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Situación de los derechos humanos en Nicaragua Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

13 de septiembre de 2022

Distinguido Presidente,

Excelencias,

Me complace presentar este informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de conformidad con la resolución del Consejo de Derechos Humanos 49/3.  Este contiene una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas al Estado desde el año 2018 por nuestra Oficina, de los mecanismos de este Consejo y de los Órganos de Tratados.

En los últimos meses la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose.

Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. El Gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico.

La Oficina está particularmente preocupada por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. 50 de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año – en algunos casos hasta por 13 años de reclusión - sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial, en condiciones presuntamente inhumanas. A pesar de que algunas de las personas presas han podido por fin ver a sus hijos e hijas menores de edad, muchas continúan excluidas de este contacto desde hace más de un año.

La Oficina continúa documentando actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, opositores políticos o personas percibidas como tales.

En los últimos meses, OACNUDH ha documentado varios tipos de ataques contra la Iglesia Católica.

Por ejemplo, en agosto, la policía intentó incautar los equipos de transmisión de una estación de radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa. Decenas de oficiales de la policía, incluidos anti-motines, allanaron la parroquia de forma violenta causando destrozos, y mantuvieron al clérigo y a seis laicos cautivos por tres días sin electricidad ni alimentos.

El 19 de agosto, luego de permanecer dos semanas retenidos bajo vigilancia de la policía, el Obispo de Matagalpa y ocho personas fueron arrestadas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua. La Policía informó que estaban siendo investigados penalmente por incitar al odio y a la violencia con el propósito de desestabilizar al Estado. Un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días.

Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales.

Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018 según datos de la sociedad civil. 

Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año, se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1.578 en los últimos cuatro años.

Como fue señalado anteriormente a este Consejo, la Oficina sigue preocupada por la norma adoptada el pasado abril, que otorga alta discrecionalidad para las autoridades sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales.

También nos preocupa la situación en el sector académico con el cierre de al menos a 12 universidades y la actual normativa que somete la aprobación de los programas académicos de todas las Universidades a la potestad de un órgano central. Estas medidas se dieron en detrimento de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos esenciales del derecho a la educación.

En noviembre se celebrarán elecciones municipales en el país. Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales, como las recomendadas por la Oficina y otros mecanismos, para que las normas y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos.

Por ejemplo, en abril, cinco alcaldes de oposición fueron depuestos de sus cargos por el Gobierno, con el argumento de la supresión de la personalidad jurídica de su partido. Sin embargo, esta razón no se encuentra contemplada en la legislación como causal de pérdida del mandato popular. Miembros del partido de Gobierno han sido nombrados en reemplazo de los destituidos contraviniendo las normas que regulan la autonomía municipal.

Todas estas restricciones, junto con adversas condiciones de vida, ha provocado un aumento considerable del número de personas que han salido del país en los últimos años. El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses ascendió a 200,000 personas, tres cuartas partes de ellos en Costa Rica. El número de nicaragüenses interceptados por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos de América ha pasado de 5.450 en 2020, a 84.055, en 2022.

Excelencias,

El progresivo aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional y su renuencia a cooperar con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos es motivo de gran preocupación.

El Estado no se presentó a la revisión de sus informes ante dos órganos de tratados en julio y agosto pasado, y sigue incumpliendo de forma generalizada las recomendaciones de la Oficina, los mecanismos de este Consejo y los Órganos de Tratados.

Por ejemplo, el Gobierno no ha avanzado con un diálogo nacional, como fue recomendado por la Oficina y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo, es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, se lo ve como algo poco probable, al haber el Gobierno excluido a interlocutores relevantes, encarcelándolos u obligándoles a optar por el exilio.

La Oficina lamenta que el Estado no haya adoptado las reformas institucionales en el sector justicia, de la seguridad, electoral y en la institución nacional de derechos humanos.

Además, tampoco ha implementado reformas legislativas en materia penal y administrativa, manteniéndose en vigor un paquete de normas que restringen severamente la libertad individual y otras libertades fundamentales, la presunción de inocencia y la participación.       

El Estado no ha abordado ninguna de las recomendaciones sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018.

La Oficina no ha conocido ninguna condena contra miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2018. Solo pudimos documentar dos condenas contra elementos progubernamentales, que no llegaron a cumplirse.

Del mismo modo, el Estado no cumplió con las recomendaciones dirigidas a abstenerse de detener arbitrariamente a más personas que disienten con el Gobierno y de liberar a todas las que estaban detenidas.

Tampoco ha cumplido aquellas recomendaciones dirigidas a garantizar la prohibición de malos tratos y tortura a personas bajo custodia del Estado.

Algunas recomendaciones en relación con los derechos de las mujeres y en materia de gasto en salud, educación y niñez han sido parcialmente implementadas. Hago notar, sin embargo, que la ausencia de información oficial actualizada y la negativa del Gobierno a proveer información a la Oficina, a los procedimientos especiales del Consejo y a los de Órganos de Tratados han dificultado la labor de valorar otros posibles logros y avances.

Distinguido Presidente,

Para poder avanzar en la búsqueda de soluciones, resulta fundamental que el Gobierno reconozca y aborde las causas profundas de la crisis en el país.

Las recomendaciones de la Alta Comisionada en todos sus informes constituyen una hoja de ruta con acciones concretas para apoyar a Nicaragua en esta tarea, para así encaminarse a superar la crítica situación actual, con el esencial apoyo de la comunidad internacional. Insto a la comunidad internacional a mantener sus esfuerzos y compromisos, incluido continuar el urgente llamado a las autoridades por la liberación de las personas arbitrariamente detenidas.

Nuestra Oficina continuará monitoreando la situación de derechos humanos y siegue dispuesta a colaborar con el Gobierno en el marco de su mandato y con base en las normas y principios de derechos humanos.

Muchas gracias.  

 

 

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