Derechos Humanos en un “estado de excepción”
Al cumplirse un año de las protestas sociales en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presenta un nuevo informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos seis meses, que forman parte de la peor escalada de represión en la historia reciente del país.
Durante este tiempo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen perpetrando graves violaciones a los derechos humanos, con nuevas modalidades de represión, caracterizadas por la criminalización total de la protesta social, una violencia institucional desmedida, la persecución, el secuestro selectivo, el encarcelamiento de toda voz disidente, procesos judiciales viciados y carentes de cualquier legalidad, a lo que se suma el acoso y las agresiones a la prensa independiente y la confiscación de hecho del CENIDH, medios de comunicación, así como la agresiva destrucción de organizaciones de la sociedad civil y específicamente organismos defensores de derechos humanos.
Los resultados de esa política de Estado son al menos 323 nicaragüenses asesinados que permanecen en la impunidad, más de 80 mil exiliados, la violación de las libertades públicas y el establecimiento de un estado de terror caracterizado por el uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales, además de la utilización de todo el aparato estatal que opera bajo conducción partidaria para reprimir y violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses.
Como parte de su política autoritaria, el régimen decidió expulsar del país al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) que daban seguimiento “in loco” a la severa crisis sociopolítica y derechos humanos del país; así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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