El día de hoy la FIDH - Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) publican un informe de más de 70 páginas sobre esta ola de represión y terror. El informe es el resultado de un trabajo de monitoreo, análisis y documentación de la situación del país en el período 2018- 2020.

El informe tiene dos ejes, el primero centrado en el análisis de 113 ejecuciones extrajudiciales de las 328 cometidas en su mayoría entre abril y septiembre 2018 y explica porque estas constituyen crímenes de lesa humanidad. Se muestra el carácter sistemático de estos asesinatos y en particular la coordinación en los operativos que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales entre entidades estatales, y paraestatales como son las milicias orteguistas. También, se detalla cómo fueron creados y organizados estos grupos armados paramilitares que hoy día siguen teniendo un rol de control y represión social.

El informe denuncia también los roles en las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, de Daniel Ortega, presidente de la República, máxima autoridad de gobierno, de las fuerzas de seguridad del país y secretario general del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de la vicepresidenta Rosario Murillo, de Francisco Javier Díaz Madriz, director de la Polícía Nacional de Nicaragua, y de Sonia Castro, exministra de la Salud, esta última por haber dado órdenes para la negación de asistencia médica a las personas heridas en los contextos de ataques a manifestaciones y tranques.

El segundo eje muestra como hasta hoy esos mismos aparatos estatales y paraestatales continúan la represión con una estrategia más selectiva. En 2019 y 2020 los secuestros “exprés” fueron parte de las modalidades de represión, registrándose un promedio diario de 10 casos de secuestros o arrestos ilegales, ejecutados por policías y civiles armados durante el último trimestre de 2019. Los detenidos- arbitrariamente- durante las manifestaciones del 2018 que fueron liberados, sufren incesantes persecuciones y amenazas, por ejemplo, los grupos paramilitares y fuerzas de choque afines al gobierno asediaron y mancharon con pintura las casas de los excarcelados y sus familias, se les niega también el acceso a las universidades para estudiar.

De enero a septiembre 2020, para evitar el COVID el gobierno liberó a más de seis mil personas privadas de la libertad por delitos comunes, sin embargo, los más de cien presos políticos que siguen detenidos no fueron beneficiados de estas medidas y continúan siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos de ellos han sido objeto de condenas arbitrarias y desproporcionadas que van hasta 90 años de cárcel.

El informe también denuncia en los últimos dos años, los asesinatos de indígenas y campesinos cometidos por actores no estatales bajo la aquiescencia estatal.

La represión en 2021 también se expresa con la implementación de un paquete de leyes liberticidas votadas en 2020 que acentúan las restricciones de los espacios sociales y, en particular, la posibilidad de criticar al gobierno, dificultando mucho el trabajo de las ONGs y personas defensoras de derechos humanos, además de obstaculizar la presencia de la oposición en las elecciones de noviembre de 2021.

La FIDH y el CENIDH consideran que Nicaragua no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega Murillo permanecen en la impunidad. La represión debe cesar y los presos políticos deben ser liberados inmediatamente.