La FIDH y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) se encuentran sumamente preocupados por la poca transparencia y decidido intento de minimizar las muertes por parte del gobierno de Nicaragua, mientras que los casos de contagio y fallecidos por covid-19 aumentan exponencialmente en este país

El 18 de marzo Nicaragua registró su primer caso y según la cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), hasta la fecha se han registrado un total de 46 personas fallecidas por el virus. Sin embargo denunciamos que estas cifras no son exactas ni conformes a la realidad ya que contrastan con las presentadas por el “Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua” que contabiliza más de 980 muertes por neumonía y sospechosas por covid-19. 

El Observatorio Ciudadano Covid-19, conformado por un equipo multidisciplinario que realiza vigilancia epidemiológica comunitaria en el país, trabaja con información proporcionada por organizaciones, redes, familiares de personas contagiadas con el virus y la ciudadanía en general, haciendo posteriormente una verificación y control de calidad de la información recibida.

La FIDH y el CENIDH consideran que los datos suministrados por el Observatorio Ciudadano covid-19 evidencian las fallas del gobierno paraofrecer datos reales, transparentes y confiables que puedan ser utilizados para dimensionar el impacto de la pandemia en el país. 

La falta de transparencia del régimen Ortega-Murillo refleja una voluntad de esconder la realidad de las personas que han fallecido a causa del virus y da la percepción que la situación no es grave. Percepción ya creada al negarse a declarar una cuarentena nacional y continuar convocando a concentraciones masivas, exponiendo a los y las nicaragüenses a mayores riesgos que atentan contra su vida. Asimismo, el gobierno hace caso omiso a los diversos llamados de tomar medidas que contengan la propagación del virus, realizadas por las sociedades médicas nicaragüenses, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, entre otras, incluida la falta de respuesta a la petición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de entrar al país para examinar la situación y hacer las recomendaciones pertinentes frente al tema, traduciéndose en un implícito rechazo.

Ante el aumento de casos de covid-19 en el país y la saturación del sistema de salud pública y privada, 34 asociaciones médicas de Nicaragua emitieron un comunicado en el que llaman a los nicaragüenses de forma urgente a unirse a una “cuarentena nacional” voluntaria, la que fue respaldada de inmediato por el CENIDH, haciendo un llamado por medio de su presidenta, Vilma Núñez a atender la cuarentena decretada por las asociaciones médicas, considerando que “es legítima defensa, es un acto de defensa a nuestro derecho a la vida” e impulsando la campaña #YoApoyoAlGremioMédico y #YoMeQuedoEnCasa.

«De igual manera, hacemos un llamado al Estado nicaragüense para que ponga en marcha medidas que permitan un conteo certero y transparente del número de casos de contagio y muerte por covid-19, garantizando una participación y colaboración armónica con la ciudadanía, las asociaciones médicas y organizaciones de derechos humanos del país» 

Jimena Reyes, directora de la Oficina de la Américas de la FIDH. 

La FIDH y el CENIDH reiteran que los Estados deben garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos sus ciudadanos, incluso de las personas privadas de libertad, migrantes en su territorio y los exiliados y connacionales que se encuentran fuera del país. Es particularmente preocupante la salud de los presos y presas políticas con síntomas de covid-19 y que de acuerdo a información de sus familiares no han recibido la atención medica adecuada. 

Más allá de las cifras, las acciones del régimen Ortega-Murillo parecen estar instrumentalizando el covid-19 para seguir acallando las voces políticas disidentes y de oposición. Sumado a esto, persiste la amenaza, el hostigamiento y la persecución a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Personal médico esta siendo amenazado por denunciar y criticar el manejo de la pandemia y obligado a cambiar las causas de las muertes en las epicrisis para ocultar la gravedad de la situación. Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense han denunciado haber recibido amenazas de muerte por teléfono y ser tildados de “terroristas” y “asesinos” por brindar orientación gratuita sobre la actual pandemia.

La FIDH y el CENIDH reiteran sus múltiples llamados al gobierno a cumplir con su deber para garantizar todos y cada uno de los derechos humanos de las y los nicaragüenses.