El veredicto de culpabilidad emitido el 20 de septiembre  por el Juez Técnico de Distrito Penal de Juicio del departamento de Nueva Segovia Dr. Mario Barberena, en contra de  la profesora Nilamar Alemán Mora, originaria de San Juan del Sur y condenada por el delito de tráfico ilegal de migrantes en grado de imprudencia, evidencia que el Gobierno de Nicaragua criminaliza la solidaridad para con las y los migrantes varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

El Gobierno de Nicaragua ha negado el paso por el país a migrantes de diferentes nacionalidades, argumentand razones de seguridad nacional; contribuyendo a que se genere una  crisis humanitaria.

La Profesora Nilamar Alemán, en un acto humanitario apoyó a una migrante originaria de El Congo y a su hija de 10 meses de edad a cruzar el territorio nacional tratando de llegar a la frontera con Honduras. El 13 de agosto, fueron detenidas en el puesto fronterizo de Las Manos en Nueva Segovia.

En el juicio a la Profesora Alemán, el CENIDH constató que se violan las garantías al debido proceso, ya que fue  juzgada en otra jurisdicción, siendo que ha sido criterio del sistema de administración de justicia que la jurisdicción corresponde al lugar de inicio del supuesto ilícito, es decir que se debió realizar en el departamento de Rivas. De esta forma impidieron cualquier apoyo de redes sociales debido a la lejanía respecto de su entorno.

El 22 de agosto, la profesora fue trasladada a Managua a las instalaciones policiales en Plaza el Sol, donde fue presentada en conferencia de prensa presidida por el sub Director de la Policía Nacional, Comisionado General Francisco Díaz, como un mecanismo para estigmatizar la acción solidaria desarrollada.

El juicio fue oral, pero careció de publicidad, fue acompañado por un equipo del CENIDH de la filial y un promotor de la Red Padre César Jerez.

A la audiencia de juicio solo ingresaron dos hijos, no así otros familiares de la acusada que se encontraban en el lugar, igual se restringió el acceso a periodistas y defensores de derechos humanos.

Para el coordinador de la Filial Lic. Alberto José Rosales,  la condena a la profesora es una muestra clara de la instrumentalización del Sistema de administración de justicia para intimidar cualquier acción de solidaridad para con la población migrante varada en la frontera con Costa Rica.

El CENIDH insta al Gobierno y especialmente a las y los operadores de justicia a no dejarse instrumentalizar para intentar validar violaciones flagrantes a los  derechos humanos como si de actos de administración de justicia se tratara.