Washington D.C., 27 de junio de 2022-. El pasado 24 de junio, en una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a favor de 60 personas nicaragüenses, entre las cuales figuran 44 personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, Comisionadas y Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron  su preocupación ante los actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sometidas las personas beneficiarias. Al respecto, el comisionado  Joel Hernández expresó que  son “claramente personas presas políticas, que han sido detenidas por alzar la voz en una sociedad en la que se han cerrado todos los espacios democráticos".

La Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, expresó su profunda “angustia” ante la negativa del régimen de Ortega y Murillo de dar respuesta a las solicitudes de información sobre la situación de las personas detenidas“Las respuestas no han sido efectivas, no hay respuestas del Sistema (de Justicia) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas). Y cuando digo la vida, digo su integridad física, su salud mental, su salud psicológica, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura”.

Arosemena solicitó a la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, un trabajo en coordinación con la Comisión para emitir un comunicado de prensa que identifique la situación específica de salud de las personas beneficiarias y la falta de atención médica.

Las autoridades de la CIDH recordaron que el Estado debe abstenerse de ejercer represalias en contra de las personas participantes de la audiencia, las personas beneficiarias de las medidas cautelares y sus familiares.

Organizaciones representantes denuncian “absoluta falta de implementación de las medidas”

Las seis organizaciones de la sociedad civil, representantes de las personas beneficiarias de medidas cautelares, enfatizaron ante la Comisión la absoluta falta de implementación de las medidas por parte del Estado nicaragüense y la gravedad de la situación en la que se encuentran las personas presas políticas en las diferentes  cárceles del Sistema Penitenciario del país. Además, urgieron a la CIDH pedir la liberación inmediata de estas personas, pues “sólo esto permitirá evitar que se sigan materializando los daños a su salud y a su integridad personal” que ponen en alto riesgo sus vidas.

Carmen Herrera, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), señaló que de 60 personas beneficiarias, 44 personas continúan  privadas de libertad por ejercer sus derechos a la protesta cívica, la libertad de expresión y de reunión pacífica. Sólo 7 de estas personas han sido excarceladas, a pesar de lo cual, continúan expuestas a riesgos. Asimismo, denunció que sus detenciones fueron muy violentas, a tal punto de causar lesiones físicas que no han sido tratadas adecuadamente, y “los procesos de criminalización que han enfrentado no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso”.

Por otro lado, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que las personas beneficiarias se encuentran arbitrariamente privadas de libertad en condiciones de insalubridad y que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ruiz explicó que las celdas de detención  están plagadas de insectos, no existen servicios higiénicos, tan sólo un orificio en el piso, el acceso al agua potable no es permanente, hay ratas que dañan los alimentos, entre otros aspectos que configuran ambientes insalubres que impactan a las personas presas.

Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que se ha documentado que dos de las beneficiarias de medidas son mujeres, Karla Escobar y María Esperanza Sánchez. Estas, como las demás presas políticas, enfrentan condiciones de privación de libertad incompatibles con la dignidad humana, cuyos impactos se ven agravados por razón de su sexo. Enfrentan graves problemas de salud, entre los que se encuentra la hipertensión, problemas de carácter ginecológico, crisis de asma y estados depresivos que no están siendo atendidos. Igualmente, enfrentan hostigamiento y agresiones físicas de las presas comunes con las que comparten celda y que son toleradas o incluso motivas por las autoridades penitenciarias.

Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” expresó que “la tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada”. La organización ha documentado que durante los últimos 6 meses, personas presas políticas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida e incluso de “quitarles a sus hijos”. Estos malos tratos se extienden a sus familias. “Se han registrado tocamientos excesivos en su contra, particularmente mujeres, niñas y adolescentes”.

En su intervención, Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), explicó que el deterioro de la salud de las personas presas políticas es de carácter sistemático y especialmente alarmante para las organizaciones y familiares porque “ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreversibles”. Además, expuso que se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, pero no se ha obtenido ninguna respuesta positiva “debido a que las autoridades de los Sistemas Penitenciarios, en ocasiones, no reciben los oficios judiciales y en otros casos, pese a recibirlos, no los acatan”.

Finalmente, en voz de Camila Ormar del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las organizaciones solicitaron a la Comisión ordenar al Estado de Nicaragua que, mientras surten efecto los trámites administrativos para la liberación de las personas presas políticas, garantice condiciones dignas de detención, y facilite su contacto con familiares y defensores. Igualmente, pidieron a la CIDH que requiera a Nicaragua que permita el ingreso de una delegación para constatar la implementación y efectividad de las medidas.