El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expresa su total rechazo y preocupación ante la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende ejercer control absoluto y totalitario sobre la ciudadanía en general, medios de comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de derechos humanos y Movimientos Sociales, a través del control de todas sus actividades con énfasis en el ámbito político, laboral y económico, estableciendo de esta manera un sistema de espionaje contra las personas que a su arbitrio considere críticas de las políticas gubernamentales, para perseguirlas, criminalizarlas y procesarlas, mediante un estado de terror cuyo ejecutor sería el Ministerio de Gobernación (Migob)

Esta iniciativa de ley, de aprobarse, violaría el derecho a la identidad (reconocido en los arto 25, 26 de la Constitución Política), los derechos políticos (arto 47 de la Cn), también violaría el derecho a la presunción de inocencia (arto 34 de la Cn), derecho de igualdad ante la ley (arto 27 de la Cn), el derecho de asociación (arto 49 de la Cn), el derecho a la cooperación internacional (arto 5 párrafo primero de la Cn), la libertad de expresión (arto 66 de la Cn), el derecho al trabajo, (arto, 57 de la Cn), el derecho a la propiedad (arto 44 de la Cn), derechos reconocidos en  los pactos y tratados internacionales de los que Nicaragua es parte.

A la vez, esta iniciativa de ley revela el propósito represivo de la misma al darle al término “agente extranjero”, una connotación delictiva, vinculándola de manera expresa y por asociación de ideas a la pertenencia a grupos u organizaciones que cometen acciones de espionaje, intervenciones, narcotráfico y otras actividades ilícitas, vulnerando así la presunción de inocencia y cometiendo calumnia.

Además, le da al término agente extranjero una categoría social de personas ligadas o vinculadas a un accionar delictivo, que puede afectar a cualquier persona, estableciendo prácticamente una segregación entre buenos y malos en el país, lo que es discriminatorio y violenta el derecho de igualdad ante la ley, al dejar al criterio discrecional del Migob, calificar a toda persona como agente extranjero, siendo peor aún, obligándoles a autoincriminarse.

Importante recalcar que la promulgación de esta ley violaría el derecho de asociación. Con esta iniciativa el gobierno de Nicaragua se empeña una vez más en limitar los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, visibiliza su incapacidad de aceptar cuestionamientos a su sistema político y las reivindicaciones legítimas de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, sumando a su repertorio de difamación contra quienes promueven y defienden derechos, estigmatizándolos como agentes extranjeros o cualquier otro epíteto y/o etiqueta ofensiva, criminalizante, que permite desacreditar e inclusive judicializar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, exponiéndolas al rechazo y al peligro de una agresión física.

De igual manera, esta iniciativa de ley criminaliza la cooperación internacional, tan indispensable para el desarrollo humano y el trabajo de las organizaciones y otros grupos que acompañan a las y los nicaragüenses en demanda del ejercicio pleno de sus derechos. La Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su arto 2. (a) reconoce explícitamente como derecho fundamental autónomo “solicitar, recibir y utilizar recursos (fondos extranjeros) con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Asimismo, el informe A/HRC/23/39 del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación señala que:“ [...] Todas las asociaciones, estén o no registradas, deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales”.

También, se liquidaría lo que queda de libertad de expresión. En su arto 3, sobre Sujetos Obligados, la propuesta de ley establece que los relacionistas públicos, agentes de publicidad y empleados de servicios de información, también están obligados a inscribirse como agentes extranjeros, lo que significa el exterminio de todos los medios de comunicación independientes creados antes o después del estallido social de abril 2018, que ante la persecución económica y criminal del gobierno Ortega Murillo necesitan de la cooperación solidaria para desempeñar su labor. A los periodistas y consultores independientes (jurídicos, económicos, fiscales, tributarios, técnicos…) no solo se le está violando el derecho a la libertad de expresión sino su derecho al trabajo, a un salario digno e incluso a un nivel de vida adecuada. De igual forma el gobierno pretende legalizar el despojo y la confiscación que es violatoria del derecho de propiedad.

Todos los derechos que de aprobarse la ley serían violentados, están consagrados por los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, mismos que han sido firmados, ratificados por el Estado de Nicaragua e integrados a la Cn en el arto 47. Por tanto, al aprobarse esta iniciativa de ley se estaría violando la Constitución Política y los principios y pactos internacionales de derechos humanos.

El CENIDH llama al pueblo de Nicaragua a no tener miedo, a fortalecer la lucha y las acciones concretas para impedir la aprobación de esta aberrante iniciativa de ley, oponerse a este, es una defensa de los derechos humanos y queda demostrado que ante tanta barbarie y la nula posibilidad de una solución pacífica el gobierno está empujando al pueblo a ejercer su derecho a la rebelión, “como supremo recurso contra la tiranía y la opresión” establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta rebelión debe ser impulsada cívicamente con beligerancia y firmeza. El CENIDH advierte que esta iniciativa de ley que es una nueva agresión, no va a quedar en la impunidad, el pueblo de Nicaragua deberá seguir luchando, para que ni los mentores Ortega Murillo, ni los 70 diputados que firmaron este adefesio jurídico, queden impunes, la justicia tendrá que encargarse de ellos.

Managua 24 de septiembre 2020