Esta carta debe entenderse en seguimiento a la enviada el 22 de julio de 2020 donde las organizaciones abajo firmantes pedíamos al Comité contra la Tortura, así como a los diferentes comités que iban a revisar Nicaragua en 2020, que no pospusieran las revisiones ya convocadas y se exploraran maneras de llevar los diálogos con el Estado de manera virtual. En este mismo sentido, en octubre de 2020, distintas organizaciones de la sociedad civil hacían también un llamado a los órganos creados en virtud de los tratados, pidiendo además un plan de contingencia que permita a las organizaciones prepararse para revisiones y estar informados de cualquier cambio con la suficiente antelación.

Desde entonces las organizaciones de la sociedad civil hemos venido mostrando nuestra preocupación ante el vacío de protección que los aplazamientos de las revisiones de país están generando en el marco de la crisis derivada de la pandemia COVID-19. Consideramos que es especialmente en estos momentos, cuando la labor de monitoreo independiente de las obligaciones legalmente vinculantes, como las contraídas por Nicaragua al suscribir la Convención contra la Tortura, se tornan más fundamentales.

Este mes de abril se cumplen tres años desde el inicio de la peor crisis socio-política y de derechos humanos registrada en las últimas tres décadas en Nicaragua, la cual ha dejado más de 300 muertos, 2,000 heridos y más de mil personas detenidas arbitrariamente y procesadas penalmente. Cabe destacar ante este Comité que la tortura y los malos tratos han sido alegados y documentados en un número muy amplio de estos casos, ya sea en contexto bajo custodia o en el contexto de represión de protestas y otras situaciones al margen de la detención.

Más de 150 estudiantes han sido expulsados de instituciones educativas, y al menos 405 profesionales de la salud han sido despedidos también como represalia por su participación en protestas sociales y oposición al gobierno.20 Miles de personas, entre ellos al menos 90 periodistas de medios independientes, se han visto obligados a huir del país y refugiarse en países vecinos para proteger su vida.

La CIDH ha emitido 66 resoluciones de medidas cautelares a favor de opositores, integrantes de la sociedad civil, periodistas, prisioneros y exprisioneros políticos tras la consideración de que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y sus vidas se encuentran en riesgo.

La violencia y la represión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios independientes, mujeres, personas LGBTI, indígenas y afrodescendientes continúa. Después de la liberación en 2019 de más de 100 prisioneros políticos bajo la Ley de Amnistía, el Gobierno de Nicaragua ha seguido deteniendo arbitrariamente y condenando a personas por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica. A marzo de 2021 permanecían en prisión 115 personas por motivos políticos. La práctica de las detenciones arbitrarias por parte del Estado de Nicaragua ha sido confirmada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que además encontró que el Estado habría incurrido en la práctica de desapariciones forzadas. Asimismo, las graves alegaciones de tortura y malos tratos de las personas privadas de libertad merecieron que el Grupo remitiera los casos al Relator Especial sobre la Tortura.

Adicionalmente, la situación de violencia sistemática y generalizada que se vive en el Caribe Norte nicaragüense, territorio tradicional de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con aquiescencia y también el actuar directo de las autoridades del Estado, que ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado, despojo de tierras así como la explotación de recursos naturales, está llegando a límites que las organizaciones de la sociedad civil consideramos pueden ser calificados como tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

A esto se suma la batería de leyes que el gobierno de Nicaragua ha aprobado recientemente y que criminalizan el ejercicio de los derechos a las libertades de expresión y asociación, causando una reducción drástica del espacio cívico. En octubre de 2020, se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley de Agentes Extranjeros, que fueron objeto de una comunicación suscrita por varios Procedimientos Especiales.27 El informe de la Alta Comisionada, hace eco también de la aprobación en diciembre 2020 de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y en enero 2021 de la reforma acelerada a la Constitución, para introducir la prisión perpetua para delitos de odio.28 Finalmente en febrero de 2021, se reformó el Código Procesal Penal para ampliar de 48 horas a 90 días la prisión preventiva sin que medie acusación contra la persona detenida, lo cual como ha expresado la OACNUDH atenta contra la presunción de inocencia. A esta situación se añade la grave preocupación ante una posible y previsible escalada de la represión en este año electoral, con elecciones nacionales previstas para noviembre de 2021.

En la pasada sesión del Consejo de Derechos Humanos, se renovó y reforzó el mandato de monitoreo del Consejo a través de la aprobación de la resolución 46/2.31 Debido al constante deterioro de la situación de derechos humanos en el país, y la continua negativa del Gobierno de Nicaragua a cooperar en buena fe con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, la labor de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos es crítica para prevenir un mayor deterioro de la situación en el país, y combatir la impunidad por las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos durante y desde las protestas de 2018.

En esta labor, la revisión del Comité contra la Tortura es un momento clave para exponer el trabajo de documentación de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, superar la impunidad, la falta de acceso a la justicia y reparación de miles de víctimas así como para urgir la adopción de reformas institucionales urgentes en materia de prevención y protección frente a la tortura en un contexto de extrema vulnerabilidad exacerbada por la pandemia COVID-19. Entendiendo la actual situación de crisis derivada del COVID-19, las organizaciones abajo firmantes queremos hacer un llamado especial sobre la situación en Nicaragua y la importancia de contar con las observaciones finales del Comité contra la Tortura que evalúen el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por Nicaragua y guíen al Estado, a la comunidad internacional y a la sociedad civil en la superación de esta grave crisis. Por ello solicitamos atentamente que no se posponga la revisión de Nicaragua (programada para la sesión 71 (12 julio-30 de julio de 2021) y se explore la manera de llevar los diálogos con el Estado, ya sea de forma presencial o si no fuera posible invitando al Estado parte a mantener el diálogo de forma virtual.

Organizaciones firmantes:

1. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

2. Centre for Civil and Political Rights (CCPR)

3. Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua

(CEJUDHCAN)

4. Center for Justice and International Law (CEJIL)

5. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

6. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras)

7. Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS)

8. International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality)

9. Juntos Somos un volcán

10. Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

11. World Organisation Against Torture (OMCT)

12. Organización Víctimas de Abril (OVA)

13. People in Need

31 ONU-Consejo de derechos Humanos, Resolución 46/2: sobre la protección y promoción de los derechos humanos

en Nicaragua, 23 de marzo 2021.

32 Carta ONGs. El Consejo de Derechos Humanos debe garantizar la continuidad y el esfuerzo del monitoreo de la

situación de los derechos humanos en Nicaragua, 3 de febrero 2021.

14. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

15. International Service for Human Rights (ISHR)

16. Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)

17. Unidad de Registro (UDR)

18. Unidad Nicaragüense de California