, como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y persecución en el marco de un ataque generalizado contra la población civil. Evidentemente, un informe de esta naturaleza y gravedad requiere una respuesta seria por parte de la comunidad internacional, en particular del Consejo.

 

Debe observarse también que, además de encontrar patrones similares de violaciones de los derechos humanos sobre el terreno, tanto el GIEI como el OACNUDH han subrayado la falta de acceso a la justicia a nivel nacional. Tal y como el informe GIEI establece claramente, el sistema de justicia penal es parte del problema. En lugar de aplicar correctamente la ley en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha sido otra herramienta utilizada para criminalizar la protesta social.

 

Como señaló la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su exposición informativa del 5 de febrero pasado, previa al actual período de sesiones, no queda ningún órgano internacional de derechos humanos en el país tras la expulsión del OACNUDH por el Gobierno, la suspensión de la presencia en Nicaragua del MESENI y el cese de la misión del GIEI.

 

Los derechos humanos deben ocupar un rol central en cualquier solución de la crisis actual. Dada la falta de voluntad por parte del Gobierno de respetar y proteger los derechos a la verdad y justicia de las víctimas, la comunidad internacional debe garantizar un monitoreo y reporte permanente sobre la crisis de los derechos humanos. A pesar de las acciones anunciadas en los recientes días, la creación de un mecanismo de monitoreo y reporte sigue siendo fundamental para prevenir un mayor deterioro de los derechos humanos y construir un ambiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del gobierno nicaragüense.

 

Como se demuestra en el documento adjunto, la situación cumple todos los criterios objetivos para la acción del Consejo, tal como se establece en la declaración conjunta liderada por Irlanda en el 32º periodo de sesiones, y reafirmadaademás en las declaraciones conjuntas lideradas por los Países Bajos en el35º periodo, Australia en ella 37º, y Fiji en el actual 40º periodo.

 

El anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió al Consejo que adoptara medidas en agosto de 2018, subrayando la importancia de que esas medidas garantizaran la plena rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y permitieran a las víctimas tener acceso efectivo a la justicia y a los recursos apropiados, incluidas las reparaciones y el derecho a conocer la verdad.1 Siete meses después, no hemos visto ninguna mejora de la situación y el pueblo nicaragüense–y en especial las víctimas -no pueden esperar más.

 

En este contexto, el papel de la comunidad internacional es claro, en particular el del Consejo, si quiere cumplir su mandato de “ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas ”y de responder “ con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos"2.

 

Esperamos que su delegación apoye activamente el proyecto de resolución sobre Nicaragua y apoye la responsabilidad del Consejo de abordar esta crisis y contribuir a la rendición de cuentas y la justicia, a la luz de la falta de opciones a nivel nacional yregional y de la incapacidad del Gobierno de participar de buena fe.

 

Aprovechamosla oportunidad para reiterarle, Excelencias, nuestra más alta consideración,

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

 

Amnistía Internacional

 

1 OACNUDH. Nicaragua: La crisis de derechos humanos exige acción y rendición de cuentas, señala informe deNaciones Unidas. 29 de agosto, 2018. Disponible:

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23481&LangID=E.

 

2 GA resolution 60/251, OP3 & OP5(f). Disponible:

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf.



Publicaciones

Derechos Humanos en un “estado de excepción”

Derechos Humanos en un “estado de excepción”

Descargar

Cenidh condena las cancelaciones de las personalidades jurídicas a cinco organizaciones civiles sin fines de lucro de Nicaragua

Cenidh condena las cancelaciones de las personalidades jurídicas a cinco organizaciones civiles sin fines de lucro de Nicaragua

Descargar

Cenidh rechaza cancelación de su personalidad jurídica

Cenidh rechaza cancelación de su personalidad jurídica

Descargar

Miembros