A seis años de la promulgación de la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas” (Ley 840), aprobada por el régimen de Daniel Ortega, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reitera su exigencia de derogación por ser lesiva para los intereses de Nicaragua y sus ciudadanos y violatoria de la Constitución de la República.

El CENIDH ha sido testigo y acompañante de la lucha social del genuino y espontáneo Movimiento Campesino Anti Canal de Nicaragua, que con su resistencia y movilización se opuso con firmeza a una posible expropiación de tierras, que tendría lugar al amparo de la proyectada construcción de un ilusorio Canal Interoceánico.

Durante estos años de férrea lucha, el CENIDH acompañó al movimiento social más sólido e importante de los últimos diez años en Nicaragua, lo que nos permitió documentar las violaciones a los derechos civiles y políticos mediante brutales agresiones de las que fueron víctimas los campesinos, mismas que permanecen en la impunidad.

Esas gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la lucha campesina contra la vergonzosa Ley 840, fueron recogidas en octubre de 2016 en un informe conjunto elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el CENIDH, al recibir información de primera fuente en 58 comunidades ubicadas en Nueva Guinea, Río San Juan y Rivas, sobre la pretendida ruta del canal y las futuras zonas de construcción.

A través del trabajo de campo que incluyó 131 testimonios de víctimas y protagonistas de esta justa lucha, el CENIDH constató la criminalización de la protesta social, el hostigamiento policial y militar a la población que defendía su patrimonio amenazado con la expropiación, y documentó la represión y la militarización, así como las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional en las comunidades campesinas situadas sobre la ruta del fantasioso proyecto.

Es por eso, que ocupamos esta fecha no solo para recordar nuestra demanda de derogación de Ley 840, también exigimos justicia por todos los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas estatales, entre los que destacan allanamientos ilegales contra los líderes campesinos, sabotajes a las caravanas de manifestantes, masivas detenciones ilegales que culminaron con actos de tortura en las celdas policiales, salvajes golpizas, ciudadanos heridos y ataques a marchas pacíficas, todo lo cual fue documentado por el CENIDH al dar acompañamiento a casi un centenar de marchas del Movimiento Campesino.

Cada caso tiene un nombre y una marca imborrable, como el de José María Calderón, habitante de El Tule, Río San Juan, brutalmente golpeado por la Policía y quien perdió un ojo por el impacto de bala de goma, o el de Francisco Ramírez, con fracturas de piezas dentales como consecuencia de la agresión policial, o el de Manuel Antonio Vega, quien quedó marcado por una cicatriz de 19 puntadas en la cabeza producto del abuso de agentes policiales en esa misma comunidad.

En la impunidad también sigue la agresión policial contra Manuel Trinidad Avilés, que incluyó disparos de balas de goma en la pierna izquierda y múltiples garrotazos y patadas hasta que perdió el conocimiento, o los repudiables vejámenes contra Ruthbelia Tijerino, Sonia López y decenas de mujeres de la comunidad de Tolesmaida, Rivas, a manos de policías identificados por las propias víctimas como integrantes de la Juventud Sandinista, fuerza de choque del régimen orteguista.

Los testimonios recogidos por el CENIDH describen la violencia y el terror impuesto en las comunidades campesinas, evidencian un desproporcionado uso de la fuerza que ocasionó daños a la integridad física de las personas y a su libertad individual, y hasta ahora ningún caso ha sido investigado, como ocurrió con la brutal agresión contra el precursor de la lucha campesina Octavio Ortega y un grupo de 50 campesinos en Rivas.

No podemos dejar fuera de esta larga lista de impunidades, todas las persecuciones, amenazas de muerte y hostigamiento policial contra la líder campesina Francisca Ramírez y su familia, y contra el dirigente campesino Medardo Mairena, que junto a otros líderes del movimiento anti canal fue encarcelado por la dictadura y condenado absurdamente a 216 años de prisión.

Para el CENIDH, la aprobación de una de las leyes más controversiales y abusivas de la historia de Nicaragua ocurrida el 13 de junio de 2013, profundiza la brutal represión de la dictadura y de la impunidad en el país, razón por la que una vez más alzamos la voz exigiendo justicia por las víctimas, reiteramos nuestro respaldo a la justa lucha del Movimiento Campesino de Nicaragua, al que siempre hemos dado acompañamiento y exigimos la derogación de una ley inconsulta y poco transparente que lesiona la soberanía nacional y viola los derechos humanos de los nicaragüenses.

¡Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde!

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Managua, 13 de junio de 2019.