Washington D.C., 23 de junio de 2022-. En una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a trece personas presas políticas, realizar una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Entre estas personas figura Jorge Hugo Torres Jiménez, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero, y por el cual el Grupo de Trabajo pide una investigación específica que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió.

El Grupo de Trabajo solicitó que la liberación de las otras trece (13) personas presas políticas que permanecen con vida sea absoluta, y que se les conceda a ellas y a las personas beneficiarias de Torres Jiménez, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Las trece personas cuya libertad solicita el Grupo son defensoras y defensores de derechos humanos, precandidatos a la presidencia, lideresas feministas, dirigentes políticos, periodistas y empresarios: Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Daysi Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Argüello, Suyen Barahona Cuan, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Luis Rivas Anduray, Miguel Mora Barberena, Miguel Mendoza Urbina y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

En su opinión, el Grupo de Trabajo explicó que sus detenciones son de carácter arbitrario porque contravienen ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante; y se inscriben en cuatro (I, II, III y V) de las cinco categorías, según sus Métodos de Trabajo.

No hay fundamento jurídico que justifique las detenciones. Estas personas fueron arrestadas por oficiales de la Policía Nacional acompañados de civiles armados, o por otras fuerzas coercitivas del Estado excesivamente armadas, sin orden y justificando el arresto con la supuesta comisión de un delito, pero sin antes haberles informado de las vías judiciales para impugnarla. Además, todas las detenciones fueron violentas y bajo amenazas. Incluso, en varias ocasiones había personas menores de edad presentes.

Sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al gobierno actual, que han trabajado en favor del cambio democrático y la defensa de los derechos humanos, no expresen sus opiniones ni participen en la vida pública.

Las personas detenidas tampoco fueron presentadas inmediatamente ante un juez, sometidas a prisión preventiva automática y estuvieron incomunicadas por al menos un mes, sin contar con la asistencia y comunicación confidencial con sus abogadas y abogados defensores. Lo anterior constituye una violación al derecho a tener contacto con el mundo exterior. Asimismo, se están incumpliendo las Reglas Nelson Mandela y principios del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”. Estas personas han sufrido impacto en su salud producto de la carencia de alimentación, higiene, sanidad, camas apropiadas, falta de abrigo y atención médica especializada.

Finalmente, el Grupo de trabajo hizo énfasis en la discriminación ejercida contra las personas defensoras de derechos humanos con posiciones y opiniones políticas expresadas públicamente, y expuso que estas detenciones fueron efectuadas para imposibilitar que integrantes de grupos políticos opositores al Gobierno participen en la vida pública del país.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) respaldamos plenamente el llamado del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para que las personas prisioneras por motivos políticos sean liberadas, en particular su petición para que el régimen de Nicaragua realice investigaciones exhaustivas e independientes sobre sus condiciones de detención y la lamentable muerte del General en retiro, Hugo Torres.

Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, y la liberación inmediata y sin condiciones de las más de 190 personas privadas de libertad por motivos políticos. Son inocentes y fueron arrestadas por ejercer derechos humanos como el derecho a la protesta cívica, la libertad de expresión y asociación, entre otros.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas presas políticas, que como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes; y son especialmente alarmantes para las personas adultas mayores, mujeres y personas con padecimientos crónicos que no están recibiendo atención médica especializada.

Recordamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su última actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, pidió a las autoridades nicaragüenses “asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, les instó para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención; y recordó que, de acuerdo a la normativa nacional vigente, todas las personas detenidas adultas mayores o que tienen enfermedades graves deberían encontrarse en detención domiciliaria.

Finalmente, ponemos a disposición nuestra colaboración  para que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos continúen monitoreando, documentando y promoviendo la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua.