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Violaciones persistentes de los derechos humanos llevan a nueva condena de la ONU contra Estado de Nicaragua

19 de junio de 2020

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptaron hoy una nueva resolución sobre Nicaragua, condenando las graves violaciones a los derechos humanos y urgiendo a su gobierno a cesar las mismas. Con esta resolución, la comunidad internacional deja claro al Gobierno de Nicaragua que debe abstenerse de actos de intimidación y represalias y que debe garantizar urgentemente la rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas.

Esta importante resolución da continuidad a la ya tomada por el organismo en marzo de 2019 y refuerza el mandato dado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para priorizar el seguimiento de la situación en Nicaragua, quien deberá preparar un informe detallado de la situación de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo los avances y los desafíos, que deberá ser presentado al Consejo, para debatirlo entre los Estados.

De cara a la aprobación de la resolución y cómo un aporte al seguimiento que debe realizar la Alta Comisionada, hoy se publica igualmente el informe “623 días de represión y resistencia: situación de los derechos humanos en Nicaragua 18 de abril 2018 – 31 diciembre 2019” del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH, miembro de la FIDH en Nicaragua, al cumplirse mas de dos años de represión de la población desarmada y graves abusos contra los derechos desde que estalló la crisis en abril de 2018.

El informe señala de forma esquemática las diferentes etapas desarrolladas por el gobierno que ha impuesto en la práctica un estado de excepción permanente:

1) la represión generalizada a la protesta ciudadana;

2) la imposición de un estado de terror y la operación limpieza;

3) la criminalización de la protesta social, detenciones selectivas a expresos políticos;

4) la prohibición de la protesta social, y profanación de tumbas;

5) secuestros exprés, torturas y evidencias de cárceles clandestinas.

Esa represión instalada por el régimen ha llevado al país a altos niveles de inseguridad ciudadana: el régimen ha ignorado la violencia e invasión deliberada que padecen los pueblos indígenas de la Costa Caribe, los asesinatos en las zonas rurales y la violencia en contra de las mujeres, incluidos los feminicidios; y, la estigmatización y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que día a día hacen evidente la terrible situación en el país. Todos estos crímenes se han incrementado,se encuentran en total impunidad, y se han acentuando por la pandemia.

El accionar de los diferentes actores del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA y la Unión Europea, su posicionamiento constante a la crisis ha sido determinante para visibilizarla a nivel de la comunidad internacional, demandando con insistencia al Estado de Nicaragua una solución pacífica, a lo cual se han unido diferentes países que a nivel bilateral han secundado esas demandas y adoptado sanciones para coadyuvar en una pronta solución. La resolución del Consejo de Derechos Humanos refuerza ese posicionamiento y es un aliento para la sociedad civil en Nicaragua que resiste en muy difíciles condiciones la fuerte represión e intimidación por las denuncias y el trabajo que realizan, buscando la verdad, justicia y reparación para las víctimas



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