El presente informe elaborado en junio del presente año recoge las opiniones de diferentes actores locales del municipio de Rancho Grande y Matagalpa en relación al Proyecto El Pavón Rancho Grande promovido por la empresa minera B2GOLD. Asimismo, incluye las consideraciones del CENIDH  sobre el referido proyecto minero.

Contexto:

La explotación minera no es una situación coyuntural sino intrínsecamente ligada a la historia de Nicaragua. Países con abundancia de biodiversidad y minerales como el nuestro resultan atractivos  para que las empresas trasnacionales establezcan sus centros de operación dedicados a la extracción a mediana y gran escala. En tal sentido un estudio del Centro Humboldt[1] revela que en la última década, el gobierno impulsó un plan de expansión minera basado en la explotación de oro y la plata, destinada en su mayoría para la exportación. Igualmente, desarrolló normativas para flexibilizar el marco jurídico en esta materia y de esta manera favorecer a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Este clima favorable para las inversiones mineras en Nicaragua se refleja en el incremento de la superficie concesionada para la explotación pasando en los últimos años (2009-2012) de  6% a 11 % del territorio nacional[2]. Según el Centro Humboldt, el Gobierno de Nicaragua fomenta la minería a nivel internacional, sin tener en cuenta que esta actividad extractiva genera únicamente del 3% “en regalías” y sólo aporta el 1.8% al Producto Interno Bruto (PIB), unos cuantos miles de empleos precarios y el deterioro del ambiente, principalmente del recurso hídrico, inutilizando importantes áreas permanentemente y exponiendo a muchísimas personas a situaciones de riesgo por el derrame de sustancias químicas peligrosas, entre otros[3].

Indudablemente este tipo de proyectos traen consigo impactos económicos, ambientales y sociales que van desde el desplazamiento de comunidades hasta poner en peligro los ecosistemas naturales. Al respecto, dicho estudio concluye que sin una adecuada participación ciudadana en la toma de decisiones y una planificación a largo plazo, es inevitable que éstos repercutan en detrimento de sitios que son ricos en diversidad de especies de flora y fauna.

Por su relevancia este un problema que debe discutirse a todos los niveles, pues sus consecuencias no se limitan al sitio de la extracción sino que trastocan el equilibrio ambiental, más aun si se considera el interés que ha despertado este tema debido a los altos precios del oro en el mercado internacional. 

Actualmente, el oro es uno de los primeros productos de exportación. Según estimaciones del Centro de Trámites para las Exportaciones CETREX para el 2013 Nicaragua espera exportar de US$450 a US$470 millones en oro en bruto, lo que representa un aumento del 4.2% al 8.8% más que el 2012, cuando se alcanzó la suma de US$431.9 millones[4].

Este aumento sostenido, pues en 2012 las exportaciones de oro en bruto alcanzaron los US$431.9 millones, cantidad superior en 18.6% a los obtenidos en el 2011, cuando aportaron US$364.1, refleja el auge en el sector y es producto del apoyo del gobierno a estas  inversiones tal y como se desprende de su participación el 3 de marzo de este año en la mayor feria internacional minera del mundo, PDAC (siglas en inglés de la Asociación de Prospectores y Promotores de Canadá), realizada en Toronto con la presencia de varios países latinoamericanos y cuyo eje central se centró en la búsqueda de inversiones[5].

Según Pablo Venturo, Gerente de B2GOLD Nicaragua durante el 2012 la Mina La Libertad y Mina El Limón lograron batir records de producción  generando aproximadamente 157,885 onzas de oro. No obstante, la bienandanza del sector no se traduce en la mejoría de las condiciones de vida de la población donde se encuentran los yacimientos de este mineral. Diferentes organismos señalan que la explotación minera no ha significado un mejoramiento sustantivo en las condiciones de vida de las zonas donde operan. Las regiones donde se registra actividad minera se constituyen en áreas con altos niveles de pobreza extrema.

Contrario al discurso de las transnacionales mineras, enfocado en el desarrollo y beneficio de las comunidades aledañas a los yacimientos, los casos de Santo Domingo Chontales y la
Comunidad Santa Pancha en Larreynaga León, documentados por el CENIDH en Informes del 19  febrero del 2013[6]y 28 de febrero de 2013[7], evidencian un deterioro de las condiciones ambientales, de las formas de vida históricas y de la  paz social reflejado en las protestas de los mineros artesanales quienes además fueron víctimas de persecución, detenciones masivas y arbitrarias por parte de funcionarios policiales.

En  Santa Pancha, donde perdió la vida Blanca Aracely Sánchez Valdivia de 28 años de edad con ocho meses de embarazo a raíz del  hundimiento de su casa de habitación, además de la criminalización de la protesta social de los pobladores que exigían mayor seguridad, viviendas dignas y un ambiente seguro, el caso sacó a luz las afectaciones severas al entorno en las áreas explotadas.

Antecedentes:

El 21 de marzo de 2013 el CENIDH a través de los medios de comunicación tuvo conocimiento que unas cinco mil personas, según cálculos de la Policía Nacional, marcharon en el Municipio de Rancho Grande en contra de la empresa minera B2GOLD, transnacional canadiense, interesada en la explotación minera a cielo abierto en la comunidad de Yaoska, ubicada a unos veinte kilómetros del municipio, zona caracterizada por poseer las principales fuentes de agua de la comunidad y un ecosistema virgen.

Esta marcha fue la tercera desde 2010 cuando la B2GOLD adquirió la concesión de explotación de oro y contó con el respaldo de población campesina, organizaciones de la Sociedad Civil, Iglesia Católica y Evangélica así como diferentes partidos políticos. A través de los medios de comunicación se conoció que la empresa se encuentra en la segunda fase del proyecto denominado: “El Pavón en Rancho Grande” que consiste en la obtención del permiso social de la población y autoridades locales (“aval social”) el cual es requisito para avanzar a las siguientes etapas del proyecto.  

Asimismo, se conoció a partir de folletos y documentos obtenidos en la oficina de la empresa minera en Rancho Grande que el área de influencia del proyecto son: Comunidad Yahoska Abajo; Comunidad El Portillo; Comunidad Yahoska Las Victorias; Comunidad Yahoska Arriba; Comunidad Las Brisas; Comunidad Las Brisas Babaska; Comunidad el Pájaro; Comunidad Mancara; Comunidad El Achiote.

En virtud de lo expuesto, un equipo del CENIDH Filial Matagalpa se trasladó a la zona los días 8 y 17 de abril del 2013 donde logró recabar información, entrevistar a actores claves y conocer in situ el sentir de la población para posicionarse respecto a una problemática ambiental con un fuerte impacto  social.

Aspectos socioeconómicos del municipio de Rancho Grande:

Previo  la exposición de las diligencias y consideraciones del equipo del CENIDH  es preciso contar con un breve marco referencial del municipio de Rancho Grande a fin de comprender mejor el contexto social en el que se desarrolla el proyecto de explotación minera.  

El municipio de Rancho Grande está Compuesto por 22 comarcas incluyendo su cabecera Municipal[8].  Su población, en su mayoría rural y de vocación agrícola produce fundamentalmente cacao, café, granos básicos y ha desarrollado una incipiente ganadería. Actualmente cuenta con una población estimada entre 28, 000 a 35, 000 habitantes en su mayoría en condiciones de pobreza. Según el Mapa de la Pobreza[9]la población estimada en 1995 era de 17, 050 habitantes con un número de pobres de 13.651, de los cuales el 97 % se encontraba en áreas rurales, con 7,028 personas en extrema pobreza para un porcentaje del 41.2 % en esta condición. Esta situación no ha variado significativamente pues a partir de datos obtenidos del censo 2005 se ubicó en el Mapa de la Pobreza a Rancho Grande en la categoría de municipios con pobreza severa, es decir, con una alta incidencia de pobreza extrema[10].

Rancho Grande al igual que la mayoría de los municipios del Centro y del Caribe se ha caracterizado por poseer grandes extensiones de bosque y una población en su mayoría rural es víctima del abandono estatal que se refleja en la precariedad de sus vías de acceso, ausencia de infraestructura básica, servicios deficientes de salud y educación y en la débil  presencia de los operadores de justicia. Según informaciones obtenidas en la policía,  este municipio de 648 Km2 cuenta con 16 policías de los cuales 8 son voluntarios, carece de un fiscal permanente el que existe solo llega una vez por semana, además de carecer de la representación de las instituciones del Estado, lo que deja en evidencia el olvido gubernamental.   

Es en este contexto de falta de oportunidades que surge el Proyecto Minero Pavón da esperanza. A continuación extracto de testimonio de Reina Sandoval habitante de la Comunidad Mancera en Rancho Grande[11]: “Opino que haya trabajo porque cuando ellos (B2Gold) están hay trabajo, ese tuquito de casita que hice (señala la pequeña casa de madera) la hice porque trabajamos ahí, ellos nos ayudaron. Aquí había niños enfermos (y) ellos los llevaron hasta Managua. ¿Aquí quién nos da esa ayuda, ese provecho? Solo ellos. Aquí si hay un niño enfermo ya uno corre para donde ellos ‘fíjese que tengo un niño enfermo’ y adonde esté ellos lo van a sacar y los gastos van pagados ¿y entonces, si nadie nos ayuda aquí qué vamos a hacer? Aquí vienen alcaldes (y) un plan techo no lo regalan. Aquí se van por distingo de política: ‘que el fulano es tal cosa, no le vamos a dar nada’ y ellos (minera) no vienen viendo distingo de colores. Si un sandinista, un liberal, un conservador, ellos le ayudan”. Este testimonio evidencia la situación en que viven muchas familias de este municipio así como la deuda del Estado  en relación a los derechos económicos sociales y culturales de la población.

Pese a la realidad social de exclusión y el abandono gubernamental en contraposición al discurso de desarrollo de la B2GOLD, la oposición a la minería en Rancho Grande es mayoritaria no solo desde aquellos organizados en algún espacio sino también de la población en general quienes ven en ese tipo de proyectos un peligro de cara a la conservación de los recursos naturales sobre todo hídricos.

Diligencias realizadas por el CENIDH:

Entrevista a actores claves individuales, representantes de instituciones y organizaciones, apartado que constituye un panorama  de expresiones y opiniones  relacionas al proyecto minero.

Entrevista a Pablo Espinoza, Sacerdote de la Parroquia de Fátima de Rancho Grande y a Isidro Mora, Vicario General de la Diócesis de Matagalpa.

El sacerdote manifestó que el autorizado para brindar declaraciones en ese sentido era el obispo de Matagalpa en representación de la Diócesis de Matagalpa y que la posición de la iglesia Católica en relación al tema de la minería fue expuesta en carta pastoral de la curia episcopal, firmada por más de cuarenta sacerdotes, en la que se pronuncian en contra de la minería, y como sacerdote lo que hacía era representar el sentir de la población en general. El sacerdote Espinoza agregó que como iglesia participaron en conjunto con otras organizaciones en actividades contra la explotación minera y que actualmente realizan un trabajo de concientización con los líderes comunales.

Atendiendo la recomendación del sacerdote Espinoza en el mes de mayo, el CENIDH se  reunió con un representante de la iglesia Católica de la Diócesis de Matagalpa a fin de conocer la posición y el trabajo que está realizando la iglesia con sus bases en las comunidades afectadas con el proyecto minero, el vicario compartió que la iglesia está en contra de este tipo de proyectos pues están comprobadas  las graves afectaciones al medio ambiente y a la calidad de vida de los pobladores de las zonas adyacentes. Expresó que no creen en el discurso de minería responsable y en las promesas de desarrollo de estos proyectos ya que son condiciones no sostenibles  a largo  plazo, siendo el coste muy alto en relación a los supuestos beneficios.

Manifestó sentirse confiado en que este proyecto no se desarrollará debido a la oposición de la población de Rancho Grande.  El vicario compartió la Carta Pastoral en la que en sus partes conducentes se lee: “Estas actividades mineras generan dispersión y exposición de sustancias, materiales, productos químicos y residuos de diversa naturaleza y volumen (tales como, cianuro de sodio, plomo, mercurio, uranio y arsénico), que contaminan directamente por infiltración los recursos hídricos”. En dicha carta se demanda al gobierno negar el permiso para obras de minería en Rancho Grande, así mismo hacen un llamado a los pobladores, funcionarios de gobierno y de organizaciones a resistir cualquier propuesta económica que violente su libertad de conciencia.

Entrevista al señor Alfredo Zamora Ex alcalde Rancho Grande, actual concejal del Partido Liberal Independiente PLI.

El concejal Zamora manifestó que la posición de la bancada en pleno del PLI  conformada por 10 concejales y los 2 concejales del PLC  está en contra del proyecto minero de la B2GOLD  por los daños que ocasionará al ambiente. Además, agregó, que aunque en un inicio tanto sandinista como liberales estaban en desacuerdo no duda que el conflicto político actual en este municipio[12] tenga un trasfondo en una eventual autorización del proyecto minero por parte del Concejo Municipal ya que anteriormente la alcaldesa María Isabel González Amador se pronunciaba expresamente en contra del proyecto, sin embargo actualmente tanto ella como los concejales sandinistas guardan silencio al respecto.

Refirió tener conocimiento que la empresa minera está financiando pequeños proyectos de entrega de semilla y otros micro proyectos con alcance reducido, esto para lograr el apoyo de la población. No obstante, considera que todavía el rechazo es fuerte, pues el pueblo de Rancho Grande está claro de las graves afectaciones a la vida en toda su dimensión con este tipo de proyectos.

Entrevista a Licenciada Margarita Serrato, Técnica de la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal  (ADDAC).

A partir de la entrevista con la Licenciada Serrato, el CENIDH conoció la posición de esta organización, su articulación con otras instituciones y organizaciones y el trabajo que realizan en torno al tema de la minería, ella manifestó: “Hemos organizado el grupo Guardianes de Yaoska, con la  participación de la Alcaldía, Policía, el MINSA, la casa Materna, Ministerio de Educación, Movimiento Comunal entre otros...  Esta lucha cuenta con el apoyo de la totalidad de los actores locales…”. Asimismo, compartió las acciones sobre todo de información y sensibilización realizadas a nivel local, nacional e internacional. De igual modo, denuncio que la empresa minera no permite el ingreso a la zona donde se hará la explotación.

En relación a los métodos de convencimiento de la empresa minera señaló: “…La empresa lleva  a grupos pequeños hacia los lugares donde tienen minas a fin de mostrarle parte bonita del proyecto. Acá hicieron una casa y estuvieron dando granos los que la gente acepta por necesidad, pero no están a favor de la minería. En realidad lo que dan  es poco, la gente que anda promoviendo la minería no lo hacen por convencimiento sino por el apoyo económico que reciben”. 

Finalmente, la licenciada Serrato expresó: “…La gente está bien organizada y motivada en torno al tema, tenemos conocimiento de gente que es muy pobre a quienes le han ofrecido dinero por su parcela, pero se han resistido a vender pues consideran que al hacerlo perjudicaran a la comunidad, a ciencia cierta nos sabemos cuánto territorio han comprado. El movimiento ambientalista hasta ahora cohesionado es fuerte y con un alto nivel de compromiso con la causa…”.

Entrevista a José Antonio Rivera Torres, Pastor de las Asambleas de Dios.

El señor Rivera señaló que pese a que en un inicio había consenso sobre el tema actualmente la empresa con una estrategia de trabajo casa a casa ha logrado que algunas personas apoyen el Proyecto minero: “…ellos han llevado a mucha gente a León, yo inclusive fui a ver ese proyecto, y como se ve bien bonito, se mira que está bien arbolizado, que hay  ganado peliguey, aves  en abundancia…parece que eso ha convencido a mucha gente y la otra parte es que genera muchísimo trabajo para la gente que está desempleada. Aunque todo se ve bien bonito conversando con otra gente descubrí que si bien la mera mina está bien protegida el entorno de las mina Santa Pancha está destruido, otro elemento que les ha favorecido es que mucha gente ahora dice que el movimiento contra la minería es político…”. 

En relación a  las afectaciones que visualizan con este proyecto minero el señor Rivera manifestó:  “…estos son lugares bastante húmedos y montañosos donde las aguas son puras casi en la mayor parte de nuestro territorio municipal incluyendo El Cua y El Tuma la Dalia, son lugares que no están tan talados donde tenemos todas las reservas, lo cual ha sido una lucha de años, tengo 22 años de estar en este poblado…a nosotros nos da lástima que en el futuro los niños vayan a sufrir porque nosotros luego desaparecemos,  pero quedan nuestros familiares…además a la luz de la experiencia de otros lugares y países la desertificación no se debió a otra cosa más que a las talas de las montañas y eso es lo que estamos evitando…”. 

Carlos Blandón Rúgama, Coordinador Zonal de la Iglesia Católica de Yaoska y otros pobladores de la comunidad.  

El señor Blandón manifestó que la empresa minera actualmente realiza en la comunidad de Yaoska una labor de convencimiento, siendo esta labor realizada  fundamentalmente con los líderes comunales a quienes prometieron apoyo económico. Al respecto refirió: “Aquí estamos en una división tremenda, hay conflicto sobre eso (la minería)…pues los de la empresa han hablado con algunos líderes. Logrando que pastores evangélicos estén de acuerdo porque les han prometido ayuda económica y algo de materiales. La ingeniera del proyecto vino  acá a decirme que quería hablar respecto a las minas, empezó diciéndome que las cosas se han modernizado y que las cosas no van a hacer como antes”.

El entrevistado manifestó que visitó un proyecto minero en la Libertad Chontales, al respecto refirió: “… producto de la explotación de las minas habían vacas y terneros muertos, porque el  Río Mico pasa cerca de ahí y esa agua está contaminada con cianuro, la misma gente me contó cómo había muerto los animales, lo misma gente nos dijo: “no permitan que le exploten esas  tierra”, ahora la gente se lamenta porque la empresa no cumplió con las promesas hechas,  incluso el Alcalde me dijo: “nosotros no pudimos hacer nada porque el gobierno dio la autorización”…Incluso gente que vino de la Mina El limón cuando se hizo Foro Ecológico nos dijeron: “no permitamos que se haga la explotación”.

El CENIDH constató  que como forma de ganar el apoyo de la población la empresa minera  lleva a líderes locales a su proyecto Mina el Limón, en tal sentido el entrevistado  expresó: “ellos han querido llevarme para que vea con mis propios ojos su forma de explotar el oro, pero yo mantengo mi postura… No estoy de acuerdo, con esto  ya que el río pasa cerca y esta agua se va a contaminar, no voy aceptar la explotación, estamos a favor del medio ambiente, le hacemos un llamado al gobierno que haga conciencia y no autorice la explotación de las minas”.

En cuanto al lugar de la extracción y estado del proyecto señaló: “Esta se va a realizar en Yaoska Arriba…se ha hecho extracción (remoción de tierra), pero para exploración. No tenemos conocimiento que la empresa haya comprado, pero sí que está ofreciendo comprar…hay personas que se niegan a vender. No sabemos si han comprado a lo mejor están en proceso”[13].

En relación a los proyectos sociales financiados por la empresa minera manifestó: “De los proyectos sociales solo la escuela de Casa Sola es la única,  pero solo es la pintura de la escuela. La hechura no, aunque ahora diga que sí…El proyecto minero está beneficiando a algunas familias con semillas (frijol), pero no a todos y son prestadas, los beneficiarios son las personas que están a favor de ellos. 

También se entrevistó a Edwin Francisco Hernández y Benenigno Loasiga, líderes comarcales de la iglesia, de las comunidades de Las Brisas y Mansera quienes coincidieron en ser sujetos de ofrecimientos económicos por parte de la empresa minera, así como de conocer de ofrecimientos de apoyo económico para familias de la comunidad a cambio del apoyo al proyecto minero.

Entrevista a Juan Artola Castilla habitante de la Comunidad La Castilla Número Dos.

El señor Artola abordó al equipo del CENIDH a fin de denunciar a la empresa minera por el daño ambiental que considera causará si inicia operaciones en la zona.

En tal sentido manifestó: “…Temo que con la explotación (minera) los ríos que nos abastecen de agua sean envenenados con esa sustancia mortífera llamada cianuro, son muchas familias las que serían perjudicadas…ellos nos quieren engañar diciendo que no causarán daño y que la broza se procesará en otro lugar, pero sabemos que esa sustancia permanece casi todo el tiempo  ahí  y no se desbarata, entonces sería un crimen eso  (la explotación)  atentar contra la vida de campesinos, jóvenes, adultos, niños y ancianos, en fin contra la comunidad…pido entonces que se respete la vida y el derecho que tenemos los campesinos a vivir sanamente. El señor Artola expreso tener conocimiento que la empresa está ofreciendo comprar propiedades en la zona a pobladores quienes por sus condiciones de pobreza ven en la venta de su propiedad una oportunidad para obtener ingresos. 

Visita a la oficina de la B2GOLD en Rancho Grande:

En la visita realizada el 17 de abril se constató que la empresa cuenta con una oficina ubicada en el centro del pueblo, al visitarla fuimos atendidos por la Ingeniera Leslie Montenegro quien manifestó que no estaba autorizada para brindar información y que esta debía canalizarse a través de Relaciones Públicas de la empresa[14]. No obstante, nos entregó folletos y revistas informativas donde se comparte información sobre el Proyecto Pavón el cual es presentado por la B2GOLD como una etapa de extensión de la empresa en el país.  

A partir de la revisión de folletos, revistas y brochures facilitados en esta oficina y que son repartidos en el municipio conocimos que según la empresa  minera los beneficios del proyecto son múltiples, tales como: 150 empleos directos; pagos de impuestos a la comuna por un monto estimado en C$ 770,345.07; reforestación cuencas hídricas  y gestión ambiental inversión estimada en C$410,041.17;  agua y saneamiento por un monto estimado en C$ 399,876.40; aportes a la comunidad por un monto estimado en C$ 2, 255,814.28 y el dinamismo de la economía en las comunidades: Yahoska, Las Brisas, Mancera y El Pájaro.

De igual modo, en éstos se comparte los resultados de un proyecto en ejecución en 2012 referido a un banco de semillas con el que se benefició a más de cien de productores de  comunidades de Rancho Grande, creado en conjunto con B2Gold Mina El Limón, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la comercialización de ese producto básico a nivel nacional[15]. Cabe destacar que durante la visita,  el equipo del CENIDH  no pudo contactar a ninguna de estas familias beneficiadas.

Consideraciones de CENIDH:

Ante los hechos constatados en Rancho Grande y teniendo en cuenta las diligencias realizadas, el CENIDH considera:  

1.      Que es deber del gobierno preservar y conservar el medio ambiente no solo por la riqueza que representa para el país sino por el valor intrínseco que dichos ecosistemas representan por sí mismos al ser el hogar de diversas especies animales y vegetales.  En este sentido, la Constitución señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales (Articulo 60).  Asimismo, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, establece el deberdelEstadoydetodosloshabitantesprotegerlosrecursosnaturalesyel ambiente,  mejorarlos,  restaurarlos  y  procurar  eliminar  los  patrones  de  producción  y consumo no sostenibles (artículo 4 numeral 2). Estas disposiciones señalan con claridad el deber ineludible del Estado en la protección del medio ambiente.

2.      La inversión y generación de ingresos para la población es saludable para el desarrollo local y nacional siempre y cuando no esté reñida con bienes jurídicos de interés mayor, de ahí que la libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas y sociales, está limitada y condicionada por el interés social (artículo 4 numeral 6 de la Ley 217). Cualquier obra o proyecto que degrade y/o contamine los recursos naturales es incompatible con cualquier noción  de desarrollo sostenible, fundamentalmente cuando afecta los recursos hídricos de un país donde una parte importante de la población carece de agua potable, de ahí que es deber del Estado rechazar este tipo de proyectos que no solo deterioran la calidad de vida de las actuales generaciones sino que comprometen la calidad de vida de las generaciones venideras.

3.      Que es deber del Estado mejorar las condiciones de vida de la población en general, eliminando la pobreza y reduciendo las desigualdades sociales  las cuales constituyen los principales motivos de que estos proyectos sean percibidos por la población como fuentes de ingresos que sin duda alguna a corto plazo mejoran las condiciones de vida de una minoría, pero a mediano y largo plazo destruyen la posibilidad de un desarrollo sustentable, sostenible y respetuoso de los derechos humanos.

4.      Por otras experiencias de explotación minera de las que el CENIDH ha tenido conocimiento como Santa Pancha y Santo Domingo consideramos que estos proyectos lejos de garantizar desarrollo y progreso favorecen el enriquecimiento de una minoría, acentúan la desigualdad social y constituyen focos propicios para la violación de los derechos humanos, deteriorando de manera acelerada las bases de la paz y estabilidad social. 

5.      La Constitución señala que Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa cuya soberanía reside en el pueblo por lo que el gobierno nacional, regional y local deben someterse a la voluntad popular. En el caso concreto el CENIDH constató que una amplia mayoría de la población de Rancho Grande se  opone a este proyecto. Al respecto la Ley 217 señala que en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en los municipios respectivos, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, antes de autorizarlos por lo que considerando el sentir de la población el Estado debe rechazar Proyecto Minero Pavón  de la transnacional B2GOLD.

Por lo antes expuesto el CENIDH demanda al Estado de Nicaragua se respete  la decisión de la población de Rancho Grande y se rechace cualquier pretensión de la empresa B2GOLD o de cualquier otra de iniciar un proyecto de explotación minera en esa región del país. Asimismo, demandamos cumplimiento del gobierno en relación a su deber de proteger y preservar los recursos naturales, pues el apoyo a la actividad minera bajo el discurso de la generación de empleo se contrapone de forma absoluta a este deber.

Managua, 7 de octubre de 2013.

              ¡Derecho que no se defiende, Es derecho que se pierde!

                                              Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH

[1]Estado actual de la minería metálica en Nicaragua e impactos ambientales de algunos proyectos mineros emblemáticos.2009. Publicado en su página Web.

[2]Esto significa aproximadamente unos 15 mil kilómetros cuadrados.

[3] http://www.humboldt.org.ni/blog/2013/03/04/gobierno-fomenta-destrucci%C3%B3n-ambiental-promoviendo-inversiones-mineras.

[4]Cabe destacar que en 2012 el oro en bruto se convirtió en el segundo principal producto de exportación de Nicaragua, solo superado por el café de tipo oro (US$519.4 millones), según cifras oficiales y con la perspectiva de convertirse en el mayor producto de exportación.

[5]En esta convención Nicaragua estuvo representada por una comisión conformada por el delegado presidencial para las inversiones, representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Cámara Minera de Nicaragua y las empresas mineras como B2Gold, Hemco, Condor Gold Plc., Calibre Mining, Alder Resources, Corazón Gold y Golden Reign Resources.

[6] Informe del CENIDH sobre represión en la Comunidad de Santa Pancha, Larreynaga, León.

[7]Informe del CENIDH sobre violencia y represión contra población de Santo Domingo, Chontales.

[8] Este municipio se ubica a unos 213.5 kilómetros al norte de Managua y pertenece al Departamento de Matagalpa. Cuenta  con suelos de vocación forestal y un rico ecosistema, así como de diversos ríos como: El Bijao, Rancho Grande, San Antonio de Kuskawás, Las Pailas, La Castilla, Caño Negro, entre otros. 

[9] Elaborado a partir de datos obtenidos en el Censo de 1995.

[10] http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/MapPobrezaM.pdf.

[11] La Prensa. Bendita minería maldita: Rancho Grande Rechaza la minería. 25 de marzo del 2013.

[12] En el momento de la entrevista concejales del PLI y del PLC denunciaban estar siendo presionados e intimidados por operadores políticos del FSLN para elegir a un Secretario Municipal del FSLN, utilizando para ello a los operadores de justicia y a las instituciones del Estado para afectarles así como a sus familiares. Esta situación ha generado una situación de ingobernabilidad en el gobierno local, pues a la fecha la alcaldesa no ha convocado a Sesión de Concejo, paralizando una serie de proyectos que dependen de la autorización del Concejo para su ejecución.

[13] A  nivel de acciones el entrevistado refirió: “…han habido dos foros al respecto organizado por ADDAC y la iglesia Católica, el último realizado el 21 de Marzo y la marcha que se realizó, también se organizó un grupo de personas llamada Los Guardines Ecológicos de Yaoska, quienes son líderes de la comunidad y son apoyados por ADDAC.

[14]El CENIDH intentó concertar entrevista con Anne Pérez Rivera, Jefa de Relaciones Públicas de B2Gold Nicaragua, pero no fue posible en los términos que planteaba la empresa minera pues implicaba un viaje a Mina El Limón en León

[15]Según este proyecto cada comunidad beneficiada tendrá disponibilidad de 16 quintales de frijoles. Este banco de semillas es administrado por los líderes comunales, con el compromiso de regresar la misma cantidad recibida de frijol a la comunidad.