Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe "Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua" que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos, de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el 7 de noviembre.

La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.

Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.

Asimismo, observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural.

La Comisión analiza cómo esta situación se ha venido gestando desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999 mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente. El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el Presidente de la República, Daniel Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018.

Estas acciones pudieron materializarse mediante el concurso de diferentes instituciones estatales, la Asamblea Nacional, las instituciones del Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, así también por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.

Es así que, pese a existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que el Presidente Daniel Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida. En la reciente Opinión Consultiva OC-28-21 "La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", la Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Tal como lo ha reiterado en numerosos informes y comunicados de prensa, para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial. A estos factores, se sumó una carrera judicial sin garantías de imparcialidad. Asimismo, la designación de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se observa claramente en los hechos ocurridos este año.

Toda esta situación no habría sido posible sin el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Todo ello quedó en evidencia en la represión estatal a las protestas sociales iniciadas en 2018 y conforme lo ha reiterado la CIDH en sus diversos informes y comunicados de prensa en los últimos años.

El informe de la Comisión da cuenta del rol de todas las instituciones mencionadas tanto en el proceso de concentración del poder político, como en las diferentes modalidades de represión, en particular, sobre las diferentes etapas y modalidades y cómo esta terminaron en el completo quebrantamiento del principio de separación de poderes y en la instalación de un Estado de excepción de facto, que fue corroborado en el informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 del GIEI-Nicaragua, publicado el 20 de diciembre de 2018.

La Comisión ha identificado, entre otros, hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo.

En el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas.

El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el reestablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. En este contexto, en el informe, la Comisión realiza una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.