Washington, D.C., jueves 6 de diciembre de 2018.- Las organizaciones participantes de la audiencia temática sobre “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacemos enérgica denuncia de la renuencia del Estado de someterse al escrutinio internacional. Esto demuestra su falta de interés para dar respuesta acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones en las que ha incurrido desde 18 de abril a la fecha.

El país se encuentra sumido en una crisis política y social, desde hace casi ocho meses, que estalló con protestas masivas en respuesta a la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social.

Con extrema preocupación, vemos cómo las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte, en especial, en contra de aquellos/as que son víctimas de la represión, amenazas, señalamientos y detenciones arbitrarias de parte del régimen.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, alrededor de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 600 manifestantes, estudiantes y activistas privados/as de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Lo que hoy enfrenta Nicaragua es, a todas luces, una dictadura.

Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer una falsa “normalidad” en el país, cuando los actos de represión y violencia se siguen intensificando, a través de políticas de miedo que crean un ambiente de inseguridad en la población y coartan la libertad de expresión de las y los nicaragüenses.

En este sentido, la prohibición absoluta de la protesta social, así como la persecución sistemática contra periodistas y medios de comunicación independientes son muestra evidente de un gobierno que insiste en quebrantar y violentar los legítimos derechos a la libertad de expresión, prensa e información del pueblo de Nicaragua.

Por todo lo anterior, solicitamos a la CIDH que incluya en el Capítulo VI de su informe anual la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso.

En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados/as y del relator especial de Libertad de Expresión, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución.

Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder.