El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reconoce el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la 50ª Asamblea General 2020. Agradecemos la decisión de mantener en agenda la grave crisis de derechos humanos de nuestro país, a pesar del insistente rechazo del representante del gobierno de Nicaragua.

Aquí hay que destacar que esta resolución es una derrota diplomática para el régimen Ortega Murillo, prácticamente se quedó aislado en el órgano político más importante del continente, solo obtuvo el acompañamiento de una país del Caribe, en su pretendida decisión de perpetuar su dictadura.

A la vez, agradecemos el respaldo de los Estados que propusieron  y  votaron a favor de la resolución: “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”, consideramos que la misma recoge un número importante de demandas que se han planteado para el fin de la represión y el restablecimiento de la democracia en nuestro país.

Advertimos que las resoluciones de los organismos internacionales por sí solas no terminan con gobiernos dictatoriales, el cumplimiento de estas resoluciones depende de las posibilidades reales que tengan, en este caso, los nicaragüenses para exigir internamente su aplicación, porque es una realidad que el cumplimiento de estas resoluciones se cruza con la voluntad gubernamental.

Sin embargo, la resolución pudo ser más explícita y secundar la tenaz exigencia de todos los nicaragüenses de demandar la libertad inmediata de los presos políticos porque sus vidas corren un grave peligro de muerte en las cárceles del sistema; desactivar las fuerzas irregulares pro-gobierno, que mantienen en conjunto con la Policía Nacional un “estado de excepción de hecho” y en la actualidad están impidiendo la reorganización de estructuras políticas de cara a un posible proceso electoral.

Ante la opción de la OEA de recomendar una salida electoral a la crisis enumerando aspectos a reformar de la ley electoral consideramos que, no debe hablarse solo de una reforma sino de una transformación profunda de todo el sistema, que incluya desde el Consejo Supremo Electoral (CSE), hasta las estructuras de base que están partidarizadas. Si bien, la sugerencia de reformas recomienda que cualquiera de los resultados de un proceso electoral debe ser suficientemente revisado, ésta debe ser a través de un recurso ante un Poder Judicial independiente como lo mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el apartado 254 de su sentencia Caso Yatama vs. Nicaragua, entre otros.

Hacemos un llamado a los organismos de protección de internacional derechos humanos a continuar su monitoreo y acompañamiento a la situación de Nicaragua, y a los Estados democráticos a cumplir con el deber de protección a las personas que dentro de nuestro país se encuentran en una situación de riesgo por el actuar de un gobierno dictatorial.

Esta resolución deja en evidencia el deber que tenemos los nicaragüenses de elevar el nivel de respuesta y de reclamo, asumiendo los riesgos que ello implica, estamos viviendo una dictadura perversa y no son las resoluciones las que harán el cambio, será la decisión del pueblo de Nicaragua, de encabezar la lucha y el CENIDH como organización de derechos humanos seguirá acompañándoles.

Managua 22 de octubre del 2020