El 12 de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el COVID-19 como una PANDEMIA. Para esa fecha, en el mundo se registraban más de 125,288 casos en 118 países y 4,614 muertes.
Seis días después, (18 de marzo), Nicaragua reportó el primer caso. Según Rosario Murillo, se trataba de un hombre de 40 años que contrajo el virus en Panamá. Seguido (20 de marzo) el reporte de otro contagio, el de un hombre que viajó a Colombia y (el 27 de marzo), Murillo confirmó dos casos más: el de un hombre de 70 años y una mujer de 52, ambos volvieron de Estados Unidos. “Son casos importados, no de Nicaragua” alegó y alega la vicepresidenta en sus comparecencias al mediodía.
Pero ni la palabra PANDEMIA, ni las cifras alarmantes a nivel mundial, ni los casos confirmados en Nicaragua, han generado alguna perturbación en el gobierno, estos, en vez de prevenir la propagación de la enfermedad convocan a marchas masivas, movilizan a trabajadores del estado y personal salud para brindar charlas sin la mínima protección, realizando visitas casa por casa. Además, impulsan todo tipo de actividades turísticas, tradicionales, deportivas, escolares, laborales y hostigan/agreden a personas que toman sus medidas individuales; como usar tapabocas, alcohol gel, guantes y otros productos de higiene.
A continuación, una compilación detallada de algunas acciones irresponsables que el gobierno de Nicaragua ha impulsado en mera emergencia mundial por COVID-19 y que caracterizan el comportamiento gubernamental doloso que expone a la población nicaragüense al contagio y por consiguiente, viola su derecho a la salud arriesgando su vida.
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