El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, rechaza la cancelación ilegal y arbitraria de su personalidad jurídica el día de hoy por parte de la Asamblea Nacional a través de un acto perverso que el régimen Ortega-Murillo impulsa contra organizaciones civiles sin fines de lucro que promueven y defienden los derechos humanos en el país.

Este despojo se trata de una prolongación del castigo y persecución que Daniel Ortega y Rosario Murillo realizan contra organismos de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos, vulnerando el derecho de libertad de asociación y de defender derechos humanos colectivamente. Estamos indignados tal como lo hemos hecho cuando comparecemos acompañando a las víctimas de violación de derechos humanos sin distinción alguna.

El CENIDH cuenta con el respaldo del pueblo de Nicaragua, que ha sido testigo en estos 28 años de nuestro accionar en la defensa y promoción de los derechos humanos. También tiene el acompañamiento de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, OACNUDH; Cejil; Amnistía Internacional; el Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; la Organización Mundial contra la Tortura y muchos otros organismos internacionales ante quienes eleva su voz denunciando públicamente este atropello.

También condena la instrumentalización de instituciones como el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, que se han coludido para ejecutar este plan de represión en nuestra contra por orientaciones directas del gobierno Ortega Murillo. En el caso del Ministerio de Gobernación, al solicitar a la Asamblea la cancelación de nuestra personalidad jurídica violentando los procedimientos establecidos en la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se nos abrió ningún procedimiento administrativo ni hemos tenido el derecho a la defensa.

Es una falsedad que el CENIDH esté acéfalo, funciona de conformidad con la ley y es la instancia ya citada del Ministerio de Gobernación quien ha incumplido su deber de entregar la constancia de legalidad como lo hicieron durante 27 años de labor contínua del CENIDH.

“Nadie se puede aprovechar de su propia actuación dolosa para beneficio personal o propósitos inconfesables” que en este caso son evidentes obediencias ciegas a las ordenes represivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, responsables primeros de la política de exterminio contra la población nicaragüense.

Señalamos que la Asamblea Nacional sigue una vergonzosa maniobra “exprés” al dar trámite a la solicitud de cancelar la personalidad jurídica del CENIDH sin prueba alguna.

Exigimos al gobierno Ortega-Murillo que cese la represión emprendida en contra de los y las nicaragüenses, específicamente de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, y que cumpla y respete lo establecido en las leyes nicaragüenses y diversos Instrumentos Internacionales para evitar que se sigan cometiendo más violaciones, injusticias y arbitrariedades.

Los miembros del CENIDH harán uso de todos los recursos de ley y quieren encontrar respuestas que las leyes establecen.

Managua 12 de diciembre de 2018

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

CENIDH