Es difícil resumir las violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática se están cometiendo en Nicaragua. Han sido 22 meses de represión, pero también de lucha y resistencia.

Tengo un sentimiento muy especial hablarles aquí con Lissette Dávila, madre del niño mártir Alvarito Conrado, asesinado por un francotirador, y con Dilon Zeledón, sin audición del oído derecho debido a las torturas en prisión. Además, fue expulsado de la universidad y borrado su historial académico.

La movilización policial y paramilitar en las calles es permanente. La agresión hacia los sectores que protestan e incluso, hacia la Iglesia Católica, es invariable. En la práctica hay, según calificación de la CIDH, un estado de excepción, de hecho, casi un estado de sitio actualmente.

La represión continúa, especialmente contra los expresos políticos y sus familias. A manera de ejemplo los estudiantes Amaya Coppens, dos veces encarcelada, Byron Estrada, Nahiroby Olivas y la activista Tania Muñoz, son víctimas permanentes de hostigamientos y persecución.

Hay nuevos encarcelamientos, imputándoles falsamente la comisión de delitos comunes. Un caso reciente, Kevin Solís, expreso político, el pasado 6 de febrero fue secuestrado por encapuchados. Inexplicablemente apareció preso en el Chipote donde fue torturado por la policía y trasladado a la cárcel Modelo, donde continúa sufriendo torturas.

El régimen Ortega Murillo obligado por la presión externa e interna ha excarcelado en diferentes momentos a centenares de presos políticos, pero aún permanecen 61 de ellos en las cárceles, sometidos a torturas y malos tratos. Seguiremos exigiendo su inmediata libertad. ¡Ayúdennos a conseguirla!

A la vez, la población en general vive una situación de inseguridad. La violencia y criminalidad se ha exacerbado con femicidios e incremento de la violencia intrafamiliar y las autoridades dedicadas a reprimir, no atienden estas situaciones.

Hay un evidente accionar de los grupos paramilitares, con ejército y policía operando en las montañas, con un impacto letal en la vida de campesinos o miembros de la Ex Resistencia. A la fecha han sido asesinados 45 campesinos en circunstancias no esclarecidas, y no hay ningún indicio de investigación por las autoridades.

Las comunidades indígenas en el Caribe, desde antes del 2018, sufren toda clase de violencia. Dos hechos recientes agravan esta situación: el asesinato de cuatro comunitarios en Alal, territorio Sauni As y una niña de 14 años, originaria de Santa Clara. Fue impactada por una bala que destruyó su dentadura.

La persecución selectiva también se orienta contra líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos. ¡Pero no nos han callado! A pesar de la devolución del papel al diario La Prensa, la libertad de expresión sigue siendo violada; las agresiones físicas a periodistas independientes continúan y persiste el cierre y la usurpación de los bienes a Confidencial y 100% Noticias.

¿Cuál será la solución en Nicaragua?

Daniel Ortega no ha logrado desmontar la resistencia activa de un pueblo que pese a estar intimidado y sin una estructura organizativa unificada, no se rinde. Pero es terrible e incierta la situación que vivimos.

Sin perder la esperanza, no veo una solución a corto plazo y aunque parte de la oposición presentó una propuesta unificada de reformas electorales, ya el régimen Ortega Murillo agendó una reforma unilateral excluyente y no ha informado al Secretario General de la OEA, involucrado en una iniciativa anterior.

Con presos políticos en las cárceles, persecución y represión, no hay condiciones para impulsar un proceso electoral que aporte a rescatar la democracia.

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A casi dos años de lucha y resistencia cívica es necesario valorar algunos logros: ya nada será igual en Nicaragua. Se ha debilitado la pretensión dictatorial de Ortega de perpetuarse en el poder.  El pueblo de Nicaragua con el acompañamiento de la comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos, también ha desmontado la falsa imagen de democracia que el Régimen Ortega Murillo está exportando.

Pero es necesario incrementar las acciones por lo que pedimos a ustedes su apoyo, y pediremos a las Misiones Diplomáticas y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la adopción de una nueva resolución que recoja las recomendaciones anteriores incumplidas por el Estado de Nicaragua y específicamente, la renovación del mandato de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet para que continúe monitoreando e informando al Consejo sobre la grave situación de derechos Humanos en mi país. ¡No nos dejen solos!