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Sesión de Adopción del Informe Final de la tercera revisión del Examen Periódico Universal a Nicaragua - 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos 20 de septiembre de 2019

20 de septiembre de 2019

Gracias Señor Presidente,

Esta es una declaración conjunta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 

Lamentamos que el Estado de Nicaragua haya aceptado solamente 135 (el 52%) de las 259 recomendaciones recibidas, y rechazado 124 recomendaciones de las cuales, un centenar están referidas a la solución de la crisis iniciada desde 2018.

En la argumentación presentado por el Estado, nos inquieta que siga negando la violencia letal en la ciudad y el campo, ocultando la grave crisis de derechos humanos que vive el país y constatada por organismos internacionales; procurando dar una imagen de normalidad que no se corresponde con la represión que enfrenta gran parte de la población. Crímenes graves continúan en la impunidad. Las manifestaciones públicas son reprimidas, y fuerzas parapoliciales hostigan, amenazan y atacan a toda voz disidente. 

A pesar de que el Estado manifiesta que es respetuoso de los mecanismos y procedimientos del Sistema Universal de Derechos Humanos, nos preocupa profundamente que rechace las numerosas recomendaciones sobre el acceso a los organismos internacionales de derechos humanos al país, vulnerando así compromisos internacionales de derechos humanos. Autorizar la presencia de la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada e incluso de las misiones de la OEA, serían muestras de la voluntad del Gobierno de respetar sus compromisos.  

 

Nos preocupa las imputaciones delictivas infundadas hacia las organizaciones de la sociedad civil y el rechazo de las recomendaciones dirigidas al respeto de la libertad de asociación de  nueve organizaciones, incluido el CENIDH. Insistimos al  Estado en el restablecimiento de la personería jurídica de la que fueron despojadas arbitrariamente y la devolución de sus bienes y activos, así como garantizar un entorno seguro para que realicen su labor, sin represalias ni amenazas.

Llamamos a los miembros del Consejo y a la Alta Comisionada a que persistan en su esfuerzo para contribuir a la solución de la crisis y fortalecer los esfuerzos de los defensores de derechos humanos de Nicaragua. 

Muchas gracias. 

 



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