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Corte IDH otorga medidas urgentes a defensores de derecho humanos

Y reconoce el cierre de espacios para la defensa de DDHH en Nicaragua

16 de julio de 2019

San José, Costa Rica; 16 de julio de 2019.- El pasado 12 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo público el otorgamiento de medidas urgentes de protección para quienes forman parte del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). La decisión es una respuesta al riesgo inminente en que se encuentran los y las defensoras de derecho humanos en el país, que son agentes clave en la protección de derechos en el contexto de la crisis democrática que estalló en el país el 18 de abril de 2018.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valoramos positivamente la decisión de la Corte IDH, que permite constatar las denuncias que hemos hecho en repetidas ocasiones desde la sociedad civil. Esta decisión, emitida por el más alto tribunal de la región se da en medio de casi 15 meses de convulsión al interior del país, da cuenta de absoluta ausencia de mecanismos estatales que den respuesta a la situación de desprotección para los y las defensoras de derechos humanos. En concreto, la acción represiva del gobierno actual expuso al CENIDH, junto a otras organizaciones de derechos humanos, a constantes ataques, amenazas y hostigamientos, por oponerse a las acciones represivas del actual gobierno.

La narrativa oficial los ha representado como enemigos del Estado y se ha valido de canales digitales de sus aliados y de medios oficialistas, para mantener mensajes difamatorios y amenazantes en los que les expone como causantes de la crisis que enfrenta el país. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como organización acompañante del CENIDH, expresamos nuestra preocupación, debido a que estas campañas de difamación exponen a un grave riesgo a las personas defensoras de derechos humanos en el país, y en particular a las beneficiarias de las medidas de protección internacional. Esto, en tanto permite que las acusaciones provenientes del entorno digital se materialicen en ataques físicos, que ponen en riesgo la vida y la integridad de las y los defensores.

Asimismo, estos ataques tienen una onda expansiva, por cuanto limitan el acceso a la protección de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis, puesto que les dejan desprovistas de mecanismos de acompañamiento y búsqueda de justicia por lo ocurrido.

En otra línea, la vigilancia y los seguimientos por parte de aliados al gobierno han obligado a algunas personas a abandonar su hogar, lo que demuestra la inminencia del riesgo al que se encuentran expuestos/as. Esto se da en un marco más amplio de cierre de los espacios democráticos, que ha llegado al extremo de cancelar la personería jurídica de al menos diez organizaciones sociales de Nicaragua, la última efectuada recientemente. Esta práctica, que utiliza el derecho administrativo para privarlas de acceso a fondos, es otra estrategia para minar la defensa de derechos humanos.
La cancelación ha sido denunciada en diversas ocasiones tanto por el sistema de Naciones Unidas, como por el Sistema Interamericano. La decisión de la Corte IDH refuerza las demandas de los organismos internacionales, que responden también a las demandas de la sociedad civil organizada.

En el caso del CENIDH, aún se mantiene pendiente la resolución del amparo y el recurso de inconstitucionalidad interpuestos con el objetivo de que se restituya su personería jurídica.  Ante esta situación, como organización representante, exhortamos al Estado que devuelva la personería jurídica al CENIDH, junto a las otras organizaciones en la misma situación, y permita con esto su pleno funcionamiento.

Además, exigimos al Estado de Nicaragua que desista de actos de agresiones, y, por el contrario, proporcione condiciones adecuadas para que las y los miembros del CENIDH y los defensores de derechos humanos puedan ejercer la defensa de derechos humanos de manera segura.

Por último, hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente al desarrollo de esta crisis, y aporten desde sus mandatos para dar una salida democrática a la crisis, que se ha extendido por casi un año y medio. Actualmente, lo que se vive en Nicaragua es una crisis de derechos humanos que expone y vulnera los derechos humanos de todos sus habitantes, a través del uso de distintos mecanismos, con el total consentimiento del Estado. Sin una debida garantía de derechos humanos, no podemos hablar de democracia en Nicaragua.  



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