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Detención arbitraria de integrantes de la Asociación Madres de Abril

LLAMADO URGENTE Defensores de derechos humanos Nicaragua

29 de abril de 2021

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Nicaragua.

 

Descripción de la situación:

 

El Observatorio ha recibido información sobre la detención arbitraria de Francys Valdivia Machado, presidenta dela Asociación Madres de Abril (AMA), junto a su madre Francisca Machado y otros integrantes de AMA, Stephanie Martínez, Marcus Silva y Ana Rivera. AMA es una unión de madres y familiares de los asesinados por la represión estatal en Nicaragua en 2018 creadapara exigir justicia, verdad y reparación por estos crímenes, en su mayoría cometidos por fuerzas policiales y estructuras paramilitares afines al gobierno.

 

El 20 de abril de 2021, en la ciudad de Estelí, noroeste de Nicaragua, agentes de la Policía Nacional arrestaron violentamente a Francys Valdivia Machado, Francisca Machado, Stephanie Martínez, Marcus Silva y Ana Rivera durante un acto de conmemoración en memoria de Franco Valdivia Machado, hermano e hijo de la Sra. Valdivia y la Sra. Machado, respectivamente, que fue asesinado el 20 de abril de 2018. La Sra. Francisca Machado fue liberada en un primer momento y los demás integrantes de AMA fueron retenidos durante una hora en la Estación de Policía de Estelí y amenazados verbalmente. La Policía los excarceló debido a la presión y esfuerzos de la sociedad civil.

 

El Observatorio subraya que la Sra. Francisca Machado, de más de 50 años de edad, fue agredida y golpeada por la Policía en el momento del arresto, dejándole señales visibles en su cuerpo. La Sra. Francys Valdivia, por su parte, fue sometida a malos tratos durante su detención, incluyendo desnudo forzoso y manoseo en el momento en el cual la policía le solicitó cambiarse de ropa para ponerse el uniforme carcelario.

 

El 19 de abril de 2021, agentes de la Policía Nacional rodearon y hostigaron a un grupo de defensoras integrantes de AMA de las regiones Masaya y Carazo cuando se encontraban en la parada de autobuses frente a la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, saliendo de un evento conmemorativo. Los policías les decomisaron los libros conmemorativos publicados por AMA para demandar verdad, justicia y reparación por los asesinatos durante la represión de abril de 2018. Los funcionarios de la policía revisaron sus pertenencias y las amenazaron con llevárselas, así como indicándoles que tenían sus direcciones.

 

El 22 de abril de 2021, AMA y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) cancelaron una reunión organizada con el fin de denunciar el hostigamiento de los días anteriores, debido a que durante dos horas la policía asedió las instalaciones del CENIDH, obstaculizando el ingreso de los periodistas interesados en cubrir la actividad. La reunión debió sostenerse de manera virtual. Este suceso pone en evidencia una vez más el socavamiento de los procesos de documentación y denuncia de la sociedad civil nicaragüense por parte de las autoridades.

 

En este sentido, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario del inicio de las protestas cívicas en Nicaragua, los ataques a personas defensoras y a organizaciones de derechos humanos han incrementado de manera preocupante. En lo que respecta a las mujeres defensoras, entre el 14 y el 17 de abril de 2021, al menos 75 de ellas y sus familias fueron víctimas de hostigamiento.

 

El Observatorio rechaza contundentemente los actos de hostigamiento y agresiones contra la membresía de AMA y exige medidas inmediatas para proteger la vida e integridad física y psicológica de las y los integrantes de AMA.

 

El Observatorio urge las autoridades nicaragüenses a poner fin a todos actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, a las detenciones arbitrarias, e insta al gobierno de Nicaragua apoyar y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo como personas defensoras de los derechos humanos.



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