Sigue imparable la represión indiscriminada del régimen Ortega Murillo en contra de las y los nicaragüenses. Hacemos especial énfasis en la última sentencia condenatoria que dictó la jueza Nadia Tardencilla en contra de los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Diaz, Raúl Vegas, los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas, a quienes la policía mantuvo secuestrados junto con Monseñor Rolando Álvarez en la curia episcopal de Matagalpa, desde el 4 hasta el 19 de agosto de 2022.

Estos siete miembros de la Diócesis de Matagalpa han permanecido desde ese 19 de agosto —en que fueron trasladados a Managua— encerrados en las ergástulas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como el nuevo Chipote, padeciendo las mismas condiciones infrahumanas que sufren todas las personas presas políticas que se encuentran en dicho lugar, bajo tortura permanente, torturas que ya han sido ampliamente documentadas y divulgadas, pero no nos cansaremos de repetir y señalar quiénes son los responsables directos e indirectos de tanto dolor: el régimen Ortega Murillo y sus operadores concernidos.

Con esta última sentencia quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente y el llamado Poder Judicial, al estar contraviniendo lo que dicen las leyes y actuando contra ley expresa, incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la República de Nicaragua, por los que deberán ser juzgados.

Los artículos 46, 47 y 66 entre otros del Código Penal vigente establecen cuáles son las penas, la naturaleza de las mismas, cómo estas se aplican y las cataloga en penas principales y accesorias. En este caso sucede que la juez impone las penas de prisión que supuestamente merecen los delitos atribuidos a los sacerdotes; cinco años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y cinco años por supuesta Propagación de noticias falsas, más la aplicación de 800 días multa.

Pero la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional es la inhabilitación absoluta DE POR VIDA para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos. Según el artículo mencionado estas son penas accesorias que no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los diez años que la juez Tardencilla, famosa por sus aberraciones y su docilidad delictiva les ha aplicado.

Para CENIDH esto es una afrenta al derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua.

Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la Diócesis de Matagalpa, esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces, a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando sentencias firmes de las siguientes formas:

“Adiciónese la sentencia número XX…”, “Téngase al condenado… como traidor a la patria en consecuencia se inhabilita de forma perpetua para…”; violando expresamente los artos. 55 y 56 del Código Penal que invocan, ya que dichos artículos señalan el tiempo de duración de estas “penas privativas de otros derechos”, por lo que jamás se pueden aplicar de forma indefinida.

Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con la agravante de que los jueces a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido y es el colmo que no solo lo están haciendo con aquellas sentencias que todavía no han sido enviadas a la instancia superior por los recursos de apelación interpuestos, incluso se están modificando delictivamente otras que están o han sido falladas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Denunciamos ante el mundo esta barbarie jurídica, esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país, es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata.

Managua Nicaragua 7 de febrero 2023