Cenidh - Carta conjunta de 16 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales sobre proyecto de resolución 46/L.8 “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

Carta conjunta de 16 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales sobre proyecto de resolución 46/L.8 “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

22 de marzo de 2021

En la 46a sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha compartido su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua[1], en el marco de la resolución 43/2.[2] Tanto las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, como organizaciones internacionales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, consideramos que las graves violaciones y abusos de los derechos humanos documentadas en este nuevo informe, en comunicaciones de Procedimientos Especiales, así como por miembros de la sociedad civil, exigen que el Consejo de Derechos Humanos renueve y refuerce el mandato de la OACNUDH, con la aprobación del proyecto de resolución 46/L.8 “Promoción y protección de los derechos Humanos en Nicaragua”.

El mandato de monitoreo y presentación de informes sigue siendo crítico dado el constante deterioro de la situación de derechos humanos en el país, y la continua negativa del Gobierno de Nicaragua a cooperar en buena fe con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos. La Alta Comisionada en su pasada actualización expresó que "no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018 lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones"[3].

Desde abril de 2018, el país se encuentra sumido en la peor crisis socio-política y de derechos humanos registrada en las últimas tres décadas, la cual ha dejado más de 300 muertos, 2,000 heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas penalmente.[4] La violencia y la represión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios independientes, mujeres, personas LGBTI, indígenas y afrodescendientes continúa. Desde abril de 2018, han sido expulsados 150 estudiantes de instituciones educativas como represalia por su participación en protestas sociales, y más de 103,600 nicaragüenses se han exiliado en la vecina Costa Rica y otros países para huir de la represión.[5] La CIDH ha emitido 63 resoluciones de medidas cautelares a favor de opositores, integrantes de la sociedad civil, periodistas, prisioneros y exprisioneros políticos tras considerar que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y sus vidas se encuentran en riesgo.[6]

A pesar de la liberación en 2019 de más de 100 prisioneros políticos bajo la Ley de Amnistía, el Gobierno de Nicaragua ha seguido deteniendo arbitrariamente y condenando a personas por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica.[7] A marzo de 2021 permanecían en prisión 115 personas por motivos políticos.[8] La práctica de las detenciones arbitrarias por parte del Estado de Nicaragua ha sido confirmada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que además confirmó que el Estado habría incurrido en la práctica de desapariciones forzadas; las alegaciones de tortura y malos tratos merecieron que el Grupo remitiera el caso al Relator Especial sobre la tortura.[9]

Además, Nicaragua ha aprobado recientemente una batería de leyes que criminalizan el ejercicio de los derechos a las libertades de expresión y asociación, causando una reducción drástica del espacio cívico. En octubre de 2020, se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley de Agentes Extranjeros, que fueron objeto de una comunicación suscrita por varios Procedimientos Especiales.[10] El informe de la Alta Comisionada, hace eco también de la aprobación en diciembre 2020 de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y en enero 2021 de la reforma acelerada a la Constitución, para introducir la cadena perpetua para delitos de odio.[11] Finalmente en febrero de 2021, se reformó el Código Procesal Penal para ampliar de 48 horas a 90 días la prisión preventiva sin que medie acusación contra la persona detenida, lo cual como ha expresado la OACNUDHatenta contra la presunción de inocencia[12]. Estas medidas legislativas no cumplen con los criterios de legalidad, necesidad, y proporcionalidad exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A esta situación se suma la grave preocupación ante una posible y previsible escalada de la represión en este año electoral, con elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021.[13]

Adicionalmente, Nicaragua no ha cumplido sino con una de las catorce recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada en su último informe, como lo subrayó la Alta Comisionada en su actualización oral, y desde junio de 2020 no contesta a las comunicaciones de esta Oficina.[14] A pesar del constante monitoreo y pronunciamiento de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que haya un restablecimiento de las garantías democráticas y de derechos humanos en el país[15], el Gobierno sigue sin permitir el retorno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)[16] y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)[17], designados por la CIDH, ni de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expulsados en 2018.

Ante esta situación, saludamos los esfuerzos del proyecto de resolución 46/L.8 para proveer oportunidades claras al Gobierno de Nicaragua de tomar medidas para reanudar una cooperación de buena fe con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular con la OACNUDH y su oficina regional en Panamá, así como con Procedimientos especiales.

Nuestras organizaciones consideran que la situación en Nicaragua cumple con los “criterios objetivos” para la actuación del Consejo de Derechos Humanos (Anexo). Ante ello, la continuidad de un monitoreo reforzado y la presentación de informes por parte de la OACNUDH son críticos para prevenir un continuo deterioro de la situación en el país, y combatir la impunidad por las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos durante y desde las protestas de 2018.

Instamos a los Estados parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) apoyar la adopción por el Consejo de Derechos Humanos del proyecto de resolución 46/L.8 “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”.

Atentamente,

Asociados por lo Justo (JASS) Mesoamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro por la Justica y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Comisión de Verificación y Seguridad

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

International Service for Human Rights (ISHR)

Instituto de Liderazgo de Las Segovias

Instituto Internacional sobre Racismo, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)